Con 77 votos a favor y 9 en contra, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Víctimas, con las cuales se faculta al presidente Enrique Peña Nieto a proponer al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para los próximos 3 años, y a dicho organismo para atraer casos del fuero local, convirtiéndose en el órgano rector en materia de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Entre las modificaciones avaladas, la CEAV deja de ser un órgano colegiado para contar ahora con la dirección de un Comisionado Ejecutivo, quien será nombrado por el jefe del Poder EjecutivO, en máximo 30 días hábiles, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, mismo que será ratificado por la Cámara alta.
El dictamen aprobado establece la obligación de las entidades federativas para contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas. Además, se flexibilizan los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que podrán ser utilizados para gastos de alimentación, hospedaje, transportación, entre otros.
La semana pasada, la organización Alto al Secuestro, presidida por la activista Isabel Miranda de Wallace, consideró que el dictamen de la Ley General de Víctimas aprobado por el Senado es “una simulación” y “una traición a la palabra presidencial”.
A través de un comunicado, la organización señaló que las reformas a esta Ley no obliga a la CEAV a atender y reparar el daño de las víctimas que acuden a ella, por falta de atención o respuesta de las Comisiones Estatales.
Por lo menos 100 organizaciones no gubernamentales y representantes de familias agraviadas por la desaparición de alguno de sus integrantes se habían inconformado con la iniciativa de reforma a la ley, planteada desde el Senado.
