Esta mañana 17 de noviembre, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Perla del Socorro Ibarra Leyva reveló que la dependencia abrirá una averiguación previa a raíz de la denuncia pública que 42 periodistas hicieron contra personal de Comunicación Social, particularmente, Jorge Cornejo Manzo, jefe de imagen y publicidad por amenazas y presiones, así como orquestar campañas de desprestigio a directivos de medios.
La procuradora dijo ante reporteros que “todo lo que a nosotros nos llega al área de la Procuraduría, la remitimos al subprocurador de zona para su análisis. Entonces el subprocurador, a él se la voy a remitir.
Es decir, será Jorge Alberto Álvarez Mendoza, subprocurador de Justicia en Tijuana, el encargado de la integración de expediente. “Para que él realice lo que corresponda con respecto a esa denuncia”, agregó la funcionaria ante reporteros.
En el documento hecho público mediante varios medios de comunicación dirigido al gobernador, a la propia procuradora, al ORFIS y diputados locales y federales se pide una investigación por varios testimonios que pesan sobre Cornejo y otros funcionarios debido, entre otras cosas, a condicionar partidas de publicidad a cambio de manejar o manipular temas en la prensa.
“Como ahí (en la denuncia pública) se habla de generalidades, -prosigue la procuradora- tendrá que hacer la investigación para determinar si existió la comisión de un delito”.
Lo anterior lo dijo luego de terminar su participación en la sesión semanal del Grupo Madrugadores de Tijuana.
La mencionada denuncia pública publicada el viernes 11 de noviembre y que ha despertado manifestaciones de apoyo de organizaciones oficiales y asociaciones civiles locales, nacionales e internacionales, se solicita al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, “ordene una investigación exhaustiva a la Contraloría del Estado, y una auditoría financiera, para observar y analizar el manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección de Comunicación, y de manera particular en la Dirección de Imagen y Publicidad”, al cual dirige Cornejo Manzo.
“Las acciones de dicha investigación y auditoría deben ser acompañadas como testigo social por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asegurar sus conducción imparcial, la exhaustividad de sus pesquisas y la transparencia de los resultados”.
Además hace referencia que en 2015 el Gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid compró inserciones pagadas en diferentes periódicos para “referirse a un medio y a una actitud (con) la siguiente frase: “hacemos Público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercido…”.
La carta de los periodistas, recién publicada explica: “Esa expresión, describe el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado por directivos y periodistas de diversos medios de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado”.
