La relación cotidiana entre los medios y el poder siempre será complicada. Lo anterior me parece normal, a nadie debe de asustar porque desde su surgimiento cada quien nació con un interés diferente. Los medios de comunicación intentan convertirse en un contrapeso necesario en la sociedad y los gobiernos buscan encontrar mecanismos que les permitan informar a los ciudadanos sobre su labor a través de los medios en sus diversas modalidades.
La definición anterior parece más bien un concepto teórico “del deber ser” de cada quien, el problema viene cuando ambas partes o alguna de éstas se exceden.
En lo personal tuve el privilegio de ser nombrado por el Gobernador Eugenio Elorduy como Director de Comunicación Social en el Gobierno de Baja California en el periodo del 2001 al 2007. Mentiría si afirmara que los 6 años fueron una relación con los medios de comunicación tersa, pero lo que sí puedo sostener es que se construyó una dinámica de trabajo basada en el respeto.
Los tiempos y las circunstancias seguramente son muy diferentes, pero a lo largo de los 6 años que estuve al frente de la comunicación con Elorduy siempre cuidamos esa relación muy a pesar de sostener claras diferencias. Con la gran mayoría de los medios teníamos un convenio o contrato publicitario lo cual nos permitía difundir nuestras campañas de comunicación. Admito que en esos tiempos los montos de inversión no eran públicos.
Con varios medios de comunicación tuvimos serios desencuentros a no compartir la forma en que abordaba cierta información o simplemente acusaciones que nosotros considerábamos pruebas insuficientes o versiones a medias. Estoy cierto que en algunas tuvimos la razón, en otras seguramente no, pero lo que invariablemente siempre defendimos fue dar nuestro punto de vista.
Recuerdo una anécdota: en el segundo o tercer año de gobierno los periódicos Healy nos denunciaron ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por lo que ellos llamaron un “boicot publicitario” en contra de sus medios representados en el estado. La SIP ni siquiera nos requirió información o mínimamente escuchó siendo que éramos una de las partes supuestamente involucradas. Evidentemente perdimos el caso y a las semanas nos llegó una especie de exhorto a “comportarnos”. Al día siguiente preparé una carta con nuestra defensa –a pesar de que ya era “cosa juzgada”– y la envié a la sede de la SIP en Miami, Florida, junto con varias carpetas que contenían las facturas y las inserciones en sus medios con los montos de inversión. Nunca obtuve respuesta.
Aun así, sostuvimos en los siguientes años una relación de trabajo y respeto con los periódicos Healy a los cuales siempre agradeceré su disposición al diálogo y a la búsqueda de entendimientos cada quien viendo y defendiendo su legítimo interés.
La relación entre los medios y el poder es compleja, se acentúa cuando desde el gobierno se olvida tener una agenda proactiva donde involucremos a los medios y no solo se reaccione ante las eventuales críticas o señalamientos porque siempre van a existir.
Los medios de comunicación en sus diversas expresiones estarán ahí, su tinta nunca se acabará por lo cual no se puede apostar a su desaparición por falta de información, castigo publicitario o acoso a quien ejerce el oficio como estrategia de Gobierno.
Tiempo de compensación.- Mi solidaridad para Adela Navarro a quien respeto y admiro. También mi reconocimiento a periodistas y directivos que firmaron una carta en apoyo a aquellos medios de comunicación víctimas de persecución gubernamental. Lograr firmas de medios tan disímbolos no es poca cosa. Ojalá y se entienda.
Alejandro Caso Niebla es consultor en políticas públicas, comunicación y campañas; se ha desempeñado como vocero en la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno Federal, así como Director de medios en la Presidencia de la República. También fungió como Director de Comunicación Social en el Gobierno del Estado de Baja California. @CasoAlejandro
