El nuevo gobierno de Tamulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, encontró que 12 policías ministeriales estaban comisionados para proporcionarle seguridad a los ex gobernadores, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Javier Hernández Flores, quienes son buscados por las autoridades de Estados Unidos, entre ellos la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por delincuencia organizada, narcotráfico, fraude, lavado de dinero, entre otros delitos.
El ex gobernador Egidio Torre Cantú fue quien autorizó el servicio de escoltas que se le brindó a los ex mandatarios militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ambos prófugos, y que generaban un gasto de hasta 400 mil pesos mensuales, un total de 30 millones de pesos durante todo el sexenio anterior, para viáticos y salarios.
El procurador general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que los exgobernadores Yarrington y Hernández, tenían ocho y cuatro personas comisionadas, respectivamente, para “resguardar su seguridad”, cada polícía armado con una pistola y un rifle de alto poder.
“Una de las debilidades que existe en la Procuraduría es la falta de personal ministerial o la falta de personal policial para realizar las investigaciones, ya que es un cuerpo muy reducido. se necesita el recurso humano para fortalecer el rezago y las investigaciones que se llevan a cabo”, señaló el Procurador tamulipeco a Noticieros Televisa.
“Dimos parte a la Procuraduría General de la República [PGR] para que en el ámbito de su competencia pudiera hacer las acciones que consideraran pertinentes en el presente caso”, afirmó el actual Procurador de Tamulipas, que también dijo que se les canceló el servicio de escoltas.
LAS ACUSACIONES CONTRA YARRINGTON Y HERNÁNDEZ
Tomás Yarrington gobernó Tamaulipas de 1999 al 2004 y es buscado por la DEA desde diciembre del 2013, tiene demandas en una Corte Federal estadounidense por delincuencia organizada, y se le acusa de haber recibido dinero por la protección que brindó al Cartel del Golfo durante su mandato.
En diciembre del 2012, el Gobierno federal estadounidense le confiscó un lujoso condominio de su propiedad, ubicado en la parte sur de Isla del Padre, Texas, bajo la sospecha de haber sido adquirido en una operación de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
En mayo siguiente, un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12–435–S1 y acusó formalmente al ex mandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del estado y el dinero le llegaba, dice la acusación oficial, “a través de la Policía Estatal” del entonces Gobernador Manuel Cavazos Lerma, también priista y hoy Senador de la República.
Por su parte, Eugenio Hernández gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010 y también es buscado por la DEA desde junio del 2015. Además, un juez federal estadounidense ordenó el arresto del exgobernador por recibir dinero del Cartel de Los Zetas durante su administración.
A Hernández lo acusan en Estados Unidos de los delitos de lavado de dinero y transferencias financieras, de manera ilegal, en bancos de Texas, hasta por 30 millones de dólares. EL Departamento de Estado de EU también busca a su cuñado, Óscar González Guerra, por presuntamente operar un sistema de lavado de dinero en el país vecino.
El encauzamiento judicial C-14-178-S –fechado el 27 de mayo de 2015 y dado a conocer el 18 de julio por la Corte Federal del Distrito Sur, en Texas, sostiene que el exgobernador y el esposo de su hermana, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilegales a partir del 1 de enero de 2008.
“El dinero lo recibía Hernández Flores como pago por permitir que el Cártel del Golfo operara con toda libertad en Tamaulipas para llevar a cabo sus actividades de tráfico de drogas, secuestros, venta de contrabando y tráfico de personas a Estados Unidos”, precisó la Fiscalía Federal de EU.
La acusación incluye un aviso de confiscación de 2 millones de dólares en cuatro propiedades, tres de ellas ubicadas en McAllen y la otra en Austin, en el estado de Texas.
La última vez que se le vio fue el pasado 5 de junio, cuando acudió la sección electoral 1569 ubicada en la escuela José Vasconcelos del fraccionamiento Del Valle, en Ciudad Victoria, para votar por el entonces candidato del PRI a la gubernatura, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, según lo dijo a la prensa.
“Baltazar no sólo va a ser gobernador, va a ser un excelente gobernador porque lo conozco, porque sé la clase de hombre que es y porque sé de su trabajo, en ese sentido confiamos en que la ciudadanía va a votar y lo apoye para poder tener un excelente sexenio con mi amigo Baltazar”, expresó Hernández Flores en aquel entonces.
Antes, en noviembre del 2015, el ex gobernador acudió al Quinto Informe del Gobernador Egidio Torre Cantú, y a pesar de estar acusado en Estados Unidos de lavado de recursos de procedencia ilícita, recibió del entonces mandatario priista un agradecimiento público por su presencia.
Aprecio mucho que me acompañen los ex Gobernadores de nuestro estado”, dijo Torre Cantú desde el podio en alusión a Cavazos Lerma y Hernández Flores. “‘Geño’, como siempre”, dijo Torres Cantú sobre su antecesor acusado por la DEA.
Sonriente, ubicado entre el gobernador poblano Rafael Moreno Valle y el ex mandatario (actual senador) Manuel Cavazos Lerma, Hernández Flores se levantó de su asiento y, con el brazo en señal de agradecimiento, correspondió el saludo al entonces titular del Ejecutivo local.
