Un centenar de periodistas del estado de Baja California denunciaron, otra vez, a funcionarios del gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, alias “Kiko”, e informaron que iniciarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante organismos internacionales de defensa y protección de los periodistas, “para salvaguardar el derecho que, por profesión, tenemos a informar y el derecho que a la sociedad le corresponde de ser informada”.
La tarde del pasado lunes, 56 periodistas de Baja California sostuvieron una reunión de trabajo para planear las acciones a tomar en torno al hostigamiento y las presiones que el Gobierno del Estado ha ejercido para coartar la libertad de expresión.
De dicha reunión se derivó un pronunciamiento firmado por periodistas de diversos medios locales, en el cual destacaron que ante la falta de respuesta a la carta que publicaron el pasado 11 de noviembre, “denunciamos una vez más que utilizando los recursos públicos asignados a la coordinación de comunicación que titula Roberto Karlo López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intentado a partir de campañas negras atacar la vida privada de las periodistas Adela Navarro Bello del Semanario ZETA y Dora Elena Cortez Juárez, de Agencia Fronteriza de Noticias”.
Los periodistas aseguraron en su desplegado, que el gobierno de “Kiko” Vega ha presionado a directores de medios, editores y reporteros para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad, e incluso censurar contenidos críticos hacia el desempeño en el gobierno del estado.
Ante ello, insistieron se realice una investigación oficial en la que participen agentes externos que den seguridad de una labor imparcial, alejada de la simulación, “para lo que proponemos a la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos integrado con personas de probada capacidad técnica, intelectual y moral, así como una comisión de periodistas que de antemano contribuyen para la investigación de este caso con la Quinta Visitaduría” de la CNDH.
Señalaron que casi un mes de la petición original al gobernador y otras autoridades del estado, no se emitió una respuesta oficial a los 42 periodistas que le solicitaron la investigación. Además, destacaron que la procuradora general de Justicia de Baja California, Perla Ibarra Leyva, declaró públicamente que investigaría los hechos, pero no ha informado al respecto.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó a una comisión de periodistas que él, por su cuenta y atribución, ordenó una investigación y además una indagación a la Contraloría del estado, y que no habían encontrado elementos para suponer o descubrir manejos irregulares de los recursos de comunicación o prácticas antiéticas por parte de los mencionados funcionarios.
Los periodistas firmantes precisaron, que tanto Roberto Karlo López como Jorge Cornejo “continúan encabezando y haciendo uso de los recursos del estado de Baja California en las áreas que se supone están bajo investigación por parte de la Procuraduría, y fueron averiguadas por el secretario general y el contralor”.
Los actos de hostigamiento, violencia institucional y presiones, añadieron, continúan hacia periodistas de BC, e “Incluso algunos de los que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 2016, fueron llamados a cuentas por los directivos de los medios de comunicación, luego que desde Comunicación del gobierno del estado les reclamaron actuar contra los intereses de quienes les pagan publicidad”.
Ante la actitud oficial, más de 60 periodistas se reunieron de nueva cuenta el pasado lunes 5, y otros casos de presiones fueron dados a conocer. Entre ellos el de Antonio Heras, periodista y colaborador de Proceso y La Jornada, quien fue hostigado por la Procuraduría General de Justicia de Baja California, señalándolo de estar bajo investigación, agraviando su vida personal y profesional. Después la misma Procuraduría reculó en su posición invocando una equivocación debido a un homónimo.
“Resulta alarmante que la política de comunicación social del gobierno del estado de Baja California para presionar y hostigar a periodistas con campañas de desprestigio, se adopte en otras dependencias generalizando las prácticas irregulares”.
A 29 días de la solicitud de una investigación imparcial que no se hizo, y sin una respuesta oficial, “manifestamos de nueva cuenta nuestra preocupación ante lo que se perfila como una política de estado, que pondera la violencia institucional y el hostigamiento hacia la prensa en Baja California”, recalcaron los comunicadores.
Añadieron: “En estas condiciones resulta imperante que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid enfrente la delicada situación. Que tome decisiones, ordene investigaciones imparciales y participe a la ciudadanía, para que las acciones llevadas a cabo por el secretario general de Gobierno no queden como investigaciones unilaterales donde juegan el rol de juez y parte”.
El pasado 12 de noviembre, en una carta pública difundida a través de diversos medios informativos de Baja California, periodistas de la entidad exigieron al gobernador que se realice una investigación y auditoría a la Dirección de Comunicación, específicamente al responsable de la Coordinación e Imagen, Jorge Cornejo Manzo.
La exigencia de los periodistas se dió luego de que medios de comunicación de dicho estado denunciaron que el mencionado funcionario se vale de “políticas de chantaje”, “manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, “para neutralizar revelaciones de la corrupción gubernamental” y “manipular la información que recibe la sociedad”.
La carta de los periodistas inconformes se publicó un día después de que el gobierno del estado negara en un comunicado que sus funcionarios, o desde sus oficinas, se realizaran acciones contra la libertad de expresión.
En dicha inserción periodística, el gobierno del estado se deslindó públicamente de los hechos que fueron denunciados en tres medios locales de comunicación: El Mexicano, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y El Informador, respecto la intención de atacar la libre expresión en Baja California, a partir del acoso a la moral a dos periodistas.
