Mediante una coalición, organizaciones de la sociedad civil centradas en el tema de atención a personas con discapacidad buscarán una participación más activa en la implementación de políticas públicas para asegurar la inclusión y accesibilidad de este sector de la población.
Con la elaboración de dictámenes técnicos que evalúen la actuación de los tres órdenes de gobierno en la realización de obra pública y su accesibilidad, apoyándose de colegios de profesionistas, la coalición bajo el nombre COADISBC hará valer su voz, comentó José Manuel García Arreola, director de Generación Priisma, A. C.
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“Esta coalición va a elaborar dictámenes técnicos en cada uno de los temas, educación, empleo, accesibilidad y todos los demás que tengan que ver con las personas con discapacidad para presentar una situación real, que se vive en los municipios y en el Estado de Baja California y no lo que nos presenta el gobierno”, detalló.
Manuela González Mora, representante de la coalición en Ensenada, insistió en que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado firmado y ratificado por el Estado mexicano en 2006, impone como obligación de celebrar “consultas estrechas” y colaborar con este sector en la elaboración de legislación y políticas públicas que tengan impacto sobre las personas con discapacidad, lo que representa letra muerta en la entidad y en el resto del país.
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Referente al tema, integrantes de esta coalición comentaron que se cuenta con normas técnicas complementarias de libre acceso a la Ley de Edificaciones de Baja California de carácter obligatorio, así como una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y una Ley para las Personas con Discapacidad en la entidad.
“El Estado, los municipios, no están elaborando la política pública correcta o no la están elaborando definitivamente, y cuando la aplican, la aplican mal, hay un montón de ejemplos para ello y en todos los temas, llámese empleo, salud, educación, deporte”, señaló Arreola.
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Como ejemplo citó la inversión realizada por el Ayuntamiento de Tijuana -con recursos federales- de 43 millones de pesos para la construcción de 120 rampas en la colonia La Morita, de las cuales ninguna sirvió, al estar obstaculizadas por postes de luz y demás mobiliario urbano.
Arreola también criticó la decisión de traer un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) a Baja California, otorgándole de entrada 132 millones de pesos y asegurándoles la cantidad anual de 42 millones de pesos, siendo que para alrededor de 800 organizaciones pro personas con discapacidad en el Estado, solo se contó con un fondo de 8 millones de pesos.
Agregó que las organizaciones especializadas en el tema también deben asumir su parte de culpa, ya que nunca antes buscaron participar de manera más activa en las políticas públicas que deben interesarles no solo de manera crítica, sino también propositiva.
