Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, suegros del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y padres de la ex primera dama Karime Macías Tubilla, solicitaron un amparo en el Juzgado Noveno del Décimo Distrito del Poder Judicial de la Federación, previendo que las autoridades soliciten una alerta migratoria en su contra que les impida salir del país y ser detenidos.
Los amparos indirectos tramitado en Coatzacoalcos, registrados en los expedientes 1167/2016 y 1168/2016, son en contra de cualquier acción por parte del Ministerio Público Federal, y el Titular de la Segunda Agencia Investigadora de la Coordinación General de Investigación de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en la Ciudad de México.
En la lista de acuerdos del Juzgado Noveno del Décimo Distrito, publicados este jueves, el Poder Judicial de la Federación dio a conocer que los padres de la esposa de Duarte de Ochoa, presentaron sus amparos el pasado 17 de octubre y el 18, respectivamente, y que estos ingresaron a la mesa 6 del juzgado.
Aunque los amparos solicitados aún no están admitidos para que se conceda la suspensión provisional y puedan salir del país, en los próximos días se tendría que emitir un fallo al respecto.
Este jueves, el diario de circulación nacional El Financiero aseguró que María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Mónica Ghihan Macías Tubilla, suegra y cuñada de Javier Duarte, tienen orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la PGR, Tubilla Letayf cuenta con una residencia en Houston, Texas, la cual es investigada por el Ministerio Público de la federación para determinar si fue adquirida con recursos de procedencia ilícita.
Duarte, su esposa, y decenas de personas más, son investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que presuntamente pertenecen a una red de prestanombres que permitió el desvío de recursos públicos de Veracruz a través de operaciones que involucraron empresas y sociedades “fantasma”.
Además, según documentos consultados por el diario Reforma, el Servicio de Acción Tributaria (SAT), indaga, desde agosto pasado, en instituciones bancarias de México las cuentas del matrimonio Duarte.
Otro de los imputados sería el mejor amigo de Duarte, Moisés Mansur Cysneiros, según reveló el portal Animal Político, que junto a Televisa, dicen haber conseguido la información sobre los prestanombres del gobernador con licencia, entre ellos el empresario, que lo nombró como heredero de “todos sus bienes”.
También fueron imputados, según el portal web, Juan José Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, así como Javier Nava Soria.
Y aunque no está confirmado, el medio apunta también a la propia esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla, y a cuatro altos exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia, quienes estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas “fantasma” o que encabezaban las dependencias involucradas.
Estos últimos son ahora diputados federales, con fuero, postulados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI): Adolfo Mota Hernández (ex secretario de Educación), Edgar Spinoso Carrera (ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación), Noemí Guzmán Lagunes (ex titular de la Secretaría de Protección Civil), y Antonio Tarek Abdalá (ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz).
En la prensa local también trascendió la detención por parte de la PGR, de América Aguilar Bozada, exfuncionaria de la Fiscalía General del Estado y exsubdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública de la administración del priista.
Desde que comenzó la investigación federal contra Duarte, las autoridades han detenido a tres personas implicadas en el caso y vinculado a proceso a otras ocho, de acuerdo con cifras de la propia PGR.
Entre estas detenciones están la de Victorino Benítez Márquez, administrador único de la empresa Bienart, SA. de CV., por entregar, supuestamente, datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
A la par, la PGR informó el 12 de octubre que también logró vincular a proceso a otras siete personas, todos representantes legales de otras compañías que, se especula, Duarte usó como empresas “fantasma” para desviar recursos públicos.
Otro personaje vinculado a proceso es el director de Catastro y Valuación de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, por supuestamente filtrar a medios información de carácter reservado. Por ello, el funcionario tiene prohibido salir del estado y se le impuso una multa de 40 mil pesos.
Sin embargo, los medios aseguran que las fuentes judiciales les señalaron que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que un juez defina lo contrario, como lo marca el sistema penal acusatorio.
La lista de imputados inicia con Javier Duarte, el gobernador con licencia de Veracruz y al que la PGR considera el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos, dice la información.
