El gobierno mexicano se ha negado a difundir un estudio interno que demuestra que investigadores actuaron en contra de la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, que “amenaza las bases legales” del caso, y cuya copia obtuvo el diario estadounidense The New York Times.
El reporte denuncia que la investigación no sólo está inmersa en un “limbo” burocrático y numerosas irregularidades, “como el hecho de que un investigador [Tomás Zerón de Lucio] llevó a un sospechoso a la escena del crimen [el río San Juan, cerca basurero de Cocula] sin que estuviera presente su abogado defensor”.
El diario estadounidense señaló que tras su renuncia a la Agencia de Investigación de la PGR, Zerón, “quien ha trabajado cerca del presidente Enrique Peña Nieto por casi una década”, fue “inmediatamente” nombrado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Según el informe, sospechosos clave fueron arrestados y trasladados de forma ilegal, lo cual invalida cualquier información que pudo haberse obtenido de ellos. En el texto del gobierno consta que “se violó el derecho a la verdad” y se dañó el derecho de las víctimas a la justicia. Esta es la primera evidencia que existe, según el NYT, de que la Procuraduría General de la República (PGR) manejó incorrectamente el caso.
El estudio se completó hace cuatro meses y consta de 177 páginas que iban a ser entregadas a los familiares de los desaparecidos en una reunión con la PGR el pasado 18 de agosto, sin embargo, los padres de los 43 no recibieron el documento pues se les dijo que las autoridades judiciales superiores debían, como formalidad, aprobar el estudio.
Dicha aprobación no llegó nunca, y poco más tarde, el visitador general a quien se encomendó la “aprobación”, César Alejandro Chávez Flores, renunció de manera inesperada cuatro semanas después, narró el Times. La investigación interna del auditor general fue una respuesta al informe de los expertos de la CIDH pero la entonces procuradora, Arely Gómez González, pidió al auditor general que iniciara una auditoría más amplia.
Santiago Aguirre director adjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante legal de las familias, declaró al rotativo, que la decisión de no aprobar el reporte y entregarlo a las familias “fue un signo claro de falta de voluntad política, no sólo de la PGR sin del gobierno federal, para darle conclusión a la investigación”.
Aguirre agregó que el documento “nos demostró que el visitador general trató de hacer un trabajo honesto, pero no encontró las condiciones políticas e institucionales para llevar su labor hasta las últimas consecuencias”.
La PGR argumentó que el reporte no se difundió por motivos legales y que el mismo no se ha “reconocido” por tecnicismos que no se han especificado. La directora general de Comunicación Social de la institución, Natalia Briseño, señaló en un correo electrónico al NYT que “el documento, como tal, es legalmente inexistente”, porque aún estaba en revisión, y, agregó, que la investigación continúa.
El Times afirmó que la posibilidad de que el reporte se elimine preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que su titular, James L. Cavallaro declaró que: “El documento claramente es importante, esperamos y queremos recibirlo”.
El diario estadounidense hizo también un recuento sobre la desaparición de los normalistas, de cómo habrían sido entregados al Cártel del narcotráfico Guerreros Unidos y de cómo la versión oficial de los hechos se basa en testimonios dudosos, producto de detenciones arbitrarias, y sostiene que la falta de legalidad es común en las investigaciones criminales en México.
Según NYT, uno de los “misterios persistentes” en el caso es porque la policía municipal nunca fue detenida por las policías estatales y federales. En el reporte se afirma que si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche “no hubieran sido heridos o asesinados”.
El diario estadounidense afirmó que el caso Ayotzinapa es una “herida abierta en México, evidencia del fracaso del país para proteger a sus ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia corrupto”.
LA PGR RESPONDE AL INFORME CITADO POR EL NYT
La PGR aclaró que los documentos citados por el diario estadounidense sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero carecen de la debida formalización y de requisitos legales, por lo que “resulta jurídicamente inexistentes” y, por lo tanto, están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como acuerdo de conclusión o con cualquier otra denominación.
A través de un comunicado, la PGR hizo diversas precisiones sobre dichos documentos, en consideración a que lo publicado por el diario tiene relación con el supuesto contenido, conclusiones y efectos de un acuerdo de conclusión atribuido al ex visitador general.
La Visitaduría General, recordó, es el órgano de la PGR que con plena autonomía ejerce facultades de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público Federal.También de los agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos y demás servidores públicos de la institución, con independencia en sus resoluciones.
La PGR aclaró que la actuación de la Visitaduría General debe, en todo momento, encontrarse ajustada al marco normativo aplicable a los actos jurídicos que emite, tanto en el ámbito administrativo como penal, sin que impacte el cambio del titular de la unidad administrativa.
Según el marco jurídico mexicano, anotó la PGR, para que una determinación o resolución adquiera validez dentro de un procedimiento administrativo o penal, y así esté en posibilidad de producir efectos jurídicos, requiere que sea emitida con todas las formalidades que establece la ley, entre las que se encuentran la firma de quien la produce.
La Procuraduría subrayó que cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales donde se haga referencia a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas se trata de un simple proyecto, con el carácter de consideraciones en estudio que carece de rango de resolución formal.
“No se omite señalar que tratándose de consideraciones en estudio, estas se encuentran sujetas a cualquier clase de modificación, como es factible que ocurra con toda clase de proyectos en el ámbito de los procedimientos jurídicos”, señaló la dependencia federal.
