La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, insistió en que el Gobierno del Estado, específicamente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), debe investigar los homicidios violentos de mujeres con perspectiva de género, es decir, como un feminicidio. Agregó que lo primero a descartar en estos casos, es que la víctima haya sido asesinada solo por el hecho de ser mujer.
La ombudsperson fundamentó lo anterior no solo en el Código Penal de Baja California, sino en determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -554/2013- y en recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para México.
Recordó que desde octubre de 2015, mediante un documento oficial, la CEDH instó al Gobierno del Estado de Baja California a tomar en cuenta el Artículo 129 del código penal local (relativo al feminicidio), así como las recomendaciones mencionadas.
“Lo hicimos al principio en septiembre de manera espontánea, pero lo formalizamos el 5 de octubre (2015), sacando de manera oficial un comunicado donde le pedimos al Gobierno del Estado investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, desde el principio para después descartarlo”, indicó Olvera.
Lo anterior a propósito del seguimiento que ZETA ha hecho de los asesinatos de la menor Gabriela Vázquez Gatica y de la joven Cynthia Calderón Verduzco -ocurridos en septiembre de este año-, los cuales tienen las características tipificadas como feminicidio en el Código Penal de Baja California. En el caso de Cynthia, el principal sospechoso es el novio de su madre, es decir, hay una relación por afinidad. En el caso de Gabriela, fue golpeada y su cuerpo exhibido en un lugar público.
Olvera Rodríguez mencionó que ya se ha solicitado al Congreso del Estado lo necesario para que el próximo año pueda consolidarse un observatorio como parte del programa de igualdad de género de la CEDH, el cual estaría integrado también por miembros de la academia y organizaciones de la sociedad civil, que le darían otro nivel a las exigencias del propio órgano garante de los Derechos Humanos.
“Cuando nosotros nos pronunciamos por cualquier tema, previamente llevamos una investigación diagnóstica que nos da elementos para poder hacer un pronunciamiento oficial. Con base a la experiencia e información recabada en poco más de un año y medio de gestión, consideramos urgente que tengamos este órgano mixto entre la defensoría del pueblo, la academia y asociaciones de la sociedad civil, el ámbito empresarial y los medios de comunicación”, dijo Olvera para, por último, exhortar a víctimas y familiares que consideren hay irregularidades en las investigaciones de los crímenes que hayan sufrido, a que se acerquen a la CEDH con la posibilidad de iniciar una queja.
