Los grupos criminales anuncian y cumplen con “limpias” sangrientas. Noviembre cierra con 92 asesinatos en Tijuana, 15 solo en los últimos seis días, la mayoría implicados en el tráfico y venta de drogas. Las ejecuciones ya alcanzaron a los jefes de células, los están matando en otros Estados. Cabecillas de Jalisco que llevan menos tiempo operando en la entidad consideran su grado de impunidad y amenazan la integridad de ZETA por hacer pública la información de las autoridades respecto a sus operadores y su labor criminal
Una tras otra, las narcomantas en puentes y las cartulinas dejadas sobre cadáveres anuncian la llegada de una “limpia” criminal. Una racha de asesinatos. Advertencias de muerte entre insultos con nombre, es como los cabecillas identificados de las células del Cártel Arellano Félix (CAF) y sus aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazan a los de la mafia de Sinaloa, “Los Aquiles” y a “Los Uriarte”. Los del Cártel de Sinaloa responden de igual forma: con mensajes y violencia.
En las zonas más atractivas comercialmente para la venta de droga al menudeo, las células de los tres cárteles se amenazan unos a otros. Reportes de las áreas de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad pronostican que vendrán homicidios debido a la “limpia interna y entre cárteles”. Ya llegaron. En Tijuana suman 801 asesinatos violentos en once meses, 92 cometidos en noviembre de 2016.
La mayoría de los acribillados han sido vendedores de droga al menudeo, cuidadores de bodegas o trasegadores, aunque ahora las amenazas, informan, es ir tras los cabecillas de célula.
Cuando se advierten entre ellos, o sus rostros y nombres son dados a conocer, los criminales huyen a otras entidades federativas. Se refugian en Sonora, Sinaloa o Jalisco. Pero dos ejecuciones recientes muestran que salir de Baja California no es garantía de conservar la vida. Los asesinatos ahora son a domicilio y en otros Estados, donde es fácil sorprenderlos con la guardia baja y sin escoltas.
De ello dan cuenta dos crímenes. Arturo Giovanny Gómez Herrera “El Gross”, señalado por el Grupo Coordinación de Baja California como jefe de sicarios de la alianza CJNG-CAF, fue asesinado el jueves 27 de octubre de 2016 en Guadalajara, Jalisco.
Lo mataron alrededor de las nueve de la noche, cuando un peluquero daba los últimos toques a su cabello en una barbería ubicada en el cruce de Calzada Independencia y Avenida Sierra Madre, Colonia Independencia. Dos hombres llegaron al frente del negocio, uno entró y le disparó. Los dos huyeron en motocicleta.
Al inicio de la indagatoria, el asesinado fue identificado falsamente. Portaba una licencia de conductor otorgada por la Secretaría de Movilidad de Jalisco a nombre de Luis Ricardo Rodríguez Quezada. Quien reclamó el cadáver y dijo ser su esposa, admitiría que se trataba de Gómez Herrera.
Casi un mes después, en Sinaloa, fue ultimado Juan José Trejo Gutiérrez “El Chapito Trejo”, cabecilla criminal del grupo de “Los Uriarte”, célula rival a la del “Gross”.
También ejecutan al “Chapito Trejo”
El reporte de la Procuraduría del Estado de Sinaloa fue que el sábado 26 de noviembre, después de las 12:00 horas, un hombre, una mujer y tres niños, fueron baleados cuando transitaban en un automóvil Jetta color plata con placas de Baja California, por las calles de Jiquilpan y Libertad, Fraccionamiento Jardines de Fátima en Los Mochis.
“El Gross”, asesinado
Testigos indicaron que un hombre no identificado se paró frente al auto, apuntó directo y vació su pistola -calibre 9 milímetros- contra el hombre que manejaba. La familia quedó varada frente a una tienda de la ciudad; el tirador huyó en un vehículo no identificado.
Otras versiones indican que la víctima se bajó del auto antes que los paramédicos de la Cruz Roja llegaran por él, lo cual hicieron rápidamente para llevarlo a un hospital particular en la zona. Ni la mujer ni los menores resultaron lastimados.
Eran las 12:32 del mismo sábado, cuando en el hospital de Fátima en Los Mochis, Sinaloa, ingresó con heridas de bala a quien la esposa identificó como Jesús Aarón Avechuco Acuña. Llevaba seis heridas. Cuatro tiros de una pistola calibre 9 milímetros, de los cuales dos salieron. Dos orificios de entrada en el abdomen, otro en el tórax del lado izquierdo que le atravesó el brazo del mismo lado, y en la misma extremidad un segundo balazo, pero en la muñeca.
A las 6:30 pm, en el hospital informaron a la Policía que el hombre había muerto. Quienes lo atendieron, comentaron que la bala que perforó su tórax terminó por reducir su volumen de sangre hasta fallecer. La esposa dijo a los agentes que atendieron el reporte, que tanto ella como la víctima eran comerciantes en Sonora, que hacía pocos días habían llegado a Los Mochis y de hecho estaban a punto de abandonar esa localidad para regresar a su lugar de origen.
Pasadas las horas, agentes del Grupo Perseo 2 de la Procuraduría General de Justicia del Estado cuestionaron a la mujer sobre por qué el asesinado portaba credenciales con tres nombres distintos. Fue suficiente para que la mujer hablara. Cuando vio que los oficiales le tomaban las huellas al cadáver, les confesó la verdad. Se trataba de Juan José Trejo Gutiérrez “El Chapito Trejo”. Tenía 36 años y vivía en Calle Paseo Nogales de Los Mochis, Sinaloa.
El domingo 27 de noviembre, después que un médico legista hizo oficial la muerte de Trejo, el hospital de Fátima entregó el cuerpo al personal de la funeraria Misión de Los Mochis, donde fue velado para inmediatamente ser enterrado en un panteón de la localidad. Todo fue rápido y sin más preguntas.
Fue hasta la mañana del domingo que las autoridades de Baja California fueron informadas. La foto y el nombre de Trejo Gutiérrez forma parte del organigrama criminal en poder del Grupo Coordinación desde 2009, año en que lo consideraban parte del grupo de “Los Teos” de Eduardo García Simental “El Teo”, los cuales escindieron del CAF en un pleito de muerte y sangre entre 2007 y 2010.
El 30 de diciembre de aquel 2009, la Policía Estatal Preventiva (PEP) preparó un operativo en unos condominios en Ensenada. Planeaban capturar al ex policía municipal Gilberto Sánchez Guerrero “El Gil” -había sido escolta de Raydel López Uriarte “El Muletas” y ya era cabecilla de célula- y a su escolta, Juan José Trejo Gutiérrez. Ambos estaban en un segundo piso, los dos brincaron, pero solo Trejo logró escapar.
“El Muletas” fue capturado en febrero de 2010 y suplido en el mando por sus primos y hermanos, integrando el grupo de “Los Uriarte”, a partir de entonces, ellos designaron a Trejo como cabecilla de sicarios “cobra-cuotas, deudas y ajustar cuentas”.
La zona de influencia de esta célula delictiva es la delegación La Presa y parte del municipio de Tecate, las autoridades lo consideran responsable de muchas de las muertes de traficantes del grupo contrario en esa área, sin embargo, no había alguna orden de aprehensión en su contra.
Luis David Figueroa Madrigal “El Snok” / Rifat Addul Castillo Haro, “El Rifat”
En el área que abarca las colonias Sánchez Taboada, Camino Verde y Reforma en Tijuana, “Los Uriarte” actualmente libran una pugna criminal en dos frentes: contra el Cártel de Sinaloa, “Los Aquiles” representado por Dalia Guadalupe “La Prima”, Julián Alonzo López “El Chino” (con orden de aprehensión por la muerte del ex director municipal del deporte, Arturo Hachadur Kaloyán) y Luis Manuel Ochoa.
Y contra el CJNG, cuyos brazos armados son Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” y “El Charmin” Uriarte. Sirven a los cabecillas, Juan José Pérez Vargas “El Piolín”, Édgar Herrera “El Caimán” y Érick Deraz “El Canesten”.
CJNG: los que amenazan… a ZETA
Revelada la presencia de operadores reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California tras la detención de homicidas de policías y traficantes de armas, lo mismo que de droga, las autoridades de los tres órdenes de gobierno negaron sistemáticamente la presencia de la mafia tapatía en la entidad durante dos años.
Fue el martes 6 de septiembre de 2016 cuando autoridades del gobierno de Estados Unidos informaron a las corporaciones bajacalifornianas que como parte de una investigación, habían detectado una amenaza: miembros del CJNG atacarían a supervisores de la PEP, “… a todos los que no estén alineados”, sentenciaron.
La información se hizo pública. Las autoridades se alertaron y no ocurrió. Tres días antes, este grupo criminal había dejado tres cadáveres descuartizados en un puente junto a una narcomanta.
El 18 de noviembre, invitado a la sesión del Colegio de Abogados Constitucionalistas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, aseguró que “no más de diez personas son las responsables de la ola de homicidios” cometidos en Tijuana “en los últimos meses”.
El viernes 25 de noviembre, en su edición 2226, ZETA publicó los nombres e imágenes de esos responsables. De acuerdo al Grupo Coordinación, ocho de los señalados eran de la alianza del CJNG-CAF y dos de Sinaloa.
Los servidores de Jalisco fueron identificados como:
* Juan José Pérez Vargas “El Piolín”.
* Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” y/o “El Goofy”.
* Manuel Santiago Navarro “El Mini” y/o “El Chago”.
* Édgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán” y /o “El Zame”.
* Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”.
* Juan Carlos Hernández Silva “El Chuky”.
* Jesús Alfonso Trapero Ibarra.
* Daniel Ochoa Loera.
Distintas autoridades confirmaron que los investigan por la comisión de diversos delitos, especialmente por homicidio. Los violentos asesinatos ocurridos en las últimas semanas.
48 horas después de la salida a circulación de esa edición de ZETA, con fotografías -algunas inéditas-, todas parte integral de expedientes de inteligencia y averiguaciones previas, uno de los identificados del CJNG, Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” y/o “El Goofy”, manifestó molestia porque su nombre, imagen y actividad criminal fue proporcionada por las autoridades y hecha pública en este Semanario.
Francisco Javier Gomez Hernandez “El Panchito” / Erik Ramirez Hernandez “El Burger”
Autoridades confiaron a ZETA: “El 50” ordenó a una célula criminal cómplice, balear las instalaciones del Semanario en la primera hora del lunes 28 de noviembre, la idea era que no hubiera empleados porque el atentado debía tomarse como advertencia.
De acuerdo a expedientes que obran en poder de las áreas de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, Vázquez Vázquez es “un sujeto de gran peligrosidad”, también “… a esta persona se le atribuyen gran cantidad de los homicidios en la ciudad”. Es brazo armado de Juan José Pérez Vargas “El Piolín”, cabecilla del CJNG-CAF en Tijuana.
Está al mando de una célula que al menos cuenta con cuatro miembros -porque seis ya fueron detenidos-, sus operadores delictivos están identificados como Luis David Figueroa “El Snok”, Rifat Abdul Castillo Haro “El Rifat”, Francisco Javier Gómez Hernández “El Panchito” y Érick Ramírez Hernández “El Burger”.
Sus socios ya capturados son: Jonathan Soto Silva “El 40”, Daniel Misael Murillo “El Miclo”, Manuel Magallanez Salazar “El Gordo”, Alonso Bueno Martínez “El Morral”, Manuel Bernardo Marcelino “El Chicho” y Antonio Esquer Rentería “El Raro”.
FEADLE y la denuncia por amenaza
De la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) se comunicaron el martes 29 de noviembre a las oficinas de ZETA. Llamaron desde la Ciudad de México. Dijeron que por trabajo de monitoreo habían detectado la información de la amenaza y querían saber si desde este Semanario habría una denuncia; agentes federales se presentaron en las oficinas el miércoles 30 de noviembre.
El jueves 1 de diciembre, ante el apoderado legal de esta empresa, el fiscal orientador Rodrigo Alonso Silva leyó un texto con los derechos de las víctimas e informó de la apertura de la carpeta FED/SDHPDSC/UNAI-BC/0000362/2016, por el delito de amenazas cometido contra ZETA como persona moral ofendida.
Organismos internacionales llaman a proteger libertad de expresión en México
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización independiente y sin fines de lucro, con sede en Nueva York y fundada en 1981, instó a las autoridades a garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en Semanario ZETA de Tijuana, luego de la amenaza de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
ZETA, escribieron en el comunicado del CPJ, “es uno de las pocos periódicos que en forma regular publica investigaciones sobre crimen organizado, narcotráfico y corrupción en los estados del norte de México. El costo que ha pagado Zeta por su cobertura sobre crimen ha sido altísimo (…)”.
También el Knight Center for Journalism in the Americas, de la Universidad de Texas en Austin, otorgó su respaldo a este Semanario, así como a sus trabajadores, y publicó en su blog oficial una amplia reseña sobre el caso:
“ZETA es una de las publicaciones más audaces de México. Su eslogan es ‘libre como el viento’. A través de los años ha sufrido varios ataques graves que han tenido como sospechosos tanto al Gobierno como al crimen organizado (…)”, señaló el Knight Center.
Hizo lo propio, vía la red social Twitter, la organización no gubernamental internacional de origen francés, Reporteros sin Fronteras, cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional. RSF pidió se investiguen las amenazas y también exigió garantizar la seguridad de los trabajadores, así como las instalaciones de ZETA.
Por su parte, Article 19 -organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión-, señaló que “es preocupante la constante intención de grupos delictivos e integrantes del Gobierno del Estado por atacar al semanario ZETA, con lo cual se pretende inhibir el libre flujo de la información que publica este medio de comunicación”.
A través de un comunicado, la organización sin fines de lucro exigió a las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California investigar “de manera diligente y a la brevedad”, las agresiones reportadas en contra de los comunicadores y comunicadoras de la entidad.
“Se exige también a las autoridades competentes de aquel Estado garantizar la seguridad de todos los integrantes del semanario ZETA, principalmente en los contextos en los que se desarrolla en la actualidad, ya que se ha intentado de distintas formas intimidar a los integrantes de este semanario con el fin de que dejen de publicar información de interés general para la sociedad”, divulgó Article 19.
Asimismo, la organización internacional exigió al Gobierno del Estado de Baja California implementar los mecanismos necesarios para prevenir cualquier agresión en contra de los periodistas de la entidad.
“Por último, Article 19 lamenta profundamente los múltiples intentos de agresión en contra del semanario ZETA y exhorta a las autoridades a evitar que estas amenazas identificadas puedan consumarse de modo alguno, debiendo en todo momento garantizar el libre flujo de información de toda índole en el Estado”, finaliza el escrito.
También la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las recomendaciones CNDH/QVG/991/2016 y CNDH/QVG/991/2016, dirigidas al Gobierno del Estado de Baja California y a la Procuraduría General de la República (PGR), para que implementen medidas cautelares y sea garantizada la seguridad a las personas que laboren en ZETA, ya que “corren riesgo sus vidas”.
En ese mismo sentido se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual solicitó a las autoridades municipales, estatales, así como al Gobierno Federal mexicano, que con “firmeza y urgencia” adopte medidas de protección a favor del personal de este Semanario.
“Desde su fundación en 1980, ZETA ha sido un referente de periodismo independiente en la lucha contra el narcotráfico en el país”, afirmó la SIP en un comunicado.
