Apoyos sociales para bajar de peso, permisos “temporales” de transporte público, licencias de alcoholes entregadas sin la anuencia del Cabildo, adjudicación sin licitar de fondos federales y el pago para que su imagen se promoviera en redes sociales son parte de las observaciones no solventadas en la cuenta pública de 2015 del Ayuntamiento de Tijuana
El relajamiento y dispendio se observó en el gasto ejercido durante el segundo año del período del XXI Ayuntamiento de Tijuana, cuyo egreso cerró a finales de 2016 en 5 mil 745 millones de pesos, cuando estaba programado en 5 mil 369 millones de pesos, con todo y que el alcalde Jorge Astiazarán Arcí comprometió una administración austera.
Además de no apretarse el cinturón, el gobierno de Astiazarán incurrió en varias anomalías a la hora de disponer del erario de Tijuana, mismas que fueron desaprobadas por el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California.
Y aunque el XXI Ayuntamiento hizo la aclaración requerida, ésta no fue a satisfacción del ORFIS, razón por la que el Congreso del Estado no aprobó lo que calificó como irregularidades. Entre los puntos no solventados destacan:
Apoyos sociales para bajar de peso
El gobierno de Jorge Astiazarán sufragó cinco cirugías bypass o manga gástrica (cirugía bariátrica), a igual número de pacientes del hospital Green & Health Medical Group, S.C., destinando para ello 270 mil pesos de recursos del orden social.
De inicio, el rubro de asistencia social no contempla el financiar ayuda para la disminución de volumen corporal, además de que en ninguno de los cinco casos se recurrió a la opinión de un especialista, ni se consideró otro medio alternativo para que los beneficiados obtuvieran tal apoyo, como lo marca el protocolo.
Tres de los favorecidos cuentan con Seguro Popular y uno está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instancias que debieron valorarlos primero e incluso atenderlos directamente si la cirugía bariátrica representaba realmente su única alternativa de recuperación de salud, como lo aseguró el alcalde Astiazarán.
Así, sin mediar un estudio u opinión de un especialista alterno, el XXI Ayuntamiento liberó la ayuda social para beneficiar directamente a los cinco pacientes del hospital Green & Health Medical Group, S.C., el cual está a cargo del doctor José Horacio Ruíz Gastélum.
Este gasto “social” observado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS) no fue aprobado por el Congreso del Estado, lo que no preocupa al aún presidente municipal de Tijuana, quién al ser cuestionado sobre el tema advirtió: “Aunque se observe yo seguiré dando apoyos para banda gástrica”.
Su argumento para otorgar tales apoyos fue, “porque la gente que tiene obesidad mórbida y es diabética a la larga le sale más barato el tratamiento, le ahorras 10 años de vida y en algunos casos se cura la diabetes. Yo como médico seguiré apoyando”.
Astiazarán no supo responder a quienes había beneficiado con operaciones para reducir de peso corporal, pero reveló: “No sé si eran empleados o si eran de gestión social”, indicando que las cirugías de banda gástrica también se ha favorecido a empleados municipales. “No solo hemos apoyado a trabajadores del Ayuntamiento, por gestión social de repente llega alguien”.
Respecto a la observación no solventada, confió en poder hacerlo en un segundo plazo concedido por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, por ser “un procedimiento justificado médicamente, a diferencia de procedimientos estéticos”, sino que anotó que continuará otorgando ese tipo de beneficios a más empelados y ciudadanos que lo requieran.
Foto: Archivo/Entrega arbitraria de permisos
temporales de transporte
Permisos de transporte irregulares
Durante 2015, el gobierno de Tijuana otorgó 3 mil 593 permisos temporales para el servicio de transporte público; 2 mil 375 para transporte masivo y de personal, las mil 218 anuencias restantes fueron para taxis libres, con itinerario y sin itinerario fijo.
Pero en los registros contables del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Tijuana no existe evidencia de pago alguno por tales derechos, toda vez que la Ley de Ingresos no contempla tarifa para la modalidad de “temporales”, por lo que la asignación de dichas autorizaciones fue irregular.
Para transporte masivo y de personal las concesiones son de 10 años y su costo es de mil a mil 800 pesos, mientras que para taxis, en cualquiera de sus modalidades, el permiso tiene una vigencia de 6 años por un pago de 4 mil 290 pesos.
Al final de la administración de Jorge Hank se liberaron permiso para taxis libres, anuencias irregulares que luego dieron cabida a amparos concedidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al existir el antecedente de una anuencia municipal que, aunque anómala, era oficial, obligando a administraciones posteriores a entregar licencias permanentes a los quejosos.
Permisos de alcoholes
Sin cubrir el importe de pago de revalidación del permiso anual para la venta de bebidas alcohólicas, en el ejercicio de 2015 la administración de Jorge Astiazarán revalidó al menos 50 licencias de alcoholes, de 545 registradas en el padrón de cartera vencida.
Lo hizo sin la aprobación del Cabildo y sin apego a los requisitos establecidos en el Reglamento para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del municipio de Tijuana.
Además de las ratificaciones anómalas, ese mismo año entregó 10 permisos permanentes, de los cuales en cinco solo se había aplicado solicitud de licencia de operación y tres contaban con licencia de operación provisional; de los dos restantes no se encontró evidencia que se hubiese tramitado permiso alguno.
En el mismo ejercicio, cuatro establecimientos inexistentes desde hace dos y hasta siete años, al menos en el padrón oficial, fueron reactivados.
De los que continúan sin revalidar su permiso, ya sea en forma regular o irregular, la Comisión de Fiscalización de la cuenta Pública se dio a la tarea de acudir a cuatro negocios, confirmando que se encuentran operando y vendiendo bebidas alcohólicas.
De los 3 mil 690 establecimientos con venta de y almacenaje de bebidas con graduación alcohólica que sí cumplieron con el pago de su revalidación anual, el municipio de Tijuana captó 27 millones de pesos.
Mientras que el monto de la cartera vencida de quienes no estaban al día en el pago anual de sus permisos oscilaba en 9 millones 476 mil pesos; de la revalidación irregular el municipio captó ingresos por 800 mil pesos.
Foto: Agustín Reyes/Irregular permiso para construcción de gasolinera Alba Roja
Arbitraria construcción de gasolinera
Sin contar con el dictamen de factibilidad de uso de suelo y a 12.27 metros de la Escuela Secundaria Alba Roja, y no los 50 metros de distancia mínima que exige el reglamento de Zonificación y Uso de Suelo, el XXI Ayuntamiento permitió la construcción de una gasolinera en la Zona Centro de Tijuana.
El 28 de octubre de 2015, el gobierno de Jorge Astiazarán dio el aval para la construcción de la estación de servicio; mientras que el 29 de junio de 2015 otorgó la anuencia para una ampliación comercial con uso de locales comerciales, mediante las licencias números ZC2014A1172 y ZC2015A562.
Para ninguna de las dos obras se contaba con factibilidad de uso de suelo, por lo que la autoridad municipal se basó en una resolución emitida el 26 de julio de 2010 por el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal en el expediente 2471/2010, documental de la que no presentó evidencia, por lo que el permiso especial no fue aprobado en la cuenta pública de Tijuana.
No licita o no ejerce fondos federales
Con recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), se adquirieron bienes y servicios por un importe de 64.9 millones de pesos, sin aplicar en el 74 por ciento de esos recursos procedimiento de licitación pública.
Para el ejercicio de 2015, el XXI Ayuntamiento recibió recursos de SUBSEMUN por un monto de 90.1 millones de pesos, de los cuales dejó de ejercer 3.7 millones, monto que tuvo que devolver.
También regresó a la Federación recursos sin ejercer del rubro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, del cual había recibido 18 millones de pesos y solo aplicó 16.7 millones de pesos.
Pagan para que les hagan la chamba
Para que sus actividades “más importantes” sean promovidas en redes sociales como Facebook, Twitter y Google/Adword, Jorge Astiazarán contrató a Vilobi Corp de México, S.A. de C.V., proveedor que se anuncia y está registrado para realizar actividades de construcción y edificación de vivienda.
La adjudicación del contrato se entregó considerando a la empresa como un medio de comunicación, cuando no lo es, además de que la labor de insertar información en medios de comunicación y redes sociales es un trabajo que “pudo haber sido realizado por el personal de la Dirección de Tecnologías de la Información”, determinó el ORFIS. Vilobi Corp de México, S.A. de C.V. cobró 522 mil pesos por promover la imagen de Astiazarán.
Adjudicar directamente sin cotizar, o invitar a cuando menos tres proveedores, como lo establece el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamiento para el municipio de Tijuana, ha sido una práctica común del XXI Ayuntamiento de Tijuana, cuando menos en 8 millones de pesos gastados en 2015 fue detectada esta irregularidad.
Obras con retraso y mal planeadas
En el segundo año de la administración del XXI Ayuntamiento se ejecutó obra o se adquirieron bienes y servicios sin que más del 80 por ciento de estas acciones pasaran por un proceso de licitación. Los casos más representativos observados por el Órgano de Fiscalización del Estado corresponden a proyectos realizados con fondos federales.
De 63.7 millones de pesos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) autorizados a Tijuana, en una revisión del 51 por ciento de esos recursos contratados se observó incremento de más de 200 por ciento en el plazo de ejecución contratado, además de que se detectó que las obras no fueron planeadas acorde a las necesidades reales.
Ejemplos de estas anomalías son pavimentaciones realizadas con una inversión de 19.6 millones de pesos en: Calle López Portillo, en el parque industrial Otay y acceso a Valle Redondo, Ojo de Agua.
Del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva (FID) a Tijuana le fueron autorizados 67.1 millones de pesos para la ejecución de obra pública, aplicándose en cuatro proyectos el 68 por ciento de los recursos, acciones que se realizaron con 204 días de retraso, de acuerdo al plazo de ejecución contratado. Los trabajos tampoco Fueron planeados debidamente, estableció la auditoría del ORFIS.
Las obras observadas son: Centro de acondicionamiento físico y moderno y rehabilitación en Unidad Deportiva Reforma, construcción de gimnasio de usos múltiples y rehabilitación de Unidad Deportiva Benito Juárez y la construcción del Centro polifuncional y rehabilitación de Unidad Deportiva Tijuana.
Otro proyecto detectado con mala planeación fue la rehabilitación del Corredor Lázaro Cárdenas primera etapa, en el cual se aplicaron 19.4 millones de pesos, es decir, el 100 por ciento de los recursos del Fondo Metropolitano (FM) autorizados al Ayuntamiento de Tijuana en 2015.
La obra ejecutada con retraso y sin “una planeación acorde a las necesidades reales para la realización de los trabajos”.
