Entre acusaciones mutuas de proteger a los cárteles y extorsionar narcotraficantes, agentes ministeriales de la Procuraduría del Estado y elementos de la Policía Estatal Preventiva se encañonaron, jalonearon y golpearon. La razón del enfrentamiento: tres detenidos y aproximadamente 200 kilos y 200 litros de cristal, en el aseguramiento de un laboratorio de drogas
Se gritaban, se insultaban, todos decían ser la autoridad, pero ninguno aceptaba identificarse. Se trataba de hombres vestidos de civil, con chalecos antibalas y bien armados. Los que estaban en la casa traían la cara descubierta, los que llegaron más tarde portaban capucha. Esa noche del martes 18 de octubre de 2016, ninguno se aproximó en patrulla a la casa del fraccionamiento Las Palmas donde terminaron apuntándose unos a otros.
Desde fuera lucían como dos pequeños comandos de empistolados violentos a punto de balearse.
La razón más evidente del enfrentamiento, eran los varios kilos y litros de cristal que estaban en el garaje -abierto de acuerdo al informe policiaco- de la casa donde se encañonaron, ubicada en el número 2850 de Avenida Las Ferias en el fraccionamiento, una de las zonas de clase media-media alta de Tijuana, rodeada de colegios y escuelas privadas con los clientes más adinerados de la ciudad.
La escena se completaba con la imagen de tres hombres tirados en el suelo boca abajo -esposados-, que fueron los testigos más cercanos. Eran Arturo Félix Félix “El Pariente”, Rigoberto Mendoza González y Jesús Jonathan Flores Mendívil, quienes más tarde fueron entregados en las oficinas de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) por posesión de mil 290 gramos de cristal, cada uno con su respectiva porción de droga.
Después de minutos de enfrentamientos, entre insultos y jaloneos, los hombres que encabezaban estos grupos llamaron a sus jefes, y finalmente se identificaron. Los sujetos que arribaron primero a la casa y sometieron a los detenidos eran policías estatales preventivos, dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal; los hombres que llegaron más tarde eran ministeriales del Grupo de Narcomenudeo de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) en la Procuraduría, ambas dependencias del Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Francisco Vega.
Para entonces el enfrentamiento de cuatro contra cuatro había cambiado, los de la Policía Estatal Preventiva (PEP) solicitaron refuerzos “y eran un bandón como de 15”, fue cuando agredieron a los ministeriales, antes que los cabecillas se pusieran de acuerdo. Entonces, desde el Grupo Coordinación mandaron llamar a elementos militares para que fueran a resguardar, fue hasta entonces que empezaron a llegar vehículos oficiales a la zona.
Ministeriales señalados como protectores de cárteles, las acusaciones
“Como están las cosas, no podíamos saber, estaban de civil y armados”, justificaron de ambos lados quienes participaron, y agregaron que incluso aunque fueran policías, ellos no tenían -ni tienen- la seguridad que no estuvieran cometiendo un crimen.
“Nosotros llegamos en los vehículos de la corporación, los pick-ups blancos, se informó a los jefes del operativo que era de seguimiento -al C4 no porque se filtra- , y ellos no llegaron en las camionetas de la Procuraduría, fue en una Cherokee y una Silverado”, detalló un elemento de la Secretaría de Seguridad, a condición de no ser identificado.
Los de la PEP insisten que los ministeriales llegaron a proteger a los delincuentes y rescatar a los tres detenidos: “Traían en sus celulares los contactos de policías municipales y dos ministeriales”, dijeron, pero no los proporcionaron “por seguridad” y para no afectar el seguimiento del expediente, justificaron.
2850 Avenida Las Ferias, en Las Palmas
Luego, “… dicen que llegaron a la dirección donde se hacia el operativo -la PEP- porque recibieron un llamada, pero nada se registró en el C4. ¿Quién les llamó?, ¿a quién llamaron?”, preguntaron mientras aseguraban que los criminales fueron sorprendidos y no se comunicaron con nadie.
“Miren la zona donde tenían el laboratorio, no es posible que estuvieran funcionado por seis meses, según dijeron los detenidos, o por tres o más años, de acuerdo a lo que refirieron los vecinos, sin el apoyo de algunos elementos de las corporaciones”.
PEPs acusados de extorsionadores de delincuentes
Del lado de la Procuraduría la versión es opuesta, aseguran que los elementos de la PEP estaban realizando “uno más de sus operativos criminales”, esos por los que existen decenas y decenas de denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Procuraduría del Estado, que evidencian que privar de la libertad a delincuentes -y no delincuentes-, extorsionarlos, robarles droga y después presentarlos al Ministerio Público o liberarlos -según sea el caso- . Es un modus operandi establecido por los policías estatales. De acuerdo con el Informe Policiaco Homologado, eran entre las siete y ocho de la noche del martes 18 de octubre cuando, conforme al dicho en la Procuraduría, el jefe de Antisecuestros y de Narcomenudeo estaba supliendo al subprocurador de Investigaciones Especiales en una de las tantas juntas de coordinación de los integrantes del área operativa del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California; se encontraban en el cuartel militar en la colonia Morelos cuando recibieron el telefonema de uno de sus agentes. Éstos les informaban que habían atendido una llamada de denuncia en la que notificaban que hombres vestidos de civil que se identificaron como agentes del grupo de narcomenudeo de la Procuraduría estaban extorsionando a unos presuntos delincuentes que fueron sorprendidos con bastante droga en una casa -dieron dirección- del fraccionamiento Las Palmas.
El denunciante afirmaba que les habían pedido 50 mil dólares, y que estaban en la casa esperando que les pagaran el dinero para liberarlos.
No había ningún operativo de la PGJE, consultaron y no pudieron saber de operativos de otras corporaciones, preguntaron si iban, al final los jefes respondieron que acudieran. “Al principio creímos que era federales, en operativo… o no”. Cuando llegaron se dio el enfrentamiento.
Descoordinación y desconfianza
Entre los mandos medios y jefes la situación no fue menos tensa.
Desde la Procuraduría el reclamo fue: “Si van a hacer sus cochinadas por lo menos no finjan ser de otra corporación” y después reclamaron que los PEPs en montón hubieran aprovechado la superioridad numérica y agredido físicamente a dos agentes.
Desde la SSPE prefirieron evitar la respuesta directa, sin embargo, su versión llegó al día siguiente de los hechos, a través de los diarios locales, asegurando que los ministeriales trataron de rescatar a los traficantes detenidos.
Señalamientos que dijeron llevarán a la mesa del Grupo Coordinación, pero que ninguno denunció ante las instancias correspondientes para su investigación. Así que de nada sirve.
Tal como sucedió entre el 8 y el 13 de agosto del presente año, cuando agentes estatales y federales se enfrentaron y también se acusaron mutuamente de intentar robar de una bodega en San Antonio de los Buenos, 84 kilos de cocaína y 24 kilos de cristal. La bodega había sido cateada -aseguraron más de 631 kilos de cocaína- y extrañamente los federales no registraron todo el edificio, no se llevaron toda la droga ni todos los autos incautados. Fueron los mismos presuntos delincuentes -posteriormente liberados- quienes les avisaron que había más enervante y “alguien” no estaba reportándolo todo.
O lo que pasó el 24 de junio de 2016, cuando el delegado de la PGR, Jesús Torres, solicitó y recibió a dos hombres detenidos tras el decomiso de tonelada y media de marihuana en una casa de Villafontana. Eran el ex agente federal de Investigación, Iván Gómez Aldana; el agente federal incapacitado, Édgar Luciano Beristáin Ávila, y decidió consignarlos solo por posesión de arma para que fueran liberados.
Así los hechos reiteran la principal razón por la que el Consejo Estatal de Seguridad no logran un combate efectivo contra los delincuentes: por un lado la ausencia de coordinación, de confianza, el hecho de que no comparten información, y la falta de un Mando Único que los controle y los vigile para evitar la evidente infiltración.
Operativo y decomiso
“Tras varios días de implementar trabajos de inteligencia para lograr la ubicación de un predio clandestino que era utilizado para la elaboración de sustancias ilegales, la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizó un laboratorio considerado como uno de los de mayor producción que la corporación ha encontrado en los últimos años en el municipio”, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado vía boletín.
El detalle indica que semanas atrás habían intervenido a un hombre en la zona del que pudieron saber era el “cocinero”, del que solo informaron era michoacano pero vivía en Culiacán, Sinaloa. Ubicaron la zona del laboratorio, pero tras ser liberado el sospechoso, se fue de la ciudad y el operativo quedó en espera.
Días después se dieron cuenta que había actividad en la zona, pusieron vigilancia y ubicaron la casa.
MIlitares y estatales resguardan inmueble en espera del cateo
“El trabajo policial culminó a las 19:00 horas de ayer tras detectar la presencia de tres personas que se encontraban recargadas en la puerta exterior de un predio con número 2850, ubicado sobre la avenida Las Ferias y Los Ángeles, en la colonia Lomas de Agua Caliente”, manifiesta el comunicado.
En el informe policiaco revelaron que en el exterior del domicilio, sobre un pick-up Dodge Ram, modelo 2009, placas de circulación APO1459, color blanco, detuvieron a dos hombres con dos bolsas que sumaban 860 gramos de cristal, las cuales lanzaron al piso al ver a la policía. Un tercer sujeto fue capturado en posesión de otros 430 gramos dentro del auto.
Aseguraron que la cochera de la casa en mención estaba abierta y desde afuera podían ver
“varios contenedores de plástico, que a decir de los detenidos y por el volumen, se presume contengan una gran cantidad de sustancia líquida ilegal que puede ascender a los 200 litros, así como alrededor de 200 kilos de droga sintética ya granulada y químicos para procesar más enervante”.
Detenidos, que su jefe es Oswaldo “El Güero”
“Los tres detenidos y la droga decomisada fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Federal, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones” informó la PEP respecto al suceso del 18 de octubre.
Los hombres capturados dijeron ser cuidadores y del dueño de la droga solo dijeron es Oswaldo “El Güero”, nativo de Culiacán, pero con residencia en Jalisco. Los hombres capturados fueron identificados como:
* Arturo Félix Félix “El Pariente”. Según su dicho en una primera entrevista, es originario de Culiacán y, respecto a su participación en delitos, los aprehensores aseguraron que admitió ser el encargado de la casa -laboratorio-, él tenía las llaves y abría y cerraba para el resto de sus cómplices.
En los organigramas criminales, el Grupo Coordinación considera que este hombre está relacionado delictivamente con Carlos Salazar Quintero, quien afirman, es miembro activo de la fracción del Cártel Arellano Félix aliada con la gente de Jalisco. Salazar fue detenido en septiembre 2013 junto a otro hombre de nacionalidad estadounidense, ambos presentados por posesión de 20 recipientes que contenían más de 13 kilos de cristal. En 2015 fue asegurado nuevamente, con cinco kilos de cristal.
* Rigoberto Mendoza González. Nacido en Michoacán, dijo no tenía ni una semana en Tijuana, que lo había enviado su hermano Antonio Mendoza González para “hacer crecer el cristal, limpiarlo con acetona para que las piedras crezcan”. Él no sabe de cárteles o jefes, lo mandaron para “cocinar”.
* Jesús Jonathan Flores Mendívil. Él también mencionó ser de Sinaloa y, según las autoridades, admitió que su función sería empaquetar el cristal una vez que éste estuviera preparado.
Hasta el cierre de esta edición de ZETA, los aprehendidos no habían declarado ante un juez y estaba pendiente su audiencia de vinculación.
Jorge Ramos: “Gobierno Federal lo que está haciendo es entregarnos al crimen”
Entrevistado por ZETA, el diputado federal y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión, Jorge Ramos Hernández, habló de las reuniones que ha tenido con funcionarios federales respecto a la violencia que ha tomado las calles de Tijuana.
Detalló que ante funcionarios de Gobernación y el propio comisionado de Seguridad, Renato Sales, ha expuesto la necesidad que tiene el Estado de apoyo real por parte de la
Federación.
En primer lugar, reinstalando los retenes militares que eliminó el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto: “Se tienen que sellar las entradas, blindar el Estado del tráfico de la droga, porque tiene dos efectos el que se haya relajado. Primero que entra la droga y se comercializa, y con eso se empodera económicamente; y el segundo, es que el consumo local aumenta y se lastima a los habitantes del Estado. Crecen las tienditas, se fortalece el crimen de barrio, que es el que más lastima y preocupa.
Y segundo, la presencia de las fuerzas federales haciendo trabajo de inteligencia: “Las fuerzas federales, las fuerzas militares más que verse se tienen que sentir, de nada sirven los despliegues si no hay trabajo de inteligencia, yo tuve aquí (en Tijuana) 700 militares y sin inteligencia de nada servía, u 800 fuerzas federales que lo único que dejaban eran deudas en los hoteles y nada se reflejaba hasta que entró el trabajo de inteligencia y capturaron a los objetivos que traían vuelta de la cabeza a la ciudad”, dijo sobre su gestión como alcalde de la ciudad.
El legislador refirió la necesidad de que la ciudadanía retome su papel protagónico exigiendo la seguridad a la que tiene derecho, “cuando yo fui alcalde, la sociedad organizada no me quitaba el guante, exigían cada semana y si no estaban de acuerdo, tomaban medidas. Y yo empezaría por exigirle al Gobierno Federal, es delincuencia organizada, lo que tenemos aquí le corresponde directamente al Presidente de la República. Pero reclamar, una colaboración real, no discursiva de parte de todos los órdenes de gobierno, de lo contrario, las cosas no van a cambiar”.
Y concluyó respecto al trabajo en el tema de seguridad de la administración peñista en Tijuana: “No entiendo el absurdo de abrir las puertas al paso de droga, bajar los trabajos de inteligencia, y luego eliminar la prevención -para 2017 eliminaron ese presupuesto- y luego el presupuesto a la ciudad; parece que el Gobierno Federal lo que está haciendo es entregarnos al crimen, más que ayudar”.
En Tijuana, violencia imparable: 678 muertos en 2016
La violencia en Tijuana parece no tener fin. Hasta el 20 de octubre habían sido asesinadas 45 personas, mientras que en el año el conteo llega a 678 homicidios.
Los últimos hechos violentos se registraron la tarde del miércoles 19, en la colonia Mariano Matamoros, donde un hombre de entre 45 y 50 años de edad fue asesinado de al menos cinco balazos. Su cuerpo quedó tendido frente a un comercio sobre la calle Aztecas. Al parecer se trató de un robo, ya que fue despojado de sus pertenencias. Los presuntos atacantes fueron dos hombres que huyeron del sitio a pie.
El martes 18, Felipa Calderón Ayala perdió la vida luego de una riña conyugal; su pareja, identificada con el apellido Virueta, de 37 años de edad, la golpeó con una cruceta en la cabeza. Los hechos ocurrieron en el domicilio del matrimonio en Callejón Valdivia y Calle Acueducto, Ejido Ojo de Agua.
El lunes 17 se registraron cinco asesinatos. El primero indicaba que en el vaso de la presa “Abelardo L. Rodríguez”, a la altura de la compuerta número 8, se localizaba una persona en estado de putrefacción, con señas de violencia.
Luego el cadáver de un hombre atado de pies fue localizado en un lote baldío de Calle Ramón Pereda y Lucha Reyes, Colonia Miramar. La víctima fue identificada como Tedius Serrano Pérez, de 20 años de edad.
También un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza en el interior de swap meet Siglo XXI, sobre Bulevar Díaz Ordaz en la colonia La Joya. Los hechos ocurrieron en un local de discos ubicado en el pasillo 2 del tianguis.
Después, en la colonia Libertad fue ultimado un hombre que en vida respondiera al nombre de Luis Antonio Loreto. Tenía heridas en brazo, hombro y abdomen.
Por último, ese mismo día se reportó a la central de emergencias en la calle Encino de la colonia Praderas de La Mesa un sujeto identificado como Juan Ruiz Zamudio, de aproximadamente 50 años, acribillado al interior de un domicilio.
Los primeros minutos del domingo 16, se reportó un cuerpo sin vida, de entre 35 y 40 años de edad, sobre la calle Oasis y Cañón del Padre en la colonia Nueva Esperanza, Delegación Cerro Colorado.
Después, sobre Avenida La Paz, Colonia Vista Alamar, a la altura de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, se encontró a una mujer muerta a balazos. Testigos refieren que el presunto responsable iba a bordo de un vehículo Chevrolet Camaro color rojo con placas de California.
Y el sábado 15, se informó del hallazgo de un cadáver envuelto en una cobija atado de pies y abandonado en un lote baldío, en Calle Minería de la colonia Plaza Otay.
Enfrentamientos entre corporaciones en Tijuana
3 de marzo de 1994; agentes de la PGR enfrentan a Policía Judicial estatal
Francisco Javier Arellano Félix e Ismael Higuera ‘‘El Mayel’’, transitaban en una camioneta por la Avenida Félix Gómez, a la altura del Mercado de Todos, los resguardaba otra camioneta con agentes de la entonces Policía judicial del Estado (PJE), iban en busca de ‘‘El Güero’’ Palma. Mientras hacían el alto en el semáforo del Bulevar Díaz Ordaz, una tercera camioneta se pone al lado del vehículo donde viajaban Arellano e Higuera; dentro estaba Palma, acompañado de agentes federales que también hacían de sus guardaespaldas. Entre ellos se encontraba el Comandante Alejandro Castañeda, quien baja del vehículo y encara a los tripulantes de los escoltados de la PJE. Desde dentro de la camioneta le disparan a la cabeza y pecho varias veces, ocasionando la reacción de sus acompañantes, quienes respondieron con balazos al vehículo de junto, quienes a su vez fueron defendidos por los elementos de la PJE atacando a la camioneta de los federales. En el lugar quedaron tres cuerpos, entre ellos el del Comandante Castañeda y ocho heridos.
3 de mayo de 1994; Policía Judicial Federal (PJF) enfrenta a PJE
Con motivo del tiroteo ocurrido el 3 de marzo, el subprocurador de Justicia del Estado, Sergio Ortiz Lara, fue detenido por elementos de la PFJ para ser investigado por la PGR. El subprocurador salía de sus oficinas cuando se llevó a cabo la detención, en la que los agentes lo sujetaron de manera violenta, llegando a apuntarle con una pistola en la cabeza para que les acompañara. A pesar de que Ortiz dijo tener la disposición de ir con ellos, el agente continuó las amenazas. La naturaleza de la detención ocasionó que se confundiera con un secuestro, lo que alertó a la PJE; la distancia que les separaba del auto en el que llevaban al subprocurador impidió que los agentes estatales le alcanzaran a pie.
14 de julio de 2005; policías estatales preventivos tras convoy
Agentes estatales consideraron sospechoso un convoy de tres vehículos, tras solicitar se detuvieran y éstos hicieran caso omiso, acelerando la marcha para culminar en una persecución. Los policías solicitaron apoyo de más unidades, sumando diez patrullas que siguieron al convoy desde el aeropuerto hasta el Hipódromo de Agua Caliente, donde finalmente se detuvieron y se identificaron como escoltas del entonces alcalde de Tijuana, Jorge Hank.
7 de julio de 2006; sexto roce en el año entre escoltas de Hank y PEP
Incluso habiendo establecido un convenio de colaboración entre los agentes de las corporaciones que trabajan en la ciudad, los escoltas del entonces alcalde y dueño del hipódromo, siguen mostrando una actitud prepotente ante los elementos de seguridad, quienes los detienen y cuestionan por transitar armados sin tener permiso en Baja California. En esa ocasión el alcalde no se encontraba con ellos. La situación se resolvió cuando intervinieron los directivos de ambas partes. El entonces director de la Policía Estatal Preventiva, Julián Leyzaola, informó que en ocasiones los escoltas adscritos a la Municipal de Tijuana llamaban por radio retando a los agentes de la PEP.
30 de mayo de 2008; PEPs y ministeriales de la entonces AFI se enfrentan
Por la atención de un supuesto secuestro cerca del Hospital General, agentes de la PEP y de la AFI entraron en conflicto alrededor de las 8:30 pm, de inmediato los responsables de cada grupo se hicieron cargo de sus subordinados y el problema no pasó a mayores.
2 de mayo de 2012; municipales enfrentan a militares
Según testigos, Tonatiuh Ruiz Delgado, Coronel encargado del 28 Batallón de Infantería ubicado en la Carretera Libre a Rosarito, llegó vestido como civil a una licorería con la intención de comprar cerveza, al no tener terminal para tarjetas bancarias, aventó la cerveza a la dependiente, exigiendo hablar con su jefe. La mujer solicitó ayuda a unos jóvenes para sacar a Ruiz del local, al iniciar el forcejeo llamó al número de emergencias. Llegaron patrullas y en asistencia al militar arribaron otros soldados. La tensión se prolongó cuando arribó una grúa queriendo remolcar el automóvil del Coronel, lo que provocó otro enfrentamiento entre ambas partes, llegando a apuntarse con armas de fuego. Tres horas después el automóvil fue retirado, los militares recluidos y los municipales abandonaron el área.
26 de agosto de 2015; Policía Ministerial enfrenta a PEP
Argumentando que atendían un secuestro denunciado por la vía anónima, personas armadas vestidas de civil entraron por la fuerza a la casa del padre de un agente de la PGJE, éste informó a su hijo de la situación y llegaron decenas de policías ministeriales al lugar, quienes alistaron sus armas. Ya de frente, se identificaron como elementos asignados a la unidad de Inteligencia de la PEP y dieron como motivo de su presencia la denuncia anónima, los ministeriales se retiraron cuando llegó su subcomandante.
13 de agosto de 2016; PGR enfrenta a PEP y militares por decomiso de 631 kilos de cocaína
Una denuncia anónima alertó a la PEP y al Ejército sobre el robo de droga encontrada en una bodega cateada que se suponía debería estar bajo resguardo de la PGR. Cuando agentes federales arribaron a la bodega, acusaron a elementos de la PEP de estar sacando los narcóticos del lugar e intentaron detener a un militar.
