El presidente de la Unión Estatal de
Transportistas de Baja California,
Raúl Castillo acusa al gobierno
municipal por darle largas al
reordenamiento del transporte
público en Ensenada y al Estado por
no hacer justicia en el homicidio
del regidor Arturo Castellanos
En medio del encono contra el Gobierno Municipal porque no autorizó el aumento de las tarifas durante todo el trienio, y al que acusan de irresponsable y falto de autoridad para ponerle orden al transporte público de Ensenada, el sector transportista también revivió su molestia por el caso del asesinato del regidor Arturo Castellanos, del que consideran el Gobierno Estatal resolvió “a medias”.
Tras reprochar que el presidente municipal Gilberto Hirata Chico ha ignorado al sector y no ha tenido “los suficientes…” para tomar decisiones, ni el interés de elaborar un “plan maestro de vialidad y transporte”, el presidente de la Unión Estatal de Transportistas de Baja California, Raúl Castillo aseveró que la misma falta de voluntad política la ha demostrado el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
“Hay una marcada molestia, estamos molestos los transportistas porque en el crimen de Arturo Castellanos no se ha esclarecido en su totalidad, el gobierno nos ha quedado a deber”, acusó el líder, quien fuera colega, socio y amigo de la víctima.
Un entorno de conflictos gremiales, acusaciones mutuas, agresiones físicas y verbales, amenazas, fraudes y denuncias penales entre los transportistas, derivó en el asesinato de Arturo Castellanos el 6 de febrero de 2011. Era el regidor primero de la fracción priista en el naciente Cabildo de Enrique Pelayo Torres, y miembro de la “Cooperativa de Transporte Urbano de Pasajeros ‘Rojo y Blanco’”.
Al filo de la una de la mañana el edil ensenadense, quien contaba con 49 años de edad, salía del ‘table dance’ “Los Mostachones”, ubicado en calles Cortez y Primera de la colonia Hidalgo. Platicaba con un acompañante en la acera antes de abordar su pick up Ford F-150 del año, cuando otro vehículo de la misma marca pero color verde, se acercó y descendieron dos individuos. Acribillaron de doce balazos al funcionario.
Los estudios periciales determinaron que se usaron dos pistolas diferentes para asesinar a Castellanos, una 9 milímetros y otra calibre 45, disparadas por expertos en armas cortas, quienes le soltaron cuatro balazos a quemarropa, otros tantos mientras caía y dos tiros de gracia. Se presumió la participación de hasta cinco individuos jóvenes, quienes huyeron en el pick up, el cual abandonaron a unas cuantas cuadras, en la colonia Maestros, y abordaron una camioneta RAV4.
Las autoridades consideraron que el asesinato fue perpetrado al estilo del crimen organizado, bien orquestado. Previo a la ejecución los sicarios a bordo del vehículo dieron un par de vueltas para identificar a su víctima, y en un video se vio cómo una patrulla municipal hizo un rondín minutos antes de los hechos.
Regidor Arturo Castellanos Ruiz, asesinado
Un ex elemento de una corporación policíaca que estuvo por la misma zona aquella noche, explicó a ZETA que él se percató del “ambiente” típico antes y después de una ejecución.
“Los policías abanderan, o sea, hacen un cordón de seguridad para que la gente haga el ‘jale’ y se largue. Abren camino…”, narra respecto a los primeros movimientos. Cuenta que oyó los balazos, “y luego lo clásico, el rechinar de llantas. Y como a los diez minutos empieza el desbarajuste, patrullas, sirenas…”.
La Procuraduría partió de dos líneas de investigación, la del crimen organizado, y la de conflictos entre las cooperativas transportistas por cuestiones económicas. El regidor Castellanos, quien había sido presidente de la cooperativa del “Blanco y Rojo” de 2004 a 2007, acarreaba acusaciones de fraude por parte de sus socios Medardo Meléndrez y Gonzalo Gutiérrez, con quienes a su vez sostenía un pleito mercantil. Otro cooperativista con el que tenía pleito al grado de agresiones físicas y denuncias penales era José Hernán Sandoval.
Raúl Carrillo, socio transportista de Castellanos y en ese momento director de la Unidad Municipal del Transporte, y el mismo presidente municipal Enrique Pelayo Torres, denunciaron amenazas de muerte tipo “Disfruta tus últimos días” y “¿qué no entendiste?”, mismas que no ratificaron en sus declaraciones ante la autoridad. Se giraron tres órdenes de aprehensión y el secretario general del gobierno del estado Cuauhtémoc Carmona Benavides externó a finales de 2011: “Estas investigaciones deben concluir lo más pronto posible”.
Sin inventos ni chivos expiatorios
“Yo le pediría al Gobierno del Estado que se decida a resolver el caso en su totalidad”, dice cinco años después Raúl Carrillo, presidente de la Unión Estatal de Transportistas de Baja California.
“Segundo, le pediría que no se vayan a buscar chivos expiatorios dentro del Transporte. Que se castigue a quien se deba castigar, que no se invente. Y tercero, pues que sea a la brevedad posible, porque eso les daría mayor credibilidad dentro del sector transportista. No se le devuelve la vida a Arturo Castellanos, un político joven, pero le devuelven la tranquilidad a varios, y entre ellos a un servidor”; externa a ZETA Carrillo.
Refiere el líder transportista que así como se le quiso involucrar en el crimen de Castellanos, las amenazas han sido permanentes todavía hasta el año pasado y ha puesto tres denuncias por eso. Pero no le sorprende dado el sector que lidera.
“Siempre que se ve afectado un poco el transporte empiezan este tipo de amenazas. Recibí amenazas de la ciudad de Tijuana, en las elecciones, cuando detuve cerca de quince taxis que venían de Tijuana a hacer propaganda política a Ensenada y a llevar gente a las casillas”.
Son amenazas que no le distraen la atención “y a lo mejor son ‘llamaradas de petate’, pero lo de Arturo Castellanos no fue ‘llamarada de petate’ y el mensaje era muy claro para los dos”.
Por otra parte acusa que tuvo una persecución por parte de la anterior titular de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Lidia Gallegos, quien inició una cacería de transportistas a partir de las revelaciones de un testigo protegido al que se le pagaba para incriminar al mismo gremio y a él en el crimen de Castellanos, “claro que son mentiras, puras mentiras”. Un ex policía consultado mencionó el nombre del “testigo protegido” y dijo que fue empleado del mismo Castillo.
Afirma el líder transportista que tuvo que encarar al gobernador José Osuna Millán un año antes que dejara el mando: “Oye, ya para a tus perros, me traen en chinga, porque les exijo el esclarecimiento me quieren inculpar”.
Respecto a los problemas y señalamientos que tuvo de malos manejos financieros su colega y amigo, manifiesta Castillo: “A Arturo Castellanos lo conozco desde que llegó a Ensenada, fue chofer, empezó a estudiar para contador privado, doblaba turnos, él se abrió camino en base al esfuerzo, logró incrustarse como socio del ‘Rojo y Blanco’, logró ser presidente de la cooperativa, y la visión que él traía era hacer de la cooperativa una empresa moderna, y la misión se le facilitaba ahora siendo regidor…Las cosas hubieran cambiado mucho en el transporte”.
Marco Chavarria sub procurador
Dice Castellanos que al inicio de la gestión del gobernador Francisco Vega se retomó la exigencia y que aquél prometió no parar, hasta esclarecer el crimen: “Desgraciadamente no hemos visto avances significativos, y si los hay, el sigilo que mantiene la Procuraduría lo mantiene uno al margen de nuevas pesquisas o nuevas indagatorias”.
Tres detenidos y un autor intelectual
“El contacto lo hemos tenido directamente con la familia, el procedimiento que se está llevando y la información la hemos compartido con la mamá, con las hijas, con la esposa”, aclaró Marco Antonio Chavarría, subprocurador de Justicia del Estado (PGJE) en Ensenada.
“Propiamente la familia son las víctimas”, ponderó el funcionario. “También con ellos llevamos a cabo reuniones de manera periódica con el propósito de enterarlos de cómo se va desarrollando el proceso en cada una de las etapas”, aunque dice que cada vez que el sector transportista les ha solicitado información se les proporciona, en la medida que se los permite el Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California que se rige por el sistema tradicional.
Respecto a los avances en la investigación del homicidio del regidor priista Arturo Castellanos, existen ya seis órdenes de aprehensión contra otros tantos sujetos que dispararon directamente contra el funcionario o participaron en la movilización de carros y dotación de armas.
“De ésos tengo tres personas capturados, y tengo tres pendientes todavía, la localización de esas personas es trabajo que la Policía Ministerial está llevando a cabo”, explicó.
La investigación aún está en la etapa de instrucción pero para la Procuraduría la estrategia de la acusación por parte de la Fiscalía es sólida, derivada de las declaraciones vertidas por los seis detenidos, quienes aseguraron que les pagaron 200 mil pesos en total al grupo “contratado” en Sinaloa para ejecutar al regidor y transportista Castellanos.
“Llegaron a esta ciudad, les ubicaron a la persona, les señalaron de qué manera lo localizaron y quién lo priva de la vida. Y son las personas que hemos estado deteniendo conforme la investigación se fue dando”, detalló el subprocurador.
Los procesados bajo el expediente 341/2012 del Juzgado Penal y la averiguación previa 378/11/300 de la PGJE, son Noé Javier Armenta, Martín Rochín Armenta y Saúl Camacho Avendaño, todos sinaloenses, matones contratados para atacar a Castellanos.
“Para nosotros la investigación previa concluyó, pero nuestra acusación ante el Juzgado la tenemos abierta, es decir, tenemos que concluir con el Juez dicte una sentencia condenatoria en contra de estas personas”.
— ¿Y en cuanto a los autores materiales?
“Bueno…hay parte…Aquí se habla de un solo autor en ese sentido, él todavía no ha sido detenido pero hay información importante en la investigación en el Grupo de Aprehensiones, quien tiene la orden de aprehensión. Pero desde luego eso no lo reservamos porque es materia de la propia ubicación de esa persona”.
En cuanto a móvil del crimen la Procuraduría constató que fueron por los conflictos personales y de carácter económico suscitado dentro de la administración de la “Cooperativa de Transporte Urbano de Pasajeros ‘Rojo y Blanco’”, dividido en dos grupos y en donde los socios de ambos frentes escenificaban agresiones mutuas día a día, mismas que fueron subiendo de tono.
El subprocurador Chavarría reiteró que siempre se le ha tenido al tanto de los avances al sector transportista, en tanto que la autoridad reconoce a Castellanos como un miembro de ese sector.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que era miembro Arturo Castellanos y colocó en la posición primera de los regidores en la planilla de Enrique Pelayo Torres, no ha hecho mayor pronunciamiento del caso salvo la enérgica exigencia, hace cinco años, de esclarecer pronto el caso, por parte de René Mendívil Acosta, entonces presidente estatal del tricolor.
El actual presidente de comité municipal del PRI en Ensenada, líder de los burócratas y próximo regidor, Ricardo Medina Fierro, no tiene interés en fijar un posicionamiento sobre el crimen cometido contra su religionario, mientras el dirigente estatal Chris López mandó decir un escueto “hay que pugnar porque el Gobierno del Estado esclarezca la muerte de un priísta connotado”.
El presidente de la Unión de Transportistas de Baja California, Raúl Carrillo, considera que el crimen de Castellanos Ruiz fue la punta del iceberg de la violencia que converge en ese sector, y refiere por ejemplo cómo todavía hace unos meses intentaron secuestrar a dos miembros de esa cooperativa, “y la Procuraduría en friega, no resolvió, pero sí inhibió, prestó atención, intensificó la vigilancia y se calmaron”.
Culpó de la barbarie a los Ayuntamientos, principalmente al de Ensenada encabezado por Gilberto Hirata Chico, que no le quiso apostar a los grandes proyectos para conformar un transporte moderno, y menos tuvo autoridad para definir un plan de reordenamiento: “Jugó con la buena voluntad de los transportistas y todo eso trae un choque de intereses, porque no hay liderazgo en la presidencia municipal, no hay quien ponga orden. Es lo que está pasando”.
