El especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad doctor Francisco Bariffi, figura central del Foro de Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) realizado el 5 de noviembre, habló sobre el derecho a decidir de este sector de la población, particularmente aquellos con limitación intelectual.
“Nuestros ordenamientos jurídicos y nuestras prácticas sociales realmente no le han permitido a las personas con discapacidad intelectual tomar decisiones importantes sobre cuestiones de vida diaria como puede ser casarse, tener hijos, decidir dónde vivir, entrar o salir del país o tramitar cualquier tipo de pensión o solicitud ante la administración pública”, comentó quien también es uno de los redactores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
Bariffi explicó que la revisión realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca del cumplimiento del tratado entre los Estados firmantes fue negativa para México. Aunque todos los integrantes del tratado incurren en incumplimiento en mayor o menor medida.
Entre las observaciones, se señaló la existencia de figuras jurídicas como la interdicción, que elimina la capacidad de decidir de personas con discapacidad intelectual, proponiendo en cambio implementar mecanismos de apoyo que reemplacen estos procesos.
El especialista agregó que la convención reconoce el derecho a decidir en igualdad de condiciones con el resto de la población, por lo que no importa la condición o la magnitud de la discapacidad, puntualizando en la necesidad de apoyos que puedan ayudar a este sector a manifestar su voluntad, no desplazando la misma a un tercero o representante legal.
Agregó que las personas con discapacidad intelectual también tienen el derecho a equivocarse, situación a la que las personas sin limitaciones también están expuestas. Comentó que cualquier persona cuenta con sistema de apoyo con amigos y familiares con quienes consulta antes de tomar cualquier decisión de trascendencia, “un paradigma de interdependencia”.
El jurista ejemplificó argumentando que incluso personas con discapacidad intelectual severa como síndrome de Down o autismo pueden casarse, ejercer la maternidad, estudiar una carrera universitaria y votar de manera razonada e informada, actividades que no pueden realizar bajo la figura de interdicción.
Otro reto es enseñar a las personas con discapacidad a reconocer las situaciones de abuso, ya que al presentarse en actitudes y acciones sistemáticas, éstas comienzan a normalizarse. La interdicción priva a las personas con discapacidad de la capacidad de denunciar estos hechos, por lo que Bariffi puntualizó que no debe protegerse a la persona, sino a su derecho.
