La tarde de este lunes 5 de diciembre, 56 periodistas de Baja California sostuvieron una reunión de trabajo para planear las acciones a tomar en torno al hostigamiento y las presiones que el Gobierno del Estado ha ejercido para coartar la libertad de expresión.
El encuentro siguió dos propósitos iniciales. El primero fue darle seguimiento a la carta pública que el 11 de noviembre firmaron decenas de periodistas para denunciar el uso de recursos públicos etiquetados para publicidad y comunicación, por parte de Jorge Alberto Cornejo Manzo, director de Imagen y Publicidad, para censurar a periodistas, dictar líneas editoriales y evitar la crítica a la administración del Gobierno del Estado.
El segundo fue mostrar solidaridad y apoyo hacia el periodista Antonio Heras, colaborador de Proceso y Lindero Norte, quien hace unos días fue informado que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se preparaba para solicitar una orden de aprehensión en su contra por fraude.
Delito que a decir del periodista, se trataba de una medida fraguada por el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid para intimidarlo en su labor y evitar la publicación de reportajes sobre irregularidades en el gobierno estatal.
Adela Navarro, codirectora de Semanario ZETA, apuntó que la unión de los comunicadora de la región es un hecho no visto desde el asesinato de Héctor “El Gato” Félix Miranda en 1988.
“Es muy desafortunada la situación que nos trajo, pero es la primera vez que un gobernador panista intenta manipular por medio de recursos económicos para coartar la libertad de expresión”, manifestó.
La periodista comparó las prácticas del actual gobierno de Baja California con aquellas de José López Portillo durante su paso por la presidencia de la República.
También destacó que desde la publicación de la denuncia, en diversos medios de comunicación, el gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial ni ha respondido a las peticiones hechas.
Por su parte, la directora de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), Dora Elena Cortés, puntualizó “estamos enfrentando una embestida que no se había visto en mucho tiempo, el Estado busca callar a periodistas mediante el uso de recursos públicos”.
Enfatizó que la unión gremial responde al derecho de detener el derecho de decir, criticar y publicar.
De la misma forma, Mireya Cuéllar, directora de La Jornada Baja California, detalló la situación de Antonio Heras, quien recibió información de que agentes ministeriales lo detendrían durante un evento público que cubriría.
“Se trata de una política de Estado, gubernamental”, dijo. También remarcó que mediante este tipo de acciones, dirigidas desde la Procuraduría, son una forma de hostigamiento para libertad de expresión.
“No queremos reportear con un amparo bajo el brazo, el gobernador está violando un derecho que es la libertad de expresión”, apuntó Antonio Heras.
A manera de conclusión, los más de 50 periodistas acordaron publicar un segundo desplegado en el que se exija al gobernador, a la procuradora, al contralor y a los diputados locales, una denuncia formal sobre las acusaciones hechas contra funcionarios estatales.
También determinaron asistir tanto a organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos como analizar las opciones legales para denunciar de manera formal, los hostigamientos, presiones y amenazas recibidas desde el Gobierno del Estado.
