En Mexicali nadie duda que el principal reto para el nuevo alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, será el rescate financiero del Ayuntamiento -endeudado, colapsado, engordado en nómina-, del resultado en ese tema dependerán los logros en el resto. Va con un equipo experimentado, pero falta ver acciones inmediatas; por lo pronto la primera y criticada acción fue solicitar un nuevo crédito de 200 millones de pesos, aprobado por lo que se ve como un Cabildo afín
La mañana del jueves 1 de diciembre de 2016, el abogado mexicalense Gustavo Sánchez Vázquez despertó con una carga que quizá nunca había imaginado en su real dimensión. Horas antes levantó la mano derecha para protestar como alcalde de Mexicali en el XXII Ayuntamiento. Con ese acto protocolario no solo recibió el bastón de mando de la capital, también un cúmulo de problemas, una herencia donde resalta la crisis financiera en la administración pública.
Las arcas municipales no solo están vacías, la deuda es cercana a los mil millones de pesos, por falta de pago a proveedores, adeudo en el -heredado a su vez- pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) por más de 600 millones de pesos. A esto se suma una obesa nómina con basificados de última hora, y una serie de proyectos inconclusos que implican más dinero, como el del Sistema de Transito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés), la concesión de la basura, laudos y el conflicto por permisos de placas de taxistas entregados una semana antes de la salida de su antecesor, Jaime Díaz Ochoa.
Por ello en la primera sesión del nuevo Cabildo votaron por unanimidad, la solicitud de un crédito urgente de 200 millones de pesos que destinarán a pagar nómina y aguinaldos en este diciembre.
Otra de las primeras acciones de Sánchez -también panista- fue solicitar y obtener de sus amigos del sector privado el préstamo de una docena de camiones de volteo que auxiliaron en el traslado de toneladas de basura de la Unidad de Transferencia hasta el Relleno Sanitario.
“No es una cosa de suerte, estuve consciente a lo que me estaba metiendo, sabía que no iba a ser un día de campo”, dijo a ZETA Gustavo Sánchez semanas antes de asumir el cargo. Mientras un día antes de la toma presentó a su equipo de trabajo, 24 funcionarios municipales –seis son mujeres-, diez de la administración central, tres aprobados por Cabildo y once de órganos de gobierno, tachados como “puros reciclados” en la premisa que “no la van a tener nada fácil”.
Gustavo Sánchez, con organizadores de carreras Off Road
Los nuevos regidores, ocho del Partido Acción Nacional (PAN), incluida la síndica, tres del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno del Partido Encuentro Social (PES), otro del Partido de Baja California (PBC), uno más de Movimiento Ciudadano y uno de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), firmaron en conjunto un desplegado donde coinciden: “Mexicali enfrenta quizá uno de los momentos más críticos por lo que hace a sus finanzas públicas y su capacidad para operar y mantener los servicios públicos que merecen los mexicalenses. Son tiempos donde, sin duda alguna, el más alto deber publico estará presente en todos aquellos involucrados en el funcionamiento de nuestro municipio”.
El nuevo Ayuntamiento se está desmarcando del ex alcalde Jaime Díaz, quien hizo todo lo contrario: se peleó con los regidores hasta del PAN, trabajó con un gabinete de bajo perfil y cambiante durante los tres años, dejando endeudada a la ciudad y tomando decisiones controvertidas, opacas, que lo llevaron a, literalmente, salir por la puerta trasera con más pena que gloria, pero arropado por su partido, Acción Nacional.
Sánchez Vázquez inicia con el apoyo de la oposición, pero proviene de una elección donde votaron el 34 por ciento de los electores, donde ganó con 83 mil 503 votos que significan el 11.99% del padrón electoral, por lo que necesariamente tendrá que legitimarse en los hechos.
La mayoría de las opiniones coinciden: el principal problema a resolver, es el colapso financiero por el que atraviesa Mexicali. En su campaña Sánchez Vázquez mencionó medidas de apremio, nivelar el ingreso con el gasto, renegociar la deuda, incrementar el pago del Impuesto Predial -ahora ha dicho que podrían aumentar las tasas-, atraer más recursos federales y disminuir el gasto corriente.
Para su ejecución designó como tesorero a Saúl Martínez Carrillo, un experimentado contador quien laboraba en el Órgano de Fiscalización Superior y que incluso fue mencionado -pero no llegó- al puesto de auditor superior, tras la salida de Manuel Montenegro Espinoza.
La renegociación de la deuda no se adelanta fácil. Se trata de mil 100 millones de pesos -de acuerdo a lo publicado por la anterior administración en septiembre pasado- con afectación a las participaciones federales por los próximos diez años. Y se sumarian los 200 millones de crédito autorizados por el Cabildo, además del pasivo por 632 millones por adeudo a ISSSTECALI, y otro de 542 millones de pesos.
Refieren en el Ayuntamiento que la situación se complica, pues parece que el límite de endeudamiento Municipal, Díaz Ochoa lo dejó al tope, además, con algunos bancos como Banobras hay pendientes, en este caso el crédito del BRT -proyecto inconcluso y paralizado-. “Está muy complicado el tema financiero”, opinó un conocedor de los dineros municipales, quien consideró arriesgado que Sánchez llegara y solicitara un crédito.
El equipo del nuevo alcalde cachanilla
La nómina de empleados municipales es cercana a 5 mil 468 empleados -3 mil de ellos sindicalizados-, más los eventuales y otros de relación administrativa, que significan una erogación mensual de casi 100 millones de pesos.
Los nombramientos
En materia de seguridad, el alcalde nombró en la Dirección de Seguridad Publica a Alfonso Ulises Méndez, quien tuvo ese cargo en la administración del también panista Rodolfo Valdez (2007-2010), después se trasladó a Sonora al gobierno de Guillermo Padrés, donde por seis años fungió como titular de la Policía Estatal Preventiva. Méndez tiene experiencia y conoce la plaza.
Como secretario del Ayuntamiento, ya aprobado por Cabildo, quedó el panista Antonio López Merino, abogado, ex regidor, empleado en la Secretaría General de Gobierno del Estado y en Desarrollo Social.
Otros funcionarios designados: Nora Badilla, quien en la administración municipal de Eugenio Elorduy impulsó el arranque del programa contra drogas DARE, ahora será coordinadora de Dirección; Carlos Flores, nombrado director de Obras Públicas, antes fue titular de la CESPM y de SIDUE en la administración de José Guadalupe Osuna Millán. Sergio Montes en Desarrollo Urbano, fue titular de SIDUE, y Óscar Ortega Vélez, el oficial mayor, se desempeñó como subsecretario y secretario de Educación en el Estado en tiempos de Elorduy. Además de Andrés Vera, nombrado titular de Desarrollo Rural y con experiencia en temas organizativos, De hecho ya estuvo en esa dirección en la administración de Rodolfo Valdés.
De los órganos de gobierno destaca Luis Alfonso Vizcarra, nombrado titular en el conflictivo Sistema Municipal del Trasporte -área que antes de salir Jaime Díaz acordó junto con el Cabildo la entrega de 335 nuevos juegos de placas, aún en opacidad el procedimiento-. Vizcarra ha sido titular en ISSSTECALI, ha estado en la Secretaria General de Gobierno y -hasta ahora- ha salido bien librado.
Carmen Espinoza, hoy directora del Instituto Municipal de Cultura -cargo que ya ocupó con Valdez Gutiérrez- viene con la experiencia de laborar en el área de Proyectos y Gestión. En el Patronato del FEX colocaron a Hugo Ramírez Briseño.
También resaltan casos donde parece los cargos fueron otorgados por compromisos políticos, como el de Luis Flores en Protección al Ambiente -no tendrá mucho que superar, pues antes estuvo el ex diputado Gustavo Magallanes-, o el de José Luis Chavira, quien va de nuevo como director del Bosque de la Ciudad, donde en tiempos de Víctor Hermosillo fungió en un periodo de mucha controversia.
Cabildo
En el caso del Cabildo, la bancada de regidores panistas, aunque se trate de cuotas de poder hacia los grupos azules, los ocho integrantes son relativamente nuevos y de escasa trayectoria, aunque evidentemente todos fueron palomeados por el ahora alcalde.
En el caso de la síndica Blanca Villaseñor Pimienta, quien no es militante del PAN, ha forjado una sólida trayectoria como abogada laborista, incluso ha sido funcionaria en la Junta Local de Conciliación y litigante, falta ver si no le tiembla la mano en casos que involucren a panistas.
Entrega de constancia, junio de 2016
Desde el PAN municipal fue designado coordinador de los ediles azules a quien iba de número uno en la lista, Héctor Ibarra Velarde, abogado al que se ha ligado con el despacho de Sánchez Aguilar y Esquer, de donde proviene el presidente municipal.
La regidora que iba en el segundo lugar de la lista es Natalia Figueroa, quien aparece registrada en el PAN desde 1995 y es empresaria, encabeza una constructora local. Le sigue en la lista Juan Diego Echeverría, quien fungió en la administración pasada como titular de Desarrollo Social, y parece que el apoyo político vino del lado de Sonia Carrillo, la ahora esposa del ex alcalde Jaime Díaz Ochoa.
Carla Maldonado es la regidora número cuatro, comadre de la ex diputada Mónica Bedoya, panista de varios años pero últimamente desaparecida de la participación partidista. Le sigue Héctor Guzmán Hernández, quien es poco conocido en Acción Nacional, donde aparece registrado desde el 22 de junio de 2011. Luego Alejandro Martínez Estada -con militancia desde septiembre de 2011- y María del Carmen Carrera Martínez, igual, figura nueva en el área azul.
En suma se trata de un equipo conformado por neopanistas, conjugado con cuotas de compadrazgo y filias de grupo, aunque Gustavo Sánchez tendrá una cómoda mayoría frente a una menguada oposición con tres regidores del Partido Revolucionario Institucional, liderados por el experimentado y actual líder cenecista Javier Cital, la sorpresiva llegada de la ex diputada y líder sindical Virginia Noriega y Ventura Campos, quienes venían en formula con el ex alcalde Samuel Ramos, quien apenas el fin semana se separó del puesto asumido días antes para dejar el cargo al abogado tricolor. Los otros cuatro son una de MORENA, Alejandra Ang; otra del PBC, Gisela Acosta Vélez; otro del PES, Jesús Héctor Vega. El séptimo va por Movimiento Ciudadano, Adrián Cota, quien hereda la curul que ocupó en el trienio pasado Job Montoya, a la postre uno de los principales aliados políticos de Jaime Díaz Ochoa.
Tarea nada fácil para todos.
