La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó la recomendación 12/2016 en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali por violación a los derechos a la vida, seguridad jurídica y al principio de legalidad en relación a la libertad e integridad de personas, en agravio de pobladores del ejido Guadalupe Victoria en el Valle de Mexicali.
El documento se expide a casi un año del asesinato del joven Antonio Cervantes. El 30 de noviembre del 2015, agentes de la policía municipal le dispararon en la parte posterior de la cabeza y en la espalda.
Según el documento, los policías usaron excesivamente la fuerza, poniendo en riesgo no solo la vida de la víctima, sino de los vecinos del poblado Guadalupe Victoria. Señala también que los disparos no estuvieron debidamente motivados, de acuerdo al marco normativo que debe seguirse en detenciones en flagrancia.
La CEDH también documentó hostigamiento y amenazas contra familiares y vecinos de Cervantes.
Sin embargo, hasta el momento el expediente en la Sindicatura Municipal y la carpeta de investigación en la PGJE se encuentran en fase de integración.
La información que ZETA ha recabado del hecho, dicta que Antonio Cervantes fue perseguido días antes por un altercado que tuvo con agentes municipales de la delegación Carranza. Los oficiales ingresaron irregularmente a su casa, incluso amenazando a su esposa.
El 30 noviembre, cuando fue localizado, salió de su escondite desarmado y con las manos arriba, momento en el que los policías abrieron fuego en su contra a dos metros de distancia.
Félix Vidauri, padrastro de la víctima, afirmó que a raíz del homicidio continuó el acoso de policías municipales, incluso dos testigos que presenciaron la ejecución de Cervantes fueron detenidos y uno continúa en la cárcel.
“Afortunadamente con esto se demuestra que efectivamente podemos confiar en las instancias gubernamentales, no es nada más de membrete, claro que hay que pelearles porque las corporaciones tratan de protegerse, afortunadamente fueron tantas las pruebas y evidencia que pudimos comprobarles que parece que está saliendo favorable hacia nosotros”.
Vidauri reconoció que Antonio no tenía un modo honesto de vida, sin embargo, no tenía orden de aprehensión en su contra, “lo que se refleja la ineptitud, la incapacidad y el dolo tratando de chingar, se lo chingaron”, expresó molesto.
Pidió a la Procuraduría avanzar en las investigaciones y que le den una copia del expediente ya que hasta el momento se lo han negado.
Por su parte el director de la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega, expresó que hasta el momento no han recibido la recomendación de la CEDH, por lo que una vez que sea recibida de manera oficial realizarán el estudio para poder contestarlo.
Reconoció que por el tiempo en que se presenta la resolución tendría que ser la próxima administración quien pudiera responder al organismo, ya que se encuentran a días de terminar su encargo.
Por su parte el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), David Lozano, dijo que el expediente aún no se ha judicializado porque faltan algunas diligencias.
Lozano señaló que la investigación sigue su curso en contra de dos agentes municipales señalados, y afirmó que en caso de que no opere una legítima defensa se deberá judicializar.
