Una persona no identificada sustrajo miles de pesos de las cuentas de la noble institución, pero ésta tardó siete meses en interponer una demanda penal. Además, no ha cooperado con las autoridades en revelar qué fue exactamente lo comprado con los recursos públicos, a fin de facilitar la investigación a la PGJE
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga por peculado a trabajadores del Centro de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Ensenada, debido a que alguien realizó transferencias interbancarias con la cuenta de la institución para comprar artículos en el portal Mercado Libre y realizó depósitos electrónicos en otras cuentas.
Los hechos ocurrieron la mañana del martes 19 de abril de 2016, cuando supuestamente ejecutivos de cuentas del Banamex en Mexicali telefonearon a las oficinas de DIF Municipal para informar que en ese momento se estaban registrando movimientos poco comunes por una cantidad de 311 mil pesos.
“Una auxiliar administrativa era la única persona en ese momento con acceso a la cuenta, pero el sistema estaba bloqueado, por eso no había posibilidades de que se hiciera desde la oficina”, argumentó el director de la paramunicipal, Benjamín Eduardo Salgado López.
La primera transferencia fue por 99 mil 450 pesos con referencia bancaria “Mayra1”. Posterior a ello hay otras hechas a terceros por 139 pesos y algunas por poco más de 14 mil pesos.
Transcurrieron cinco meses y el 29 de septiembre, DIF actuó interponiendo una demanda penal contra quien resulte responsable por el delito de peculado.
En la cuenta bancaria de donde tomaron dinero se manejan recursos para realizar compras diversas, desde artículos para programas asistenciales, gasolina para las unidades, limpieza, e incluso para completar la nómina de los trabajadores.
La paramunicipal es la única con información sobre qué compraron con el dinero público, pero hasta el momento se han negado a revelar la información.
DIF sugiere fraude cibernético
La presidenta del DIF, Consuelo Mora de Hirata, no ha dado declaraciones oficiales al respecto, pero a versión de Salgado López, fue en un lapso de minutos que a la institución por 311 mil pesos.
Una vez enterados por el ejecutivo de Banamex sobre los movimientos inusuales, la cuenta fue suspendida.
“En Sindicatura los auditores nos aconsejan asesorarnos con el jurídico del Ayuntamiento, donde nos establecen el proceso de la demanda, este procedimiento jurídico se indaga primero al interior”, anticipó.
Pasaron 45 días cuando las necesidades económicas apremiaron, fue entonces cuando se comunicaron con el banco, pero éste informó que los movimientos fueron reconocidos porque el consumidor cumplió con los códigos de seguridad demandados por la institución.
“Confiamos en la administración de Banamex porque ellos detectaron movimientos inusuales”, narró el servidor público, quien también confía en los trabajadores a sus órdenes.
En ese momento, supuestamente le mencionaron que por las características de los movimientos se pudiera tratar de un fraude cibernético.
Para el director era importante confiar en el banco y por eso tardaron meses en denunciar penalmente.
“Todo tiene que ver con un procedimiento, el tiempo fue el necesario para cumplir con el procedimiento jurídico”, recalcó.
Cada año DIF recibe en promedio 25 millones de pesos, de los cuales 13 millones conforman el presupuesto fijo, el resto se debe a aportaciones como donativos, redondeos y recaudación propia.
“Desde que llegamos hemos administrado con lo disponible, estamos en una situación precaria por el cierre de gobierno, pero estamos haciendo todo en nuestra manos. No dudaré en remover personal dependiendo de los resultados de la investigación”, advirtió.
PGJE no cree en fraude cibernético
El subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Marco Chavarría López, informó que ellos llevan a cabo una investigación por peculado y no por fraude cibernético.
La indagatoria es para quien realizó depósitos (ya cobrados) a diferentes particulares, además de compras en línea.
Al igual que la institución bancaria, por el modus operandi, Chavarría considera probable se trata de alguien allegado a la institución municipal.
“Hay un quebranto patrimonial, éste deviene de transacciones electrónicas hechas en el portal de internet Mercado Libre donde se adquieren diversos artículos, y ellos son quienes tienen acceso a las cuentas (DIF), son quienes tienen las claves, además de saber qué compraron”, indicó.
Información dada por el banco refiere que para realizar las compras usaron las claves de seguridad autorizadas por DIF y fueron generadas por un dispositivo electrónico, por ello es casi imposible pensar en un fraude.
“Al menos que las claves hayan sido extraídas, pero si fue o no, fraude es el banco quien va a determinar si hay una transacción fuera de procedimiento”, comentó.
Para la fiscalía el tiempo es importante, así, el hecho de que la paramunicipal haya tardado tanto en demandar afecta el curso de la investigación por el tiempo para reunir las pruebas.
Además, se pudieron hacer compras de productos que probablemente ya se vendieron, ello complica dar con el paradero del responsable.
Hasta el momento cuatro empleados son quienes usan comúnmente el dinero de esa cuenta; ya han sido citados a declarar.
Chavarría López dudó se trate de un fraude cibernético realizado fuera del país, porque las compras se hicieron en pesos, igual los depósitos. “Si fue así, tuvo que ser alguien dentro de la República Mexicana. En estos casos, determinar con base a la Policía Cibernética si tuvieron un acceso incorrecto y tengo entendido se podría determinar para saber desde cuál IP marca la conexión”, explicó el funcionario estatal.
La Policía Cibernética de Ensenada sí investiga, pero principalmente casos donde una persona se siente afectada por otra, por ingresos a perfiles ajenos o envío de correos electrónicos amenazantes, de manera que este tipo de transacciones no es un hecho común.
Sindicatura tampoco acepta timo online
El síndico procurador Iván Barbosa Ochoa no puede emitir una sanción administrativa mientras el DIF y Banamex no cooperen con la entrega de información oficial.
Él tiene sus dudas sobre por qué DIF tardó tanto tiempo en interponer una demanda penal, si bien Sindicatura fue enterada unos días después del supuesto desfalco, consideró tardada la actuación de la presidenta de la paramunicipal.
Analizó que Bancanet es un sistema seguro, que el uso del dispositivo electrónico satelital, denominado token, deja pocas dudas sobre el uso de las cuentas y las claves.
Por último, comentó que no puede obligar a la institución bancaria a comparecer y dar la información, su obligación es sobre funcionarios.
Hirata ni enterado
Hasta los primeros días de noviembre, el alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, no estaba enterado del desfalco.
El lunes 7 de noviembre, DIF Municipal lanzó un posicionamiento donde informa la existencia de un procedimiento legal iniciado por movimientos bancarios no reconocidos y no autorizados por la dependencia.
Conforme a derecho, a través de la Subdirección Jurídica de DIF Ensenada, se presentó la denuncia legal correspondiente el 2 de mayo de 2016 ante Sindicatura Municipal, quienes a su vez emprendieron el proceso jurídico ante la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre quien resulte responsable de dichos movimientos.
Hasta el momento el banco no ha respondido sobre su probable responsabilidad en los hechos, mientras las investigaciones por parte de Sindicatura, así como la PGJE, continúan el curso correspondiente y la paramunicipal sigue en espera de resultados.
Más enredos de DIF y Banamex
De manera repentina y sin dar detalles de lo ocurrido, el miércoles 16 de noviembre, Banamex informó a Sindicatura que en dicha cuenta bancaria mantienen “congelados” 182 mil de los 311 mil pesos que faltan.
Es decir, se trata de casi el 58 por ciento del daño patrimonial registrado.
Empleados de Sindicatura advirtieron que, aunque la institución bancaria regrese los 129 mil pesos que faltan, la denuncia penal tendrá que seguir el curso legal hasta dar con los responsables del peculado.
