La controversia en ascensos policiacos en Ensenada parece no tener fin; un proceso que se definiría en semanas ya lleva seis meses, por lo que el alcalde Gilberto Hirata Chico no verá concluido el trámite antes de que termine su gestión. El tema se tocará hasta febrero de 2017. 82 nombramientos disponibles están en juego y las amenazas entre policías, a la orden del día
Todo se fue al traste. La transparencia que habían prometido las autoridades en el proceso y la esperanza de decenas de policías que aspiraban a un ascenso de cargo aun sin contar con “padrino” o “palanca”, algunos de ellos hasta con 20 años en la corporación.
Sindicatura Municipal tomó las riendas del proceso de ascensos para elementos de Seguridad Pública y ofertó que por primera vez en la historia se emitiría una convocatoria abierta a todos los interesados, por lo que los ascensos no estarían reservados a los recomendados y allegados a los jefes, como era la costumbre. Finalmente tal convocatoria quedó anulada y una segunda está impugnada en tribunales.
El proceso que debió haberse llevado una cuantas semanas ya lleva seis meses y no se cumplirá el deseo del presidente municipal Gilberto Hirata Chico, de entregar los ascensos antes de finalizar su gestión. El trámite de ascensos apenas será discutido de nuevo hasta febrero del próximo año, ya con Marco Antonio Novelo al frente de la administración municipal.
Lo que mal empieza…
A principios de julio pasado, el síndico procurador Iván Barboza anunció con “bombo y platillo” la convocatoria bajo la cual los agentes policíacos podrían participar, por primera vez en igualdad de circunstancias, por cualquiera de los 82 nombramientos disponibles. De un total de 900 agentes, 413 respondieron a la convocatoria.
También en un hecho inédito, Barboza le abrió las puertas a los medios para que atestiguaran el proceso de revisión de documentos desde su recepción hasta la selección, misma que quedaría bajo la responsabilidad de la dependencia que encabeza.
La primera fase consistió en la revisión de los documentos solicitados, de comprobantes de antidopaje, de reportes de Control y Confianza e historial. Desde ahí empezaron los desacuerdos entre los miembros de la Comisión Disciplinaria de Seguridad Pública, conformada por siete elementos.
La Comisión la preside el director de Seguridad Pública, Francisco Javier Shields, así como el síndico Iván Barboza, la regidora Columba Domínguez, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Faisal Karim Díaz Nascí; el director administrativo, Luis Humberto Gamboa Aguilera; el encargado de Profesionalización, Luis Enrique Paredes Alor y el comandante de Tránsito, Héctor Manuel López Ruíz, quienes tienen voz y voto.
Denuncia ante tribunal
Además de dos representantes de la Asociación de Policías y Asociación de Profesionistas, quienes solamente tienen voz.
Pronto salió a relucir una lista de 15 elementos “palomeados” para lograr ascenso sin pasar por los filtros. La regidora Columba, el síndico y el presidente del Consejo Ciudadano fueron los que más se opusieron a la vieja práctica en acaloradas sesiones, donde a punto del llanto y envuelta en ira, Domínguez recriminó al director y su corporación el cinismo de querer imponer a recomendados.
También fue motivo de discordia el que a algunos solicitantes se les anulara el registro por la falta de alguna identificación oficial, comprobante de domicilio o constancia de estudios. Finalmente pasaron la primera revisión 365 agentes, mismos que presentarían el examen de conocimientos en las aulas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), institución que finalmente se quedó esperando la confirmación por parte del Ayuntamiento.
El 15 de agosto, por fin, se reunió la Comisión Disciplinaria para autorizar la publicación de los seleccionados para presentar examen, pero cinco minutos antes de empezar la sesión “apareció” una carga firmada por 21 policías que impugnaban la convocatoria.
Amparados en los artículos 87 y 86 del Reglamento de Servicio de Carrera Profesional Policial de la Dirección de Seguridad Pública, alegaron que previo a la convocatoria no se elaboraron instructivos, no se publicaron calendarios, ni fechas, ni temarios, bibliografías y demás. Además, que no estaba contemplado el derecho de audiencia para los que no fueron aprobados y, sobre todo, que no correspondía a Sindicatura revisar y aplicar los exámenes según lo planeado.
“Nosotros estamos mal”, aceptó el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, al referirse a la convocatoria de la discordia, pues la misma no cumplía con varios requisitos fijados por la Secretaría de Seguridad Nacional y la Academia de Policía, y culpó a Sindicatura Municipal de haber hecho las cosas a su modo, “estamos inventando un proceso, y al inventar cosas que no están en la Ley, nos lo pueden echar abajo, puede ser impugnado.
“Después nos enteramos que lo pararon todo para beneficiar a ciertos elementos que no habían metido papeles, dentro de ellos había algunos mandos y guardaespaldas de funcionarios, lanzaron una segunda convocatoria y ya en esa abrieron como 20 plazas más”, reveló “Salvador Arrieta”, agente en activo.
Va de mal en peor
El subdirector operativo de Seguridad Pública, Juan González Martínez; el director general del Ayuntamiento, González Agúndez; el propio alcalde Hirata Chico y otros mandos dentro de la corporación, han sido señalados constantemente por los mismos policías como los orquestadores del plan para imponer a sus allegados.
Estos lo han negado una y otra vez, argumentando que solo buscan equidad y la justa aplicación de las bases para todos los policías, y en el caso de González Agúndez, incluso amenazó con demandar penalmente al periodista que lo señaló como “la mano que mece la cuna” en el tema de los ascensos.
Desechada la primera convocatoria y con un examen que nunca llegaron realizar los 365 agentes seleccionados, se emitió una segunda convocatoria, pero ya sin anuncios ni pormenores para los medios de comunicación, y cumplida con sigilo en todos sus pasos hasta llegar a la fecha del examen.
En la nueva convocatoria “como por arte de magia aparecieron más espacios para ascender, y cuando ven que su gente no está preparada, los altos mandos decidieron en menos de una semana que el área de Profesionalización de Seguridad Pública elaborara y aplicara los exámenes. Algunos que se encargaron de elaborarlos, también se presentaron al examen para ascender”, denunció la agente Karla Olivia Pino.
De entrada suscitó sospechas el hecho de que no les permitieran responder con pluma las preguntas del examen y los obligaron a hacerlo con lápiz, “hubo quienes en media hora terminaron un examen de 149 preguntas, obteniendo los favorecidos y los altos mandos el mejor puntaje”.
Otros aspectos que consideraron anómalos fue que cambiaron los porcentajes de calificación, siendo 40% del certificado de Control y Confianza, otro 40% con base al expediente personal, y el 20% restante obtenido del resultado del examen. De última hora les informaron que los dos últimos rubros solo contarían 50/50.
“El fin de semana anterior al examen se reunieron con el presidente de la Comisión Disciplinaria para modificar los resultados de todos aquellos que no les convenían para ascensos. Era un examen fácil de alterar, viciado de origen”, aseveró el policía “Élmer García”.
Frustrada e impotente, la regidora Columba Domínguez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y miembro de la Comisión Disciplinaria, avala el decir de los policías inconformes y afirma que votó en contra de la segunda convocatoria, pero nada logró.
“En esta segunda convocatoria participaron elementos que en la primera no cumplían con los requisitos. Al calificar todos los exámenes de acuerdo a cada uno de los rubros, era muy notorio los puntos de acierto en algunos elementos y dejaban a la mayoría en desventaja, a aquellos los estaban apuntalando para ascender”, narró la edil.
Ante la serie de inconsistencias, irregularidades e inconformidades, un grupo de agentes policíacos promovió la impugnación de la convocatoria ante la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California, que con fecha 8 de noviembre de 2016, abrió el expediente 205/2016 T.S. La demanda contra la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada fue firmada por los policías Arturo Velarde Santana, Raúl Rivera Ríos, Gabriel Aranda Castro, Raúl Cabrera López, Miguel Ángel Guerrero León, Juan Gabriel Ortiz Mendoza, Abel Gómez Domínguez, Juan Manuel Bravo Cuevas y Nereida Yuliana Barbosa Díaz.
Señalan como acto impugnado los acuerdos tomados por la Comisión Disciplinaria “mediante los cuales nos dejaron fuera de la Convocatoria a los quejosos, violentando nuestra garantía de audiencia y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales: siendo que la autoridad demandada en fecha 22 de octubre del año 2016 emitió el listado de los elementos que presentaran examen de promoción de ascenso, listado del cual ninguno de los suscritos formamos parte, esto sin habernos debidamente notificado”.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una suspensión provisional de la convocatoria, argumentando que en la resolución “no se contravienen disposiciones del orden público, ni se causa perjuicio evidente al interés social, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que otorga la Ley ni se infiere un daño…”, y citó para audiencia a las partes el 16 de febrero de 2017.
“Nosotros solamente pedimos terrenos parejo para todos, sea quien sea, pero que tenga la capacidad y que lo demuestre en un aula, en un examen que no sea manipulable, y el que se gane el ascenso, ¡felicidades!”, expresó uno de los agentes demandantes.
Reiteraron que la segunda convocatoria también fue inventada y le dieron entrada a alrededor de 18 o 20 agentes más, gente recomendada por los comandantes Humberto Durán y el subdirector operativo Juan González, y varios recomendados por el alcalde Hirata, “comandantes o encargados de grupos como el swat, narcomenudeo, robo domiciliario, que se sienten afectados porque tenían asegurado su grado inmediato”.
Externa a ZETA la agente Karla Pino: “Es una burla lo que hicieron y todavía se molestan. Hay oficiales de carrera, quienes tienen más de veinte años (de servicio) y no han podido agarrar el grado superior. Es la primera ocasión que no los dejan meter la mano, ya que siempre los ascensos se dan a escondidas y se publican en la madrugada, cuando hay cambio de presidente municipal. Eso pretendían hacer en esta ocasión”.
Más gritos y sombrerazos
En medio del polvorín al interior de Seguridad Pública surgió otro grupo, ahora inconformado contra los que promovieron el juicio de nulidad de la segunda convocatoria y en protesta contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la decisión de suspender el proceso.
Entre los cerca de 30 manifestantes están Eduardo Ramírez, Humberto Durán, Luis Alberto Tolosa Espinoza, Juan González, quienes argumentan que con la suspensión se está afectando la mitad de la corporación que presentó examen y esperan los resultados de los 92 ascensos: “Somos alrededor de 400 policías que nos estamos viendo afectados por la decisión de nada más nueve que decidieron frenar el proceso. Los interesados hicimos gastos de exámenes toxicológicos, carta de no antecedentes penales y otras cosas”.
Entre los que protestan, los agentes identifican al grupo de mandos que persisten en imponer a toda costa a los mismos de siempre: ¡”Ahí está el Tolosa, por ejemplo, protestando con uniforme, cuando es un delito federal hacer cualquier clase de manifestación o reclamo ante un tribunal con uniforme! Aparte están armados, en las cangureras cargan las armas…”, reveló un oficial municipal.
“A Tolosa en la administración de (Enrique) Pelayo se la dieron de agente a subteniente, se saltó cuatro grados de un chingadazo, así ha sido siempre, y a su papá se la dieron de agente a capitán, se brincaban tres o cuatro grados. En cada administración los escoltas siempre son los que obtienen sus grados y los recomendados. Ya sabías que si andabas de ‘guachoma’ obtenías tus grados”, refiere el oficial Arrieta.
Aseguran que en la primera convocatoria, el mencionado Tolosa no se acreditó porque no tiene la licenciatura, pero en la segunda, misteriosamente fue aprobado. Mientras que al subdirector operativo, el capitán Juan González, lo acaban de ascender a sub inspector, cuando es improcedente: “Es una aberrante anomalía porque Ensenada no tiene una Secretaría de Seguridad Pública porque no llega a mil elementos, de dónde fregados sacaron el grado”.
Los agentes consultados por ZETA cargan mucho resentimiento contra su mandos superiores y aprovechan para señalarlos y aseverar que algunos tienen antecedentes de dar positivo en antidopaje, e incluso nexos con el crimen organizado.
El proceso más transparente de la historia
“En ningún momento se está favoreciendo a nadie, que quede sumamente establecido”, citó por su parte Pedro Manuel Athié, director de Gobierno, quien ha estado en representación del director de Seguridad Pública y del gobierno central en las últimas sesiones de la Comisión Disciplinaria.
Aclaró que nunca se invalidó la primera convocatoria, “se modificó”. “Hay muchas versiones por todos lados, se hizo la primera convocatoria, se aprobó y una vez revisada, nos dimos cuenta que había muchos errores”.
Y enumeró la serie de erratas del proceso que tomó en sus manos Sindicatura, pero que hizo mal, contraviniendo en gran parte el reglamento, “no se canceló porque teníamos que dejar a salvo a los 400 policías que habían presentado su documentación.
“Se vuelve a publicar la convocatoria, con los cambios, nos equivocamos, lo reconocimos, pero lo hicimos todavía más transparente, se notifica a todos los elementos quién había quedado y quién no”, argumentó.
Detalló que 426 policías presentaron papeles, 372 fueron aprobados y 54 reprobados. De 54 rechazados, 22 presentaron garantía de audiencia y de ellos 15 fueron aceptados, “revisamos caso por caso, y en eso llega una suspensión del Tribunal de lo Contencioso, y obviamente no estamos de acuerdo con la suspensión, estamos haciendo nuestra defensa”.
Athié desmintió a los promotores de la suspensión: “Ellos mencionan que no se les notificó que habían quedado fuera del proceso, sí se les notificó en tiempo y forma, tenemos el comprobante, vamos a mostrar copia certificada”.
Del resto de las anomalías señaladas por los inconformes, tales como el llenado de los exámenes con lápiz y el cambio de sede de la aplicación de los mismos a una preparatoria vinculada al director de Profesionalización, José Paredes, Athié las desestima: “Ellos a lo mejor dijeron misa en la demanda, pero el juez no lo tomó en cuenta en la defensa, el único acto impugnado en el documento es que no se les notificó el resultado, no se menciona lo demás”.
El gobierno municipal tampoco está de acuerdo con la apreciación del tribunal en el sentido que la suspensión del proceso no contraviene al orden público: “Para nosotros sí se contrapone porque la cadena de mando queda vacía. Si la Policía no puede hacer su trabajo correctamente, la ciudad se va ver perjudicada, además, sí nosotros no cumplimos con ciertos requisitos, el Fortasec (Fondo Federal para el Fortalecimiento a la Seguridad Municipal) nos puede mandar el dinero incompleto”.
— En concreto, ¿se está favoreciendo con ascensos a ciertos elementos?
“No es cierto, ¡claro que no es cierto! Sí lo dicen, pero no lo pueden comprobar, porque además no es cierto. En ningún momento se está favoreciendo a nadie, ni hay una convocatoria a modo. Éste ha sido el proceso más transparente en toda la historia de Seguridad Pública de Ensenada”, remató.
Todos contra todos: amenazas y represalias
En Sindicatura Municipal está interpuestas varias denuncias de agentes policíacos que declaran haber sido molestados, hostigados y amenazados por parte del grupo que encabezan “los mandos superiores”, a raíz de ventilar lo que llama la podredumbre del proceso de ascensos.
La oficial Karla Olivia Pino, con 10 años en la corporación, denunció el delito de amenazas contra “quienes resulten responsables”, pero en su relación de los hechos menciona directamente sus altercados con el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez; su compadre, el subdirector operativo Juan González; al comandante Humberto Durán, José Francisco Pelayo, entre otros, quienes le reclamaron que ventilara la situación en redes sociales.
Cambio de horario laboral, un arresto de ocho horas y amenazas directas, enumera Pino en su declaración: “Me dijeron que los compañeros ya no irán a la taquería que yo tengo, dejándome claro que entre ellos se están comunicando y que les dieron a conocer lo que yo poseo, por lo cual sentí terror fundado a las represalias a mi persona, mi familia y mis bienes; por eso acudí a narrar lo sucedido, porque lo tomo como amenazas hacia mi persona, y quiero que todo esto quede como antecedente, pues tengo temor de acciones futuras en mi contra”.
Otra de las denuncias presentadas es la del agente Raúl Rivera Ríos, con 16 años en la Policía, quien delató las amenazas directas vertidas contra él y su pareja sentimental, Denisse Viviana Alvarado Lucero, quien también es policía en activo.
Directamente o por medio de emisarios, los comandantes Humberto Durán y Juan González le dijeron: “Déjate de mamadas, retira la denuncia, nos está frenando los ascensos, si no lo haces la vamos a agarrar contra Denisse o vamos a sacar a colación los problemas que has tenido, laborales o sentimentales… te vamos a chingar de alguna u otra manera”.
El afectado relató a ZETA: “Me dijo Juan González, ‘Tienes 16 años trabajando aquí, tú sabes cómo se dan los grados, aquí se dan como nos da la chingada gana. Para empezar quiero que digas que Martín Ceballos (recién electo presidente de la Asociación de Policías) está cobrando mil 500 dólares para que les dé un ascenso, y que además hagas público que no es tu firma la que aparece en el juicio de impugnación; haz todo eso y no vamos a perjudicar a tu vieja”.
Karla Pino y otros agentes también mencionan cuentas falsas abiertas en Facebook donde los mensajes son: “Contesta cabrón o quieres guerra”, o “Dejen de moverle porque los van a matar”.
