La Constitución ha dejado de ser la inspiradora del gobierno. Los que ahora gobiernan creen que es tan solo un manual de procedimientos sin valor real, a la que pueden dejar de aplicar cuando convenga a los intereses políticos o del gobierno o de un grupo. Por eso ahora se viola con tanta impunidad.
Por eso no me sorprendió que el Senado persistiera en seguir violándola, al persistir en alargar a 9 años el encargo de cuatro magistrados electorales, cuando la Constitución establece expresamente que deben ser cuatro años, en el artículo 99, párrafo cuarto, sino que, además, hacen alarde de su ignorancia y de su violación constitucional, al convocar nuevamente a los cuatro magistrados, que ya habían tomado protesta, pero que a alguien brillante en el Senado se le ocurrió que, como el mandato ahora es de nueve y no de cuatro años, deberían nuevamente rendir protesta y los obligaron a acudir al Senado nuevamente para tal objetivo.
El artículo 133 de la Constitución establece claramente la supremacía constitucional al señalar que: “está Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen e ella y todos los tratados internacionales… serán la Ley suprema de toda la Unión”. La disposición requiere de interpretación, porque la doctrina mexicana y la jurisprudencia de la Corte, interpretan que las leyes del congreso a las cuales se refiere este artículo, no son las leyes federales, sino otro tipo de leyes que afectan a todo el orden federal, Federación, Estados y Municipios, como la Ley de Amparo, la Ley el Trabajo o las electorales, todas las demás son leyes federales secundarias y, por lo tanto, inferiores a la Constitución; por lo mismo, la reforma que hicieron los senadores para aumentar el periodo de los magistrados es ilegal, porque aunque hicieron una adición para establecer la excepción, lo hicieron a las leyes secundarias, en contra del artículo 99 de la Constitución como ya lo demostré arriba. Sí se puede ampliar el periodo de los magistrados, como excepción al artículo 99, pero, para dicha excepción se requiere el trámite establecido en el 135 de la propia Constitución. Se les olvidó a los senadores o lo ignoran, no sé qué es peor, que la Constitución no únicamente tiene 136 artículos, sino además los transitorios que registran las excepciones a las reglas generales, los cuales son también parte dela Constitución, por lo mismo, debieron haber sido reformado estos transitorios o agregados nuevos. Sé que esto es algo técnico, pero leí hace unos días que los senadores pagan 42 millones de pesos anuales a sus asesores. ¡Qué derroche del dinero del pueblo! ¿Qué, nadie de ellos estudio derecho constitucional?
Tal como comenté en mi anterior artículo, hay procedimientos de defensa de la Constitución, para eliminar los actos contrarios a ella, en este caso, solo dos, la acción de inconstitucionalidad, establecida en el 105 de la propia Constitución, pero ésta requiere que la soliciten los diputados o los senadores, pero demanda que sean el 33% del total de los integrantes, o el Procurador General de la Republica. Los requisitos contienen candados que hacen casi imposible solicitarla a la Suprema Corte de Justicia. Hago desde aquí un llamado a Raúl Cervantes, nuevo Procurador General del país, que solicite esta acción de inconstitucionalidad, él puede detener esta violación escandalosa. Es buen jurista, fuimos diputados juntos, sé que es sensible y razonable, apelo a sus conocimientos y compromiso con la legalidad del país, para que solicite declarar inconstitucional la reforma, o que el Senado repare en fast track, incorporando los transitorios a la Constitución.
Otra vía es la demanda de juicio político contra los senadores que votaron esta reforma. Esto es casi inviable, hay que hacer la solicitud ante la oficialía mayor de la Cámara de Diputados y luego ratificarla. Esto sería lo de menos, solo que no habrá voluntad política para atenderla, si tomamos en cuenta que hay cientos de solicitudes de juicio político y no atienden ni dan trámite a ninguno. Urge una acción popular para que los ciudadanos también podamos acudir ante la Suprema Corte y no solo los legisladores o el Procurador de Justicia de la Nación. Urge también una acción popular para solicitar castigo a los diputados que no dan trámite a las solicitudes de juicio político, pues su inacción los hace cómplices de los acusados en este procedimiento y su conducta vulnera la Constitución.
Su desacato debería castigarse con la pérdida de su cargo representativo y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Debería también establecerse una disposición que otorgue a otro órgano del estado la capacidad de sustituir la inacción de los legisladores. Si no dan tramite al juicio político en determinado plazo, lo hará la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, por ejemplo. Si no cumple a tiempo con su atribución de nombramiento, como también fue el caso de los magistrados electorales, los debieron haber nombrado en marzo y, violando la Constitución, lo están haciendo en octubre, lo debería hacer la Suprema Corte de Justicia.
En Chiapas impulsé una reforma que estableció que si los legisladores no legislan cuando hay mandato constitucional de hacerlo, lo hace el Poder Judicial del Estado. Ya se deben acabar las violaciones a la Constitución y dar un castigo ejemplar a los violadores.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana.
