Gustavo A. de Hoyos Walter, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sumó a la exigencia que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al Gobierno Federal, de reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen, además de solicitar que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya no sea la encargada del combate a la inseguridad y la violencia, por lo que pidieron se cree una nueva dependencia enfocada en atender el problema ante la falta de resultados.
“Demandamos del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión que de prioridad al rediseño institucional para separar la seguridad pública de la protección política bajo una estrategia eficaz de coordinación”, dijo el líder empresarial en una conferencia en la que estuvo rodeado por otros representantes patronales.
“Los tres delitos más señalados son el asalto, el robo de autos y la extorsión. No obstante, subsiste la cifra negra. Y existe además en algunos estados el secuestro”, dijo. “La violencia no sólo prevalece, sino que va en aumento. Estos datos muestran una realidad preocupante y hay más en la cifra negra”, señaló De Hoyos Walter.
“[Se debe] separar el combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Debemos de reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos. El nuevo diseño institucional, que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, un error”, aseguró el dirigente nacional de Coparmex.
“Es necesario hoy revisar el diseño institucional. Los hechos han demostrado que el país requiere una Secretaría e Seguridad Pública”, señaló el líder patronal, quien también afirmó que las empresas mexicanas destinan hasta 110 mil millones de pesos en defenderse de la inseguridad que se vive en el país.
Recordó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado se registraron 33.7 millones de delitos que representan costos de 236 mil millones de pesos cercano al 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, 102 mil 883 secuestros.
Además lamentó que el Presupuesto de Egresos 2017 que envío el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión busque desaparecer prevención del programa de Prevención social de la violencia con el recorte de 11 mil millones de pesos.
El miércoles, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno Federal a reconocer las fallas en la estrategia de seguridad y pidió a los tres poderes de la Federación a tomar medidas al respecto.
Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE, alertó sobre los problemas de corrupción, pobreza, desigualdad, carencias de Estado de derecho y creciente inseguridad en el país y pidió al Gobierno federal reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.
Ante medios de comunicación, Castañón llamó a los tres poderes de la Federación a redoblar esfuerzos y darle celeridad a las reformas y tareas que faltan por discutirse y a las que aún están inconclusas.
Al Presidente Enrique Peña Nieto le pidió “que, a cuatro años del inicio de su administración, haga junto con la sociedad un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran”.
Castañón Castañón aseguró que “es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta”. Además, a los legisladores federales los llamó proponer una “agenda prioritaria” que incluya la la aprobación de “todo” el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública.
Mismos que, según el dirigente empresarial, “lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo. Comenzando por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policíacos y su coordinación”.
El titular del CCE, solicitó al Poder Judicial redoblar esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, “con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia”.
