Política Breve y de Emergencia
Mientras que los tomadores de decisiones en materia de leyes de nuestro país, senadores y diputados, discuten desde si es momento o no el de ponerse a analizar las modificaciones a todo el marco jurídico en materia de seguridad interior y seguridad nacional, los hechos violentos y las muertes por enfrentamientos entre criminales, rebasan las peores cifras de los registros históricos.
La fuerza del Estado básicamente concentrada en las filas del Ejército Mexicano está cargando con la apabullante derrota en la guerra contra el crimen organizado, guerra formalmente inexistente, pero de sólidas y catastróficas consecuencias negativas presentes y futuras para la sociedad; y aunque el propio Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos argumenta la carencia de leyes que amparen la actuación de los militares en tareas de combate a la criminalidad, el hecho es que el ejército está en las calles desde hace 10 años y los resultados de su labor no son suficientes.
El poder de las organizaciones criminales es muy importante cuando de violencia se trata, pero el más grande y dañino para las comunidades es la capacidad que tienen de corromper a las autoridades encargadas de combatirles. Independientemente de los medios que empleen para lograr la complicidad de los representantes de la ley, los criminales cuentan con la colaboración oficial para conseguir sus objetivos y la cooptación de quienes debieran combatirles es para ellos una tarea estratégica.
Coordinación, evidencia pública y consecuencias legales inmediatas, tanto para lo positivo como para las acciones negativas detectadas; así de sencillo se podría resumir lo que hace falta concretar para que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajen y den resultados, pero los permanentes patrones de desconfianza y compromisos perturban relaciones y por eso buscan la escusa fácil y común, la de la política, la de los partidos, la de los ámbitos de competencia política.
El Presidente Peña Nieto envió su iniciativa de ley al Congreso de la Unión, la definición de una estrategia de “mando único” en el combate al crimen organizado captó la mayoría de la atención y sin embargo y a pesar de ser iniciativa del Ejecutivo, la propuesta lleva dos años sin ser resuelta. Existen, según consignan los medios, otras dos iniciativas que bordan en los mismos objetivos, aunque a decir de los avances más parecieran estrategias de ataque a la iniciativa original que actitud de colaboración.
Ahora que como explicación y respuesta delante de los hechos criminales que vive el país, el General Cienfuegos urgió a los políticos a resolver la ambigüedad de facultades y el papel formal y legal del Ejército en las calles, porque como atinadamente lo dijo las fuerzas armadas no están educadas para el combate al crimen ni la procuración de la justicia y sin embargo sobre ellas recae la mayor responsabilidad de las acciones actuales y sus consecuencias. Ahora sí, pareciera que finalmente habrá una discusión pública de las facultades y obligaciones de todo mundo en materia de seguridad e inclusive se dice podría haber un período extraordinario de sesiones para resolver esta materia.
Si para recuperar la paz y tranquilidad es necesario el uso de la fuerza militar que así sea, solo que deben existir las garantías legales adecuadas para ello. Si las autoridades civiles no son suficientemente capaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, debe existir el apoyo subsidiario de los otros niveles, pero si es necesaria la substitución por incapacidad y en el extremo por corrupción y contubernio, también deben estar ahí las consecuencias legales para el que se equivoca de bando y traiciona a la patria.
El llamado que el Secretario de la Defensa Nacional hizo a los políticos en cuanto a su condición de autoridades, no podía ser más directo, de hecho lo venía haciendo de otras maneras pero con las mismas intenciones por casi un año, es una voz de alarma y un llamado a la conciencia de la sociedad, porque si el Ejército sigue en las calles corre el riesgo de convertirse en lo mismo que otras fuerzas encargadas de brindar seguridad a la población mexicana y que han fracasado.
Que la historia lo registre.- Entre los años 2000 y 2001 Tijuana llegó a tener hasta seis meses sin una sola muerte violenta. Para inhibir a los delincuentes el Ejército auxiliaba a las labores de presencia en las colonias conflictivas, lo hacían con mucho gusto, solo requerían apoyo para combustible.
Botón rojo.- Concentrar todos los problemas no provoca una solución. ¡Bueno, tal vez!
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas.
