Antonio Gómez Pelegrín renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado de Veracruz y será sustituido este mismo lunes por Clementina Guerrero García, quien fungió tesorera de la Universidad Veracruzana (UV), y que en la actualidad forma parte del gabinete de transición del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.
Pelegrín fue nombrado como secretario en marzo del año pasado, por el todavía gobernado Javier Duarte de Ochoa. Fue el sexto titular de la Sefiplan en la administración estatal del hoy prófugo de la justicia. Antes fueron Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández, y Mauricio Audirac Murillo.
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A dos semanas de la llegada de que Flavino Ríos Alvarado entregue el poder, se ha dado a conocer que la deuda a corto plazo en Veracruz es de 45 mil millones de pesos y la deuda total asciende a más de 110 mil millones.
De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dado a conocer el 4 de noviembre, el faltante sería de al menos 35 mil millones de pesos. Incluso, el auditor federal Juan Manuel Portal calificó como “histórico” el monto de la irregularidad y destacó que se han presentado 54 denuncias penales por anomalías detectadas en el ejercicio de los recursos públicos en aquella entidad.
Mientras tanto, Casa Veracruz y el Palacio de Gobierno siguen tomados por un grupo de alcaldes de la oposición que demandan la entrega de dos meses de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FIMS) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM), que representa un monto de 7 millones de pesos.
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Según Pelegrín, el gobernador con licencia dio la instrucción de tomar recursos federales etiquetados para municipios y otros objetivos, y utilizarlos para el pago de gasto corriente o nómina.
En entrevista con Radio Fórmula, dijo que “prácticamente se dio como hábito, como mecanismo” durante la administración de Duarte de Ochoa, “la utilización de recursos de cualquier fuente para poder satisfacer el pago de nóminas”, prestaciones laborales de los trabajadores estatales.
Según el diario Reforma, Javier Duarte instruyó a la Sefiplan desde el año 2011, tomar las participaciones federales y gastarlas en otros rubros, “una práctica que hoy tiene bajo la mira a funcionarios estatales acusados de desvíos.”
El 19 de diciembre de 2011, el ahora gobernador con licencia publicó en la Gaceta Oficial del Estado un acuerdo que institucionalizó este ejercicio del gasto federal, como resultado de las malas finanzas heredadas por su antecesor Fidel Herrera Beltrán, gobierno en el que Duarte de Ochoa fungió como titular de la Sefiplan.
El mandatario veracruzano hizo efectivo el decreto 289 del Congreso del Estado, publicado el 5 de agosto de 2011 en la misma Gaceta, que le autorizó destinar partidas federales para rubros ajenos a los previstos.
La prioridad sería pagar nóminas y prestaciones de maestros, policías, burócratas y el rubro de seguridad en general, ante “el deterioro de las finanzas públicas con las que cerró la administración 2005-2010”.
LA RED DE CORRUPCIÓN DE DUARTE DE OCHOA
Un juez de Distrito giró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Veracruz con licencia, por los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de aprehensión contra Duarte se deriva de una denuncia interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la presunta compra de terrenos a través de una red de 33 empresas “fantasma”, que recibieron recursos del gobierno veracruzano hasta por 500 millones de pesos.
Las empresas “fantasma” fueron detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del SAT, órgano que comprobó que algunos funcionarios públicos se habían coludido con supuestos empresarios que simularon ventas de servicios y de materiales al Gobierno del Estado.
Las empresas no existían y tenían domicilios falsos pese a que habían obtenido su Registro Federal de Causantes (RFC). Sin embargo, los funcionarios públicos veracruzanos involucrados en la red de corrupción, validaron las compras y liquidaron las respectivas facturas.
Por su parte, la PGR ofrece 15 millones de pesos a quien proporcione información “veraz” para localizar y capturar al gobernador con licencia de Veracruz, según lo estableció el acuerdo específico A/178/16.
Este fin de semana, la Procuraduría anunció que congeló 112 cuentas bancarias y confiscó cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con la red de amigos, familiares, exservidores públicos y personas imputadas en los hechos delictivos por los que se persigue al mandatario con licencia.
“Las medidas, forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, que tienen como finalidad limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos por parte del mandatario y sus cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia”, señaló la PGR.
La última vez que se le vio, fue el día que el periodista Carlos Loret de Mola lo entrevistó en el estudio de la cadena Televisa, el 12 de octubre pasado. Tanto el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, han asegurado que Duarte de Ochoa será detenido, sin embargo, han afirmado no saber en dónde está.
Tampoco el gobernador interno de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, conoce de su paradero, aunque habló con su predecesor el día en que le facilitó un helicóptero para trasladarse de Xalapa a Coatzacoalcos.
