En la medida que han transcurrido los meses, en el gobierno estatal muestran su verdadera formar de ver y hacer las cosas. El caso de las finanzas estatales es ilustrativo.
Regularmente, apenas iniciando diciembre y turnado el proyecto de presupuesto del año siguiente en turno al Congreso del Estado, el secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, convocaba a rueda de prensa para dar a conocer detalles de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos que se proponía para ejercer en la entidad.
Y es que evidentemente el presupuesto es un tema público, se ejerce con dinero público y sus repercusiones -a favor o contra- son igualmente públicas, nos golpea o nos beneficia a los bajacalifornianos.
Pero apenas con tres años de gobierno y en plena mitad del camino, el gobierno que encabeza el panista Francisco Vega de Lamadrid se ha vuelto -por decir de alguna manera- más discreto. Este año optaron por evadir preguntas y cuestionamientos, y, a través de un comunicado de prensa, “informaron” con números muy generales el monto total del presupuesto que pretenden sea aprobado en el Congreso del Estado: 44 mil 831 millones de pesos. Ahí se desglosan impuestos, aumentos, tarifas y forma de obtención de esos recursos -una buena parte viene de la participación federal-, además de mostrar la forma en que se pretende ejercerlo, las partidas por dependencia y desglose de cada área. Y no solo va incluido el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, al Judicial y los llamados organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y hasta la UABC.
El caso es que este año y hasta el momento solo se conoce el monto total del presupuesto, pero no hay detalles de cómo será distribuido, cuáles partidas se aumentan, cuáles se reducen o aquellas que quedan igual.
Por ejemplo, a un buen sector del magisterio le urge saber si el tema de las jubilaciones de ISSSTECALI viene contemplado, si habrá ese recurso, de qué monto es y de dónde se planea obtenerlo -préstamos, triangulaciones, ahorros-, solo por mencionar alguno de los tantos ejemplos.
Otro sería el monto del apoyo gubernamental a las escuelas a través del programa que sustituye a la llamada Beca Progreso -antes se destinaban anualmente 340 millones de pesos-, pero fue modificado el procedimiento y en los planteles empezaron a batallar con insumos y mantenimiento a infraestructura, lo que antes se pagaba con el ingreso por cuotas escolares. El caso es que en las escuelas se quedaron sin la Beca Progreso y sin implementar el programa de sustitución, lo que ha implicado que los directivos volteen de nuevo hacia los bolsillos de los padres de familia.
Igual por ejemplo cuánto se modifican los montos para obra pública, o para seguridad, cuánto para la Procuraduría o para la Secretaria de Seguridad Publica, para cultura o deporte.
Finalmente el presupuesto define los rasgos del ejercicio gubernamental y no existe ninguna justificación para evitar mostrarlo con anticipación, ya no se diga que para que la gente mande… por lo menos para que la gente sepa.
Investigados
Desde el sector oficial se ha enfatizado que el gobernador no está siendo investigado por instancias federales -temas sobran como propiedades, intento de campañas contra medios, negocios y practicas evasoras de sus funcionarios y varios etcéteras-, pero versiones extraoficiales lo contradicen y aseguran que sí existen investigaciones sobre todos estos temas.
Kiko y Peña Nieto
Es un hecho que desde el sector federal que encabeza Enrique Peña Nieto no existe muy buena relación con el gobierno kikista. Vale recordar abril del año pasado en San Felipe -en el acto de arranque del programa de conservación de la vaquita y la totoaba-, cuando el gobernador local tuvo que utilizar el micrófono para solicitar audiencia con el Ejecutivo federal, quien por lo menos en ese evento público no le dio respuesta.
Con el paso de los meses han emergido públicamente los temas de controversia y ha resultado evidente que Francisco Vega de Lamadrid no ha dado la cara para realmente explicar minuciosamente cada uno de ellos.
Tan solo una pequeña prueba fue lo publicado en la columna de Milenio Diario, escrita por Joaquín López Dóriga, quien -herencia de Zabludowsky- ha sido el vocero oficial de la administración peñista durante todo este sexenio y seguramente sus fuentes son de primer nivel, del círculo rojo.
Entrampados
Donde parece que siguen atorados con la llamada “reingeniería” es en el Poder Legislativo, hay quienes advierten que para implementar lo que desde el arranque lucía como un ambicioso proyecto, podría quedar trunco. Y es que bajo la óptica de la búsqueda del ahorro en la Cámara de Diputados y en la coyuntura de la llegada de la nueva Legislatura, se empezó a recortar personal, tanto en el área del Congreso como en el Órgano de Fiscalización Superior, en algunos casos con criterios no muy claros en cuanto a la selección de los que quedarían fuera de la nómina.
Protestas de maestros en el Congreso
Pero lo que no contemplaron es que a toda esa gente había que indemnizarlos, y lo que propusieron -de manera unilateral- fue la entrega del finiquito en partes, en abonos, lo que ha implicado que tanto el edificio del Legislativo como el del ORFIS se hayan convertido en un espacio donde diariamente acuden algunos de los decenas de despedidos, ya sea para preguntar por su liquidación y otros más con la idea de ser recontratados.
Hay quienes consideran que fue apresurada la decisión en algunos despidos -sobre todo porque aunque estaba gestándose la reforma a la Ley Orgánica y la desaparición de algunas áreas -como los institutos-, la propuesta de reforma apenas fue aprobada la semana pasada, es decir, primero despidieron a la gente y luego aprobaron los cambios en la Ley de la que se desprendían sus despidos.
El caso es que en la práctica la multicitada “reingeniería” se ha atorado, de hecho ya está encima la aprobación del presupuesto y algunos dudan que el proyecto concluya.
