En una propuesta de reforma parcial sin una exposición de motivos sólida, y sin consultar a grupos ciudadanos el gobernador plantea eliminar la Secretaría de Seguridad y crear la figura de un fiscal todopoderoso que seguirá siendo su empleado porque -aún- no le da autonomía. Desde el gabinete, la versión es que habrá una fusión favorable, y en algún momento, un nuevo organismo de seguridad
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Con su firma en una propuesta de reforma, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sin consultar ni a colegios de abogados, ni a consejos u organismos de la sociedad, decidió desparecer la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a pesar que en su exposición de motivos habló de “un esquema de corresponsabilidad y participación ciudadana”.
La intentona del gobernador por desaparecer la SSPE, es parte de una iniciativa que envió al Congreso del Estado y fue recibida oficialmente el 21 de octubre de 2016. Sin informar a la población de sus planes ni considerar a la sociedad civil que particularmente en el tema de la seguridad ha estado cooperando, en lo oscuro, envió el documento al Congreso, donde propone “fusionar” la Secretaría de Seguridad Pública con la Procuraduría General de Justicia del Estado para crear un híbrido -con mayor respeto a la estructura y facultades de la PGJE- que se llame Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, a diferencia de la aprobada Fiscalía General de la Nación, que se propuso independiente y cuyo nombramiento de titular recae en el Senado de la República, la propuesta del panista conserva la designación del titular como un privilegio del gobernador.
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Al intentar o buscar tal fusión (tiene mayoría en el Congreso del Estado), Vega de Lamadrid ignoró o incumplió su promesa de campaña hecha el 7 de junio de 2013 -ver ZETA edición 2045- cuando afirmó: “… el procurador deberá ser electo por la gente, el procurador es el abogado del pueblo, el pueblo decidirá quién es, y dejará de ser un funcionario más designado por el gobernador”.
De acuerdo al articulado que envió a los legisladores, la intención es crear un fiscal omnipotente, sobre el cual cerrarán un “círculo peligroso de poder “, mencionó el abogado Arnoldo Castilla.
Arnoldo Castilla
Según el texto, la Fiscalía General del Estado “… tendrá a su cargo al Ministerio Público, en consecuencia, conducirá las funciones de investigación y persecución de los delitos; el ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales; será responsable de la seguridad pública del Estado a través del mantenimiento del orden y la paz pública; asumirá el control y mando de las instituciones policiales del Estado, y administrará el sistema estatal penitenciario e instrumentará el modelo de reinserción social”.
Peligroso círculo de poder
Arnoldo Castilla conocido abogado, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y ex jefe del área jurídica del Congreso del Estado, refirió los riesgos de la decisión del gobernador de no dar autonomía a su propuesta de Fiscalía General, y de concentrar funciones en lugar de descentralizar:
“Que el gobernador nombre al procurador y lo pueda cesar, le da un poder no adecuado en un Estado democrático de derechos. El procurador debe ser designado de otra manera, mediante un examen de méritos, un estudio de los antecedentes, incluso un examen académico. Debe ser autónomo para que tenga incluso la capacidad de perseguir a un mal gobernador. Una de la condiciones es democratizar el sistema de justica, evitar los centros de poder que puedan romper el sentido del derecho”.
Manifestó que fusionar la Procuraduría y la Secretaria de Seguridad es confundir las tareas. “Revolver al titular de cárceles con la procuración de justicia me parece muy peligroso. La Secretaría de Seguridad debe dedicarse a la inteligencia policíaca y prevenir el delito, y la Fiscalía debe dedicarse a la investigación del delito, la persecución y buscar en última instancia la sanción del delito”.
Castilla advirtió: “¡Cuidado! Estamos centrando el poder en una sola persona, cerrando un círculo de poder muy peligroso”.
Vega dictatorial
El abogado penalista Fernando Rosales, vicepresidente del Colegio de Abogados Ejercicio Libre del Derecho, recordó que la reforma federal similar a la que hoy hace el gobernador, que crea la figura del fiscal general, “es por nueve años y su nombramiento es a propuesta del propio Presidente de la República, pero el Senado, con las dos terceras de sus miembros, establece que lo debe elegir el Senado. Es algo interesante que el gobernador no observó seguramente por desconocimiento de los asesores de él, espero que los diputados locales sí lo observen”, y lo cambien y adecuen a la Constitución federal.
Justificó: “Una selección con participación del Poder Legislativo legitima un trabajo transexenal, que le da autonomía, claro, incluyendo que la doten de personalidad jurídica y patrimonio. Cierto, en México ésta es aún una forma incipiente de autonomía, faltarían por lo menos unos 30 años más para pensar en una autonomía pura, pero debemos empezar ya.
Fernando Rosales
“Aquí el gobernador en su iniciativa está planteando que será a propuesta de él. Es una decisión dictatorial contraviniendo los principios rectores de la misma Constitución, en la que ya se establece la forma, que es lo que debería haber hecho el gobernador y que no hizo, haber renviado por lo menos una terna y que sea el Congreso quien decida con las dos terceras partes de los presentes quién va a ser el próximo procurador general y también establecer en esta iniciativa, que no la hizo el gobernador, la duración del fiscal general en el Estado”.
Respecto a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosales afirmó que es un tema de magnitudes significativas, porque es la que maneja los centros penitenciarios, la Policía Preventiva, tiene a cargo los fondos de seguridad pública. “El próximo fiscal federal va a tener una carga de funciones enormes, por eso el gobernador debe tener mucho cuidado, porque eso solo será positivo a la luz de una designación correcta del fiscal general”.
Ciudadanos organizados “en contra”, con voz pero sin voto
Grupos ciudadanos se manifestaron preocupados porque el gobernador Francisco Vega propuso su reforma en lo oscuro. “No sabíamos nada, total desconocimiento, que es lo que me preocupa. Lo que me comentaron es que quieren fusionar Procuraduría y SSPE, leí que no iban a perder autonomía -declaraciones del secretario de Gobierno, Francisco Rueda-, a lo que no le encuentro sentido”, expuso Jonathan Díaz, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
“A mí me preocupan varias cosas; uno, que sea una manera de querer seguirle reduciendo el presupuesto a Seguridad Pública; dos, que poner otra persona entre el secretario de Seguridad Pública y el gobernador, y si ahí yo siento que no fluye como debería, pues ahora menos; y tres, que se pretenda desaparecer la Secretaría de Seguridad que, contrario a otras instancias, sí ha avanzado. No le quiero echar flores y tenemos claras las críticas contra la PEP, pero mínimo en la cuestión institucional, los reconocimientos por los trabajos, las certificaciones de la Academia de Policía, a C3 a C4, la capacidad para obtener recursos federales ahí están probadas.
“Se pretende fusionar, dos secretarías donde en el mejor de los casos se perciben con resultados marginales, dejan mucho que desear”, agregó Juan Manuel Hernández Niebla, coordinador de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) nacional, además, “es muy obvio que eso no se consensuó con las estructuras adecuadas.
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal apenas arranca, ese debería ser el enfoque fundamental de la Procuraduría actualmente y tratar de abatir el rezago en materia de procuración y ahorita les están aventando a la Policía, considero que no existen ni los recursos, ni las estructuras para llevarlo a cabo”.
Job Montoya
Y planteó que eventualmente ese fiscal que pretenden estructurar como todopoderoso deberá ser autónomo: “Entonces, ¿dónde quedará la responsabilidad del gobernador respecto a la seguridad del Estado?”.
Cuando se les preguntó a todos qué harían al respecto, indicaron que recurrir a los diputados del Congreso local, sin embargo, no mostraron grandes esperanzas: “En estos momentos creo le está apostando a que tiene un Congreso totalmente a favor y está tirándole a que esto pase rápido”, concretó Hernández Niebla.
Congreso socializará el tema
Consultados, los diputados presidentes de las comisiones que deberían participar en el análisis previo de esta propuesta, Job Montoya (Seguridad), Andrés de la Rosa (Legislación y Puntos Constitucionales) y Victoria Bentley (Justicia), esta última informó que De la Rosa, a quien le correspondía dictaminar, se excusó por “conflicto de intereses”, pues es hermano del secretario a quien proponen eliminar del organigrama, y el análisis quedó en la Comisión de Justicia.
“Hoy (jueves 3 de noviembre) mi Comisión recibirá la propuesta, y estaré convocando la próxima semana, porque mañana es día inhábil para todos, a tener una reunión con la Comisión de Justicia. Mi obligación es escuchar a todos, hablaremos con todas las partes involucradas, citaremos a la procuradora, al secretario de Seguridad del Estado, al Poder Judicial, a los colegios de abogados, empresarios; vamos a socializar para que conozcan el tema porque es algo importante. Y no quiere decir que se vaya a votar como lo presentó el gobernador, se puede adecuar al marco legal pertinente. En cuanto se consensue a la Comisión voy invitar a los medios para que vean cómo se trabajará en las mesas”, prometió.
Propuesta parcial del gobierno
La iniciativa de reforma está fechada el 19 de octubre de 2016 y sellada de recibida en Oficialía de Partes el día 21, sin embargo, se hizo pública hasta el jueves 27, cuando los diputados -en plena comparecencia- le preguntaron del tema a la procuradora Perla del Socorro Ibarra, quien manifestó públicamente desconocer el tema.
El gobernador de Baja California está planteando al Congreso “la transformación de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Publica en una Fiscalía General del Estado, donde se vea unificado -fusionado- el sistema de seguridad pública, la persecución de los delitos y la reinserción social”.
Respecto al destino de la Policía Estatal Preventiva (PEP), el texto indica que “… la Fiscalía General para el cumplimiento de sus funciones contará con la conducción y mando de las instituciones policiales estatales, las cuales regirán su actuar bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos…”
En entrevista telefónica, el licenciado Rubén Armenta Zanabia, subsecretario de Gobierno para Asuntos Legislativos, ofreció detalles, de entrada insistió en que la SSPE no desaparecía: “Entiendo la confusión, pero la reforma constitucional es una primera parte, se menciona la Procuraduría solamente porque recién nos dimos cuenta que la Secretaría de Seguridad no está en la Constitución, más que sus funciones. Lo que señala la propuesta es la creación de fiscalía y las estructuras de Procuraduría y Secretaría, ambas, queda abajo”.
— ¿Cómo?
“Aún se está trabajando para la Ley orgánica, pero lo previsto hasta ahora es la Fiscalía General arriba y fiscalías delegacionales que serían por ejemplo las subprocuradurías de zona. Y por un lado, un encargado del tema de prevención para un organismo al que le estamos buscando el nombre adecuado a una figura que pareciera el actual secretario”.
— ¿Por qué no le dio autonomía a la fiscalía, como es la tendencia nacional?
“Porque la Constitución indica que el gobernador es el responsable de la seguridad, pero insisto: esto es una primera parte, si en la reforma del Senado se vota que sea autónoma, entonces nosotros buscaremos otras opciones para el tema de la seguridad y el gobernador; estamos revisando los modelos de mandos mixtos”.
— Entonces, si federalmente se decide que las fiscalías sean autónomas ¿ustedes deberán crear de nuevo otra Secretaría de Seguridad?
“Entonces entraríamos en otra dinámica, no una secretaría pero otra figura o nuevo sistema, que ya está en estudio en el Senado, pero no me gustaría hablar hasta que los análisis avancen”.
Armenta Zanabia concluyó hablando de los beneficios: “Sí existen muchos beneficios, la coordinación, pero sobre todo la unificación de sistemas en el combate a la inseguridad, en la reinserción, programas en conjunto una sola directriz. Independientemente del obvio ahorro de recursos, que no es lo más importante en este tema”.
