Alegando la violación a la suspensión definitiva para las obras del proyecto Zócalo 11 de julio sobre el Parque Benito Juárez, obtenida contra Gobierno del Estado, así como un no cumplimiento de los acuerdos logrados el pasado 22 de septiembre, el 5 de octubre los defensores del parque realizaron una manifestación.
“Necesitamos implementar un recurso legal lo más rápidamente posible, ya que aunque los hechos son violación de una suspensión emitida por un juez, la verdad, no podemos estarnos quietos ni podemos esperar a que por voluntad del Gobierno del Estado paren las obras”, declaró a ZETA Sabino Arellano, líder de los defensores del parque.
“La suspensión es en toda la obra, ellos aducen que no, que la suspensión es nada más en los terrenos que albergan el parque, pero nosotros sabemos que es la obra en sí, aunque de hecho ellos están construyendo arriba del parque, eso no significa que no esté cubierta las demás partes que no están contempladas en el predio”, agregó, haciéndose oír ante el ruido de la maquinaria trabajando.
El 22 de septiembre, los acuerdos logrados entre defensores y el gobierno estatal, representado por el Subsecretario de Gobierno, Enrique Méndez, fueron realizar una medición de los predios objeto del litigio y clausurar los mismos de manera que queden perfectamente delimitados, el crear una comisión que vigile el actuar de Gobierno del Estado en el tema y que se realicen las obras tendientes a liberar los carriles lentos de la Vía Rápida, obstruidos por las obras, tal como lo documentó ZETA en su edición 2217.
Arellano aseguró que el gobierno estatal no ha designado perito propio para comenzar con la delimitación de los predios, de manera que el trabajo de liberación de la Vía Rápida no transgreda los límites del parque.
“Sería imprudente de parte nuestra”, declaró en respuesta el Subsecretario Enrique Méndez a ZETA, quien calificó los acuerdos logrados con los defensores del parque como “un gran avance” al existir la buena disposición para realizar las obras que se requieren para liberar la Vía Rápida.
El funcionario afirmó desconocer de dicha manifestación y comentó que investigaría el tema para asegurarse de que los acuerdos están cumpliéndose y de que las obras que se realizan actualmente –la habilitación de los carriles al tránsito vehicular, instalaciones nuevas para el Instituto de Cultura de Baja California y las adecuaciones al puente peatonal que conectan Centro de Gobierno con Plaza Río–, se estén llevando a cabo sin afectar los terrenos del parque, protegidos por una suspensión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
