Demando justicia laboral, después de un proceso estancado durante casi cuatro años.
Quien esto suscribe fue despedido injustamente de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (FEIYPP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en marzo de 2013, y a la fecha –a tres años y cinco meses de haber presentado la demanda– he sido “reinstalado” –documentalmente, es decir, solo en el papel– cinco veces.
En la mencionada FEIYPP –con domicilio en Culiacán donde ya tiene bastantes lectores el semanario ZETA– permanecí de agosto de 2007 a febrero de 2013 como responsable principalmente del trabajo editorial e impartiendo clases uno de los dos semestres de cada ciclo desde septiembre de 2009 (Técnicas de Investigación y Redacción, con la asignación de 8 horas) hasta la fecha del despido.
El día 3 de octubre seré reinstalado por sexta ocasión. ¿Y qué es ser reinstalado en mi caso? Es vivir un protocolo que consiste en la firma de documentos –lo firma un representante de la Junta de Conciliación y Arbitraje, un abogado de la UAS, un abogado del demandante y un servidor– para cumplir con la “exigencia” legal de las autoridades laborales, en este caso a la UAS, de restituirle el trabajo y todos sus derechos al demandante, lo que se ha constituido en una burla, pues no hay una reinstalación real, hecho que puede repetirse, según mis propios abogados, hasta el infinito.
En síntesis, en tres años y cinco meses el proceso legal que he promovido no ha avanzado ni un ápice y, si sigue en este tenor, durará alrededor de nueve años, si es que no muero antes (como ocurrió con Germán Benítez, actor fundador del TATUAS, quien falleció enfermo y desesperanzado sin ver resuelta su demanda contra la UAS), cálculo hecho por uno de los abogados de la oficina que lleva mi caso, tiempo en el que mi carrera universitaria quedará hecha pedazos entre la injusticia de un despido y la buscada morosidad del proceso legal.
Sin duda aquí se aplica negativamente aquella máxima del propio ámbito de la administración de justicia: “Justicia postergada es justicia denegada”.
Invito a personas y organizaciones interesadas en estos casos (ONG’s, IAPS, oficinas de abogados, de Derechos Humanos, por la Paz, etc.) a ser testigos de este vergonzante protocolo, además de pedirle por diferentes medios al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, intervenga para destrabar este caso que abusivamente se ha alargado. La reinstalación será, insisto, este próximo 3 de octubre en las oficinas de la Facultad de Estudios Internacionales de la UAS en Culiacán.
Por supuesto que mi caso no es el único. Desde unos años a la fecha, son raros los litigios que pierde la UAS en la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Sinaloa, lo que vox populi considera una muestra clara de cierto contubernio entre personas con autoridad en las oficinas universitarias, personas que laboran en las oficinas donde debe impartirse justicia laboral y personas que detentan poderes fácticos en Sinaloa.
No olvide quien esto lea que si el esquema jurídico y social permite burlar los derechos (incluidos los derechos humanos) de un solo ciudadano, permite también burlar los de toda una sociedad. (Para mayores detalles, léase la denuncia de hechos entregada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa con fecha 19/04/16, exp. 0660852016, este último dato otorgado por Luis Alfonso Leal V.)
Culiacán, Sin., 23 de septiembre de 2016
Atentamente,
Juan Ramos Calderón
Periodista cultural y Editor
Culiacán, Sinaloa
Correo: ramoscalderon@yahoo.com.mx
