Por primera vez desde la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana, un juez ordenó la liberación de una persona ya sentenciada, basándose en las reformas penales aprobadas por la Cámara de Diputados.
Se trata de Ramón González Lizárraga, a quien se le fijó una sentencia de 10 meses de prisión por habérsele demostrado el delito de narcomenudeo en la modalidad de posesión simple. A la causa penal se le asignó el número 156/2016.
Con las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal – aplicables en Tijuana después del 18 de junio -, particularmente la inclusión del Artículo Décimo Transitorio, quienes hayan sido sentenciados por haber cometido un robo sin violencia por una cuantía menor a 80 salarios mínimos o por posesión de marihuana sin fines de venta o suministro – también sin violencia – podrán solicitar su inmediata libertad.
González Lizárraga entra en ese supuesto, además Feliciana López Reyes, supervisora de Medidas Cautelares del Centro de Reinserción Social de Tijuana, dijo durante la audiencia de hoy jueves 13 que el solicitante no representa un riesgo para la sociedad, además de haber demostrado buena conducta durante los 6 meses 8 días que ha estado en prisión. El fiscal Cristian Horacio Peña Fernández no se opuso a la liberación.
Por todo lo anterior, la juez de control Patricia Hernández Haro ordenó su libertad, anticipada cuatro meses a la condena ordenada con el sistema tradicional. No sin antes pagar con una jornada de trabajo como multa.
Otro de los requisitos era el no tener antecedente como criminal, no los tenía.
Entrevistado por ZETA, Peña Fernández apuntó que actualmente hay por lo menos seis casos con solicitudes de esa naturaleza, hechas inicialmente al centro penitenciario.
En ese sentido, anotó que esos beneficios vienen “a consecuencia de las reformas” que componen el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“Ahora con las nuevas reformas hay beneficios que les dan la oportunidad (…) de acogerse a ellas para protegerse”, dijo el fiscal.
En este caso en particular, el departamento de medidas judiciales fue quien solicitó la audiencia al juez e informó a la Procuraduría General de Justicia del Estado para preparar la misma.
