Un funcionario de los primeros niveles de la administración estatal ha sido señalado por tener una cuenta pendiente con la Secretaría de la Función Pública federal. Se trata de un tema que data desde el inicio del actual Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto, y que tomó forma el 28 de febrero de 2014, cuando el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación emitió una resolución donde se le inhabilitaba por diez años, es decir, hasta el 29 de febrero de 2024.
El funcionario en cuestión asegura que hay un proceso judicial donde ha buscado el amparo de la justicia federal contra lo que considera una sanción injustificada, desmedida, sobre todo por la naturaleza de la acción.
Y es que no sería el primer dardo lanzado desde el Gobierno Federal -de corte priista- contra funcionarios de Baja California -emanados del Partido Acción Nacional- con acusaciones de diferente índole, pero que han golpeado a funcionarios del primer círculo gubernamental y blanquiazul.
Foto: Tomada de Internet/Gustavo Manríquez
En este caso se trata del secretario particular del actual secretario general de Gobierno -Francisco Rueda-, que tiene origen desde la última administración federal panista con Felipe Calderón a la cabeza.
El nombre del funcionario es Gustavo Manríquez Flores y es cuestión de googlear -verbo de nuevo cuño- el nombre en la página de la Secretaría de la Función Pública para que aparezcan los datos. La inhabilitación como sanción impuesta por el Órgano de Control Interno como la autoridad, tiene el 27 de febrero de 2014 como fecha de resolución y el 29 de febrero de 2024 como finalización de la sanción.
Esta es la historia con datos del propio Manríquez, quien tuvo oportunidad de aportar su versión de lo sucedido. Con la llegada del bajacaliforniano Francisco Blake Mora a la Secretaría de Gobernación, un grupo de panistas de la entidad fueron invitados a formar parte del equipo en esa dependencia, entre éstos Óscar Vega, Cuauhtémoc Cardona, Carlos Reynoso y varios más. En el equipo iba Gustavo Manríquez Flores, quien ha sido funcionario público en varias dependencias, en la última fase, en el Sistema Educativo Estatal.
Blake Mora -brazo derecho de José Guadalupe Osuna durante su gubernatura- fue ungido como titular de la Secretaría de Gobernación a mediados de julio de 2010. En ese tiempo Manríquez Flores se integró como encargado del área de Recursos Humanos de la dependencia, hasta septiembre de 2012. El tema de la inhabilitación se generó a partir de la llegada del nuevo Gobierno Federal y tiene que ver con “despidos y contrataciones” de personal de esa dependencia. Asegura que ha seguido la ruta legal para defenderse ante el Tribunal Fiscal y Admirativo del Poder Judicial de la Federación. A la par se ha solicitado un amparo a través de la justicia federal y, de acuerdo a su óptica, estaría por conocerse el resolutivo.
Manríquez argumenta que los quejosos también recurrieron a una demanda penal, otra laboral y de paso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ninguna ha prosperado.
“Se trata de un tema que está en proceso”, considera Gustavo, pero por lo pronto su nombre aparece en el listado vigente de los funcionarios sancionados de la Administración Pública Federal.
Además…
Pero ese no es el único tema que le pega a Manríquez Flores. Aparte, desde fines del año pasado han circulado copias de algunos documentos donde se
Foto: Tomada de Internet/Blanca Patricia Ríos,
diputada
cuestiona que se haya otorgado una plaza de directora a su esposa, Patricia Vidal, quien de tener categoría de prefecta, fue nombrada directora del Centro de Capacitación en un trámite de cambio de categoría por dictamen escalafonario. A Manríquez le han achacado el ascenso laboral de su mujer.
Sobre el tema, el funcionario también tuvo oportunidad de dar su versión, dijo que Vidal Martínez cuenta con 24 años de servicio docente, que el puesto se lo ganó por su desempeño y que la Ley del Servicio Profesional Docente no abarca ese tipo de escuelas -los Centros de Capacitación-, dado que son espacios donde se brinda capacitación de carácter técnico a los alumnos; es decir, diferente a los planteles de educación básica del Sistema Educativo Estatal, y recalca que él nada tuvo que ver con ese nombramiento, el cual se debe -reitera- a la carrera laboral de su cónyuge.
Mal paso
Con fecha 31 de octubre de 2016, en la actual y aún incipiente XXII Legislatura, recibieron un oficio con un singular tema: un exhorto para no cambiar el sentido de la Comisión de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en función que se pretende no solo cambiarle el nombre, sino fusionarla con la de Juventud y además ponerla en el grupo de comisiones no dictaminadoras.
Foto: Sergio Haro/Blanca Patricia Ríos,
diputada
En el documento firmado por Rebeca Maltos, coordinadora de la Coalición Gente Diversa de Baja California, esa misma comisión en la XX Legislatura se denominó De Equidad y Género, y en la XXI, le cambiaron el nombre a Comisión de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y desde hace tres legislaturas, es dictaminadora.
Ahora en función de la llamada “Reingeniería de las Comisiones”, hicieron una especie de “combo” y juntaron varios temas, quedando al frente de esa Comisión la diputada priista Blanca Patricia Ríos, la joven que ocupa el escaño 25 debido a una impugnación por paridad de género que al 15 para las 12 le hizo válida la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la práctica -consideran-, al juntar Juventud y Equidad de Género están demeritando ambas comisiones, aparte de que pretenden que con el presupuesto de una, se atiendan ambos temas.
En suma piden que se recobre su sentido original, por eso el exhorto y atención a la instalación de ésta, programada para el miércoles 9 de noviembre.
Otros
El tema del ORFIS se les salió de control y la pretensión de “guillotinar” a 103 empleados parece ir en sube y baja, sobre todo porque ahí se mezclan intereses de todo tipo. Por ejemplo hubo dos empleados que originalmente incluyeron en la lista de bajas, pero que les surgieron padrinos, como el caso de Maritza Chacón -parece que vinculada a Gustavo Sánchez, el alcalde electo- y Adriana Noriega, hija de la ex diputada y líder del sindicato de Salud, Virginia Noriega. Y no son las únicas.
Entre el personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California aseguran que hay empleadas que son “herencia” de Manuel Montenegro -que las conoció en el banco Santander, donde eran empleadas- y una es la de nombre María Luisa, quien fungía como su secretaria ejecutiva, además de su mejor amiga, Rosalba Escobar. Hasta ahora las dos parecen inamovibles, mientras los que no tienen ningún padrinazgo, prueban el amargo sabor del desempleo.
