En una manta aparentemente escrita y colgada por miembros del narcotráfico en Tijuana, a los Policías Ministeriales los desafían por “robar droga”, y les advierten “es el comienzo de un final”. Los asesinos de la mafia siguen golpeando la fallida tranquilidad de la ciudad con cinco balaceras y siete muertos en un solo día. En medio del caos, las corporaciones policíacas se enfrentan mientras en la calle aumenta la cantidad de droga que circula y se consume, sin embargo, para el gobierno la situación no es de gravedad
De la narcomanta colgada en una barda de instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que fue además acompañada de una granada, y donde amenazan a Policías Ministeriales señalados de robar droga al cártel de Sinaloa, hay varias hipótesis sobre su origen:
1.- Que la amenaza habría llegado desde el interior del “Grupo Coordinación”, producto del pleito entre elementos de la Estatal Preventiva y la Ministerial, no de las corporaciones completas, pero sí de elementos asignados a narcomenudeo y preventivos. Incluso aquellos que se enfrentaron el 18 de noviembre, precisamente por droga.
2.- Fuego amigo en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agentes Ministeriales que pretenden sacar de narcomenudeo a quienes están y ocupar sus lugares.
3.- Que en efecto haya sido un miembro del crimen organizado que vio afectados sus intereses por el trabajo de los agentes de la PGJE.
4.- Efectivamente, que la amenaza provenga de células del cártel de Sinaloa, y debido al robo de droga del que fueron objeto por parte de los agentes Ministeriales. Autoridades de México y los Estados Unidos confirmaron a ZETA el hurto de la droga. En el ámbito local insisten en la revisión de videos en las oficinas de la Procuraduría y sus inmediaciones de la mañana del 17 de octubre, particularmente en Robo de Vehículos, así como los videos del bulevar 2000 y sus entradas y salidas. Pues existen antecedentes de un cargamento con las características mencionadas, que simplemente desapareció.
5.- Que se trate de Ministeriales contra Ministeriales. Una lucha entre aquellos que protegen criminales y quienes no lo hacen. Existe el antecedente y está relacionado con el narcolaboratorio descubierto el 18 de octubre. En la investigación se ha determinado que el “dueño” de la droga es un sujeto apodado “El Flanco”, que posee tres bodegas-laboratorios en la misma zona, donde además vive, y que ante las amenazas de muerte, circula escoltado por elementos corruptos de la PGJE.
Laboratorio de cristal en Las Palmas
El mensaje-amenaza del narco dejado en las narices de los agentes de la Procuraduría del Estado, señala al “Gobierno corrupto”. Textual, ésta fue la afrenta criminal hacia los Ministeriales acusados de deshonestos:
“Esto va para ustedes mugrosos rateros y Ministeriales, RAMÍREZ CRUZ, RAMÍREZ CASTRO, SANTOYO NUÑEZ, AYALA y otros, etc. Jefe de estos ratas es el GALVÁN todos estos de Narcomenudeo…Ustedes se robaron Una Droga Prosedente de Sinaloa en el blv 2000
“Ibas en una Ram Blanca tu GALVAN JEFE DE TODOS TUS CÓMPLICES. Se la robaron a una camioneta Astro, mas de 200 kg de cristal, 100 de cocaína y 5 de heroina. Y dejaron a una persona tirada y esposada ahí a unos mts. de los hechos. Fuero rumbo a sus oficinas aguardar el trabajo y sacaron la mitad a su contacto de Sinaloa el que les puso el trabajo. Se repartieron y otro lo dejaron en la pick up del jefe Galvan. Si lo presentan no importa pero ustedes andan de ratas y las ratas aquí se mueren. Y mas si le roban a las personas equivocadas como en este caso sucedió. Este es el comienzo de un final ministeriales y los que anden haciendo las cosas mal.
“PD Checar las cámaras de las oficinas del lunes 17 de octubre a las 6 de la mañana en adelante
“Ahí se van enterar de todo
“Gobierno corrupto”.
Éste fue el mensaje, la amenaza para los ministeriales “este es el comienzo de un final”, con comas, puntos, incluso con tintas en negro y rojo para resaltar los nombres de los agentes señalados. Cada uno escrito en mayúsculas y con una letra legible. Todo fue plasmado sobre una manta que media más de dos metros y medio, estaba más alta que la barda trasera de las oficinas de la Procuraduría del Estado donde fue colgada alrededor de las 9 de la noche del miércoles 26 de octubre, en las inmediaciones de la Central Camionera en Tijuana.
De hecho, lo extenso del mensaje impedía a simple vista leerla completa porque la parte de abajo estaba enrollada sobre la banqueta, en esos dobleces colocaron justo en el centro una pequeña caja de regalo cuidadosamente envuelta, pero abierta y en el interior una granada de utilería.
Por órdenes del Subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González, en la Procuraduría del Estado fue precisamente el jefe del área de Narcomenudeo de apellido Adame, quien inició la indagatoria y la búsqueda de imágenes en video, incluidas las de la cámara que observaron en el edificio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos con vista a donde los perpetradores colgaron la manta.
Usualmente los expedientes de narcomantas y amenazas los inicia la subprocuraduría de zona, pero en esta ocasión se lo quedó la SIE, área a la que pertenece narcomenudeo.
La PGJE informó que además de las pesquisas para esclarecer quien dejó la amenaza a los agentes señalados, el área de Visitaduría abrió un expediente de oficio, basado en la información publicada en los medios y el contenido de la manta, para investigar si el comandante Galván y los agentes Ramírez Cruz, Ramírez Castro, Santoyo Núñez y Ayala participaron en el robo de una droga la mañana del 17 de octubre.
Consultas al interior de la PGJE indicaron que fuera del comandante Galván –quien lleva bastante tiempo en la procuraduría– el resto de los ministeriales mencionados son relativamente nuevos, promedian cinco años en la corporación. Y salvo Ramírez Castro, ninguno ha tenido señalamientos mayores o problemas en el desempeño de su labor.
Arma y droga en bodegas
En cuanto a Galván, pese a estar respaldado por la confianza de sus jefes, quienes refieren no han tenido problemas con él ni cuando estuvo en el área de homicidios. La semana que concluye su nombre salió a relucir tras el enfrentamiento de policías estatales preventivos con ministeriales en el descubrimiento de un narcolaboratorio en el fraccionamiento Las Palmas el 18 de octubre.
De inició los PEP señalaban a Adame y a Galván de proteger a los de Cártel Arellano aliados con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Y en el transcurso de la semana, la atención de algunas áreas de inteligencia en ambos lados de la frontera, se concentraron en Galván, de quien refieren está enfrentado a otro elemento de la PEP al que apodan “El Tiburón”, ambos resguardando intereses de diferentes grupos delictivos.
Desde la PGJE se informó que alrededor de las 13 horas, los agentes investigadores aún estaban tramitando la obtención de los videos, para poder determinar quién colgó la manta con el mensaje-amenaza. Para descartar lo que es un rumor creciente, que fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva quienes amenazaron a los Ministeriales. Hecho que tanto en la Procuraduría del Estado como en la secretaría de Seguridad, niegan.
PGR: Más corrupción
Este mes, los roces interinstitucionales alcanzaron de nuevo la relación entre el delegado de la PGR, Pedro Jesús Torres Salazar, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La historia que a detalle está en poder de autoridades locales, resume:
Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en posesión de 5 kilos de cristal. Cuando realizaban el operativo de su captura y presentación, se apersonó ante los uniformados una mujer que se identificó como “la secretaria particular del delegado Torres”. Pidió primero, exigió después, la liberación del traficante. Se la negaron.
Minutos más tarde se acercó otro hombre que se identificó como agente del Ministerio Público. Solicitaba lo mismo: que el detenido fuera liberado. Y al igual que la mujer, dijo ir en representación del delegado de la PGR.
No lograron su objetivo. El detenido fue consignado, aunque horas más tarde fue liberado sin cargos.
Este hecho de presunta corrupción, se suma a los dos ex agentes federales liberados en julio de 2016, después que fueron sorprendidos en posesión de droga, e ingresando a una bodega de droga; o el robo de varios kilos de cocaína en una bodega asegurada el pasado mes de agosto, también por miembros de la federal.
Todos estos actos criminales, de corrupción, no han sido denunciados ni investigados. Aunque las autoridades cuentan con los datos, imágenes e investigación extraoficial.
Criminalidad desbordada
La corrupción de las instituciones, la impunidad que eso resulta para la criminalidad, han traído a Baja California una temporada de violencia y la creciente actividad delictiva.
Como ejemplo, los últimos nueve días, en Tijuana ubicaron:
* Un laboratorio de cristal en uno de los fraccionamientos privilegiados.
* Una bodega con droga y armas.
* Un narcotúnel con salida en Estados Unidos, con toneladas de droga.
* Se ubicó y se destruyó un plantío en Ensenada.
En la actividad criminal en Baja California, particularmente en Tijuana, participan tres cárteles de la droga, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Arellano Félix. Para darse cuenta de la cantidad de drogas y armas que mueven estas estructuras criminales, es pertinente saber que bajo la Hielera Aeropuerto en la colonia del mismo nombre, en el túnel de más de un metro de alto por más de 560 metros de largo con salida en territorio de Estados Unidos, las autoridades decomisaron 371 paquetes de marihuana con un peso total aproximado de 2,371 kilogramos.
En el laboratorio en el que evidentemente cocinaban el enervante, incautaron 200 litros y 200 kilos de cristal.
Asimismo, en el plantío de Ensenada destruyeron 516 mil ejemplares de marihuana cuya altura rondaba entre metro y medio, las sembraron en un terreo de 40 mil metros cuadrados ubicado cerca de Ojos Negros,
Respecto a la bodega asegurada en la colonia La Ciénega, desde la calle San José de San Martín, donde se ubica el predio, eran visibles los paquetes de mariguana y al menos 3 camionetas. Luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público Federal realizaran la diligencia, se aseguraron 410 paquetes de mariguana, con un peso total de 4 toneladas 131 kilos.
Además, se encontraron 7 vehículos, 2 motos acuáticas, 8 armas largas y 6 cortas, además de una granada.
Previamente a Moisés Uriel Flores, detenido en relación a este inmueble, le habían incautado 50 kilogramos de cristal, un paquete de mariguana de 10 kilogramos, así como 13 armas largas y un lanzacohetes, 9 cargadores y 163 cargadores.
Todo esto mientras la jornada sangrienta continuaba, hasta sumar 694 muertos en lo que va del año, 60 durante octubre, siete asesinatos cometidos solo en el transcurso del 25 de octubre, ese martes las calles de Tijuana fueron escenario de cinco balaceras con sus respetivas víctimas mortales.
A la federación no le importa
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, responsable de la seguridad en el país, estuvo en Baja California el 25 de octubre –ese día hubo siete asesinatos– acompañado de dos secretarios más, y no hubo un pronunciamiento en torno a la escalada de violencia que vive el estado en particular Tijuana, municipio que evadió visitar.
El 90 por ciento de los homicidios que se cometieron de enero a septiembre del 2016 en el estado de Baja California, son ejecuciones de grupos relacionados con el narcotráfico. De los 819 asesinatos dolosos registrados oficialmente en la entidad, 737 habrían sido cometidos por el crimen organizado, informó hoy Semáforo Delictivo.
Pero al señor Osorio, encargado del combate a la criminalidad organizada, evidentemente eso ni le importa ni le ocupa pese a ser dos responsabilidades a su cargo.
“Creo que se gastó más en la logística de trasladar a los tres secretarios y su gente que en los resultados que su vista dejó en el estado”, reclamó el diputado federal Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad, “deberemos endurecer la exigencia al Gobierno Federal de que asuma su responsabilidad”.
CCSPE: Exigen que el Gobernador actúe
“Aquí nosotros sentimos que falta alguna decisión determinante para poder tomar las acciones necesarias. Nosotros hemos solicitado enérgicamente se haga lo que se tenga que hacer y obviamente sabemos que en el estado quien tiene la última palabra es el Gobernador, hemos buscado que el Gobernador lleve a cabo eso, desde solicitar la intervención federal, desde tomar las acciones correspondientes”, puntualizó Jonathan Díaz presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.
“Ya no es lo de cada día” mencionó al referirse a los crímenes y la violencia.
“Se ven acciones de las policías municipales y la estatal preventiva, detenciones de miembros aseguramiento de drogas no podemos decir que no se ha hecho nada, pero nuestra visión es que falta.
“No tengo la menor duda de que ellos saben que se tiene que hacer y no se ha hecho, dar un golpe más allá, traer las fuerzas federales porque se está saliendo de control, estoy seguro que nuestras instituciones tiene conocimiento de que hay que tomar acciones más allá de lo común.
Respecto a la falta de apoyo del gobierno federal Díaz manifestó que tienen 32 estados por lo que preocuparse y en varios les están pidiendo ayuda a gritos. “Yo creo que el gobierno federal va hacer o que le pidamos que haga, pero no hemos pedido nada. Por eso digo que el que tiene la última palabra es el Gobernador”
A la espera de que la situación reviente: “No nos duele suficiente”
El representante ciudadano considera que el Gobierno del estado no dimensiona las condiciones de inseguridad. “Cuando he reclamado me responden que soy el único que se queja…Yo no siento que haya la idea en nuestro gobierno del estado de que la situación está grave, o sea no siento un gobierno estatal preocupado y sin intención”
Señaló que en este momento, tampoco hay una ciudadanía preocupada ni participativa. “Hoy la afectación directa en la sociedad es poca, lo más grave es drogadicción que incide en robo domiciliario. Los muertos son la mayoría ajenos a la gente de bien, entonces como sociedad todavía no me duele suficiente.
“Lo que he platicado con los grupos organizados es ‘señores, esto no tarda en brincar al nivel en el que nos va a doler’. En el momento en que los grupos se posicionen más fuertemente, entonces a ver quién los para y van hacer todo lo que esté en su mano para conseguir dinero, van a hacer todos esos delitos que sí nos dan miedo.
“Pero todavía no estamos en eso, y sin intención estamos esperando a estar muertos de miedo para hacer algo”.
Policía auxiliar, asesinado en cumplimiento de su deber
Eduardo Casas Morales, agente de la Policía Auxiliar de Tijuana fue arremetido a balazos la noche del 22 de octubre de 2016 por intervenir cuando Luis Aguilar Villa “El Charro” agredía a su pareja sentimental.
Acompañado del guardia de seguridad de Plaza Carrusel, José Alberto González Villanueva, quien resultaría herido en una pierna, acudió al llamado de auxilio de la mujer agredida en el paradero de taxis de ruta situado frente a la plaza comercial Carrusel.
Casas Morales tenía tres años de haber ingresado a la Policía Auxiliar “por la necesidad de un mejor sueldo y porque le gustaba el cuidar y defender a la gente”, reseña su esposa, María Guadalupe García Meza.
Como policía auxiliar, Eduardo recibía un sueldo quincenal de 4 mil 500 pesos, pero no estaba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cuando el gobierno municipal le dio a escoger el servicio médico, optó por el que les ofrece la Dirección de Servicios Médicos Municipales “por ser mejor”, indicó su ahora viuda.
Por ello, a diferencia de quienes sí están dados de alta en el IMSS, su familia no recibirá pensión, aunque el XXI Ayuntamiento analiza cómo apoyar a la familia, lo cual resolverá este viernes 28 de octubre.
A Eduardo Casas le sobreviven su esposa Guadalupe, tres hijos (de 9, 4 y 1 año de edad), así como su madre María Anselma Morales Chaparro y tres hermanos, quienes solo piden se haga justicia y el asesinato de su ser querido no quede impune.
Con 28 años de edad, Eduardo era el menor de cuatro hermanos, era “el hombre de mi vida” resume su madre María Anselma.
Después de ser herido a balazos, el oficial auxiliar fue trasladado al hospital de Cruz Roja, donde falleció a los primeros minutos del 23 de septiembre, convirtiéndose en el octavo policía asesinado durante la administración de Jorge Astiazarán.
En su primera audiencia la tarde del miércoles 26 de octubre, Luis Aguilar señalado como presunto responsable del homicidio, lució nerviosos ante el juez: su pie temblaba contra el suelo y cuando la Juez de Control, Tania Guadalupe Vega Gordillo, le hizo las preguntas de rutina, se le quebró la voz, tragó saliva.
En la sala 4 de la Unidad Judicial Tijuana, la fiscalía imputó a Aguilar Villa por haber accionado un arma calibre 9 milímetros en contra del agente de la Policía Municipal y del guardia de seguridad de Plaza Carrusel, José Alberto González Villanueva, provocando la muerte del primero y dejando herido al segundo. El defensor público José Rafael Vázquez Romero no opuso resistencia.
La juzgadora programó la “audiencia de vinculación a proceso” el próximo lunes 31 de octubre a las 10 horas. Ahí, se espera que ambas partes presenten las pruebas y elementos correspondientes. Mientras tanto, al presunto “Charro” se le dictó prisión preventiva al interior del Centro de Reinserción Social –“La Peni”– de Tijuana.
8 muertes en 14 horas; van 693 crímenes en Tijuana
Parece que entre la delincuencia no hay tregua. Tan solo en siete días fueron asesinadas 15 personas en Tijuana. El martes 25 de octubre fue el día más violento con 7 asesinatos. La estadística del mes asciende a 60 homicidios, mientras que en lo que va del año suman 693.
Los últimos hechos delictivos datan del miércoles 26, una pareja fue atacada a balazos cuando iban a bordo de un vehículo sedán color negro, en la colonia El Florido II. En la escena falleció un hombre identificado como José Rodolfo Carreón, quien recientemente había sido deportado tras estar preso por 9 años en Estados Unidos por droga. En la agresión, una mujer de 22 años de edad, resultó lesionada. Como presunto responsable fue detenido Juan Carlos Cázares Reyes. Tenía en su poder un arma 9mm.
Posteriormente, hombre apodado “El Api”, fue ejecutado al interior del restaurante Mariscos La Cacho, ubicado sobre el bulevar Agua Caliente en la colonia Gabilondo. En el lugar quedó abatida la víctima, de entre 30 y 35 años, tras recibir impactos a la altura del cráneo. Una fuente relevó a ZETA que “El Api” ya había sido detenido en 2014 y 2016 con drogas.
El martes 25 se reportó que sobre el camino del Rancho y del Yonke, en la colonia Flores Magón, se encontraba el cuerpo de un hombre de entre 35 y 40 años de edad. El occiso presentaba heridas propinadas por golpes en la región cefálica.
Después se informó que un cadáver se encontraba entre matorrales y basura en un camino de terracería. La víctima tenía entre 30 y 35 años de edad.
Luego se reportó que sobre la avenida Las Torres, esquina con Plan de Ayala, en la colonia Las Torres, el cuerpo de un hombre recibió varios impactos de bala.
También un masculino fue atacado a balazos a la altura de tórax, su cuerpo quedó tendido sobre la calle Guanajuato, esquina México Lindo, en la colonia México Lindo.
Más tarde dos hombres perdieron la vida, producto de una riña. Una de las víctimas identificada como Mauro Ceja Castellón, de aproximadamente 35 años de edad, recibió varios impactos de bala, mientras que otro sujeto, no identificado, le propinaron un golpe con una hacha a altura de la ceja. Los hechos ocurrieron en la calle Las Rosas, en la colonia Flores Magón.
Luego se reportó que sobre la calle José María Morelos y Pavón se encontraba el cadáver de un hombre identificado como Miguel Benítez Zamudio Ángeles, de 36 años de edad. En el ataque armado resultó lesionado en un pie un masculino de 61 años de edad.
La madrugada del miércoles, se informó que un sujeto identificado como Carlos Joarenth Sánchez Vera, de 24 años de edad, arribó al Issstecali Mirador, herido con un arma blanca. Los hechos ocurrieron en la colonia El Mirador.
El lunes un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia Mariano Matamoros Norte. Los hechos ocurrieron en calle padre Antonio Torres y Texcalamaca.
El sábado, Eduardo Casas Morales, oficial de la Policía Comercial fue asesinado la noche del sábado 22 de octubre en la Plaza Carrousel, luego de responder al reporte de una riña entre una mujer y su esposo.
El viernes, en la colonia Reacomodo Sánchez Taboada, un hombre fue asesinado. Los hechos ocurrieron en la calle Talabarteros.
Ex militares del CJNG secuestraron a hermana de deudora
Durante ocho días una mujer de 45 años de edad permaneció secuestrada por cuatro hombres que dijeron pertenecer a una célula que se desprende de la alianza del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) con el Cártel Arellano Félix.
El secuestro fue realizado para presionar a una mujer identificada como Berenice, hermana de la víctima, para que pagara a la organización criminal el dinero que le había sido decomisado por agentes federales en Estados Unidos cuando se dirigía a México.
Sus captores Víctor Daniel García Cázares y a Luis Ángel Ramos Cázares, ambos ex militares, fueron detenidos y presentados ante el juez Daniel Aguilar Patiño el jueves 27 de octubre.
Según los hechos expuestos por la Fiscalía, el miércoles 12 de octubre, la víctima se encontraba frente a la vivienda de su madre en la colonia Loma Dorada de Tijuana, a bordo de su vehículo y acompañada de su sobrino de seis años, cuando un vehículo tipo sedán blanco le cerró el paso al frente.
De acuerdo con la entrevista que la PGJE realizó a la mujer una vez que fue liberada, tres hombres descendieron del vehículo, uno de ellos, con un arma de fuego y le ordenaron que bajara del automóvil.
En el trayecto, uno de los hombres le dijo “mi problema no es contigo, es con tu hermana, tiene una deuda con nosotros y como no nos quiere pagar, la única manera de presionarla es llevándonos a un familiar, si no hubieras sido tú, hubiera sido tu hermana”.
Ese día hubo un reporte de secuestro atendido sin éxito por uniformados. Sin embargo, el 18 de octubre, los agentes que trabajaban en el caso, recibieron una llamada telefónica de una mujer “Berenice” para informarles del secuestro de su hermana.
Ella reconoció haber trabajado con los secuestradores de su hermana, pero explicó que cuatro meses atrás se había convertido en informante para el gobierno estadunidense después de ser arrestada, por lo que no podía proporcionar mayores detalles sobre los delincuentes ni la cantidad de dinero que le había sido decomisado.
Los agentes a cargo del caso, explicó la Fiscalía, corroboraron la información con la madre de la secuestrada, quien reconoció no saber de su hija Berenice desde hace tres meses y haber recibido varias llamadas de teléfono, horas después del secuestro, para informarle que su hija había sido secuestrada para que Berenice pagara la deuda.
“Tenían a su hija y para entregarla, necesitaba entregarles el dinero. De lo contrario, matarían a toda su familia”.
El jueves 20 de octubre, la mujer secuestrada pidió permiso para bañarse y cuando los dos hombres encargadas de su cuidado, la dejaron en el baño, la víctima tomó un plumón y escribió en trozos de papel de baño “Secuestrada. Ayuda. Urge”, luego arrojó el mensaje hacia el patio contiguo.
Los secuestradores mantenían a la víctima en el departamento 102 del edificio tres en el fraccionamiento La Rioja. Más tarde, la mujer repitió la acción y dejó caer un segundo mensaje.
Esa noche, elementos de la Policía Municipal, se presentaron en el domicilio informando sobre la denuncia recibida. Una vez que la mujer vio los logos de la Policía y escuchó a los agentes identificarse, corrió hacia ellos para solicitar ayuda y les advirtió que sus agresores se encontraban armados.
La Policía Municipal, con apoyo de una de las Bases de Operaciones Mixtas, logró la detención de Víctor Daniel y Luis Ángel. En el lugar encontraron dos armas cortas y dos largas, todas abastecidas y con cartuchos. Incluso, los rifles de asalto estaban en estado “seminuevo”.
Los detenidos, imputados por la Fiscalía por el delito de secuestro agravado, pertenecían a las filas del Ejército Mexicano hasta hace menos de un año. Víctor Daniel García Cázares sirvió cuatro años en el 86 Batallón de Infantería en Nayarit. Y Luis Ángel Ramos Cázares, también estuvo cuatro años en la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta enero de 2016, cuando se dio de baja por su adicción al cristal.
Extraoficialmente, se informó a ZETA que los jefes de los dos imputados responden a los apodos “El Chaparro” y “El Terrible”. Hasta el momento, siguen sin ser localizados.
Ya que los supuestos secuestradores pertenecían a las Fuerzas Armadas de México, la Fiscalía solicitó que el delito de secuestro se considere agravado, lo que incrementaría la pena, de ser encontrados culpables. El juez decidió vincularlos a proceso por ese delito.
