La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comenzará el 2017 con una campaña para evidenciar a gobiernos locales corruptos del país. La vigilancia de los recursos públicos y el combate a la impunidad con que han llegado a operar gobernadores, alcaldes y funcionarios en general son los principales objetivos.
“Una estructura de guerra”, así la calificó el presidente nacional del organismo empresarial, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, quien apuntó que “una vez que se ha aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y ahora que los 32 Estados están iniciando sus procesos para dar vida al Sistema Estatal Anticorrupción, nos parece que a partir del próximo año tenemos que tener una verdadera cruzada para evitar actos tan vergonzosos”.
Señaló que es necesario que organizaciones de la sociedad civil y de orientación empresarial instrumenten un marco normativo para fomentar la honestidad de los funcionarios públicos de manera más agresiva, puesto que casos como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ponen al ojo público la crisis de corrupción que México enfrenta. “Tenemos que tener un activismo mucho más claro”, dijo.
El empresario realizó una presentación la mañana del lunes 12 de diciembre ante el Grupo 21, en ella, expuso las dificultades que la Coparmex enfrentó para el desarrollo de iniciativas ciudadanas como la denominada “Ley 3 de 3”, uno de los ejes del SNA, que enfrentó la resistencia del propio Senado de la República.
En ese sentido, destacó las 634 mil firmas que la Coparmex consiguió a lo largo del territorio nacional para impulsar la legislación que obliga a funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés a la hora para postularse a una candidatura.
Dentro de los apartados del SNA, se incluye por primera vez la figura del Fiscal Anticorrupción, cuya elección será vigilada por el órgano de empresarios, con fin de que quien ocupe el puesto sea una persona con “una trayectoria ejemplar y a prueba de balas” y no relacionado con quienes detentan el poder.
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, no estuvo exentó de señalamientos de parte del líder patronal, al advertir Gustavo de Hoyos que desde la Coparmex hay un claro respaldo a la centena de periodistas que denuncian el indebido manejo de recursos públicos para coartar la libertad de expresión y acosar a periodistas.
Para él, es necesario que tanto la Comisión Estatal como la Nacional de Derechos Humanos emprendan, en medida de sus facultades, las investigaciones correspondientes a fondo y de forma independiente, con el fin de que esas prácticas –amenazas y acoso– sean erradicadas, ya que la libertad de expresión es “la primera libertad”.
