Además del posible regreso del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, están pendientes los traslados al “Altiplano” de su hermano Miguel Ángel “El Mudo”, pilotos, abogados y socios, entre otros reclusos que han obtenido amparos por la violación de sus garantías individuales. Son más de cien los re-traslados que el gobierno federal tiene que efectuar a los CEFERESO’s
Después del fracaso en más de un centenar de traslados de reos de alta peligrosidad que tuvieron que ser regresados a los penales federales de origen, las autoridades penitenciarias al fin trasladaron a un “peso completo” con la anuencia de un juez, como lo marca la ley.
Tuvieron que pasar varios años para que, tanto los directivos de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO’s) como el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), comprendieran que es la autoridad judicial la competente para autorizar y ordenar un traslado.
Eduardo Guerrero Duran comisionado del OADPRS
El aprendizaje llegó demasiado tarde para Eduardo Guerrero Durán, quien hasta el viernes 7 de octubre fue el comisionado del OADPRS, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la Secretaría de Gobernación (Segob). Fue sustituido por José Alberto Rodríguez Calderón, quien al igual que Guerrero, poca o nula experiencia tiene en el ámbito carcelario.
El ex comisionado ordenó centenares de traslados en el escaso año un mes que permaneció en el cargo. Tras su designación el 9 de septiembre de 2015, Guerrero Durán enfocó su atención en solucionar primero la grave crisis que dejó la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos meses antes, en el penal de máxima seguridad “Altiplano”.
A los 21 días de estar al frente del órgano desconcentrado penitenciario materializó la que creía era su “estrategia maestra” para terminar con los problemas del Cefereso 1 de Almoloya de Juárez: el traslado de más de los 30 reos famosos que estaban en el Área de Tratamientos Especiales hacia otras prisiones. Igual habría de hacer un enroque de internos en el resto de las prisiones a su cargo.
Avalancha de re-traslados
Desafortunadamente para el funcionario y para el sistema carcelario, la mayoría de los reclusos trasladados que interpusieron juicios de amparo han regresado a los CEFERESO’s de origen o están a punto de hacerlo por órdenes judiciales. Lo más que pudo hacer la dependencia a su cargo es impugnar los fallos, pero que irreversiblemente han sido y serán confirmados en tribunales colegiados. Sólo para ganar tiempo.
De esa manera han vuelto al penal del “Altiplano” Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, Mario Cárdenas Guillen y los hermanos Óscar Omar y Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-42” y “Z-40”, respectivamente), entre otros. Y entre los que deberán de retornar porque ya ganaron amparos –que están en revisión- se hallan Teodoro García Simental “El Teo” y sus hermanos Marco Antonio “El Cris” y Eleazar “El Viejo”.
También se ha ordenado regresar al penal federal asentado en la vieja ex hacienda de La Palma, en el Estado de México, a Juan José Esparragoza Jiménez, Daniel Vanegas Martínez (cuñado de Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”), Nicolás Caletri López, Arturo Martínez Herrera “El Texas”, Romano Lanciani Llanes, Miguel Ángel Guzmán Loera “El Mudo” y a su hermano Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán, entre otros.
El fenómeno se replica en cada uno de los centros federales de readaptación dependientes de la Segob en todo el país y que fueron trasladados sin la anuencia de un juez, solo porque las autoridades penitenciarias decidieron que era mejor “pedir perdón que pedir permiso”, que al cabo, al momento de ordenarse una “devolución” la impugnaban y más adelante la ejecutan.
Sin embargo, a la fecha son decenas y decenas de re-traslados los ordenados por jueces que el gobierno federal no cuenta con los elementos humanos y materiales para acatar dichas resoluciones.
Foto: Archivo/Mario Cárdenas Guillén, “El M-1” o “El Gordo”
El traslado del “Chapo”
A pesar de conocer el resultado de los amparos interpuestos por algunos de los reos que victoriosos volvieron al “Altiplano”, las autoridades penitenciarias decidieron hace cinco meses trasladar al narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, de esa misma prisión al Cefereso 9 “Norte”, ubicado en la reserva “El Cantón”, municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua.
Un sorpresivo operativo nocturno el 6 de mayo de 2016 levantó literalmente de su lecho al capo, para llevarle a su nuevo destino, cerca de la línea fronteriza con los Estados Unidos. El viaje concluyó las primeras horas del sábado 7. Los abogados primero, temiendo la extradición del personaje, y después, las autoridades, justificando la medida, dieron a conocer la noticia a los medios de comunicación.
El gobierno federal anunció públicamente que el traslado del “Chapo” se dio porque se realizaban obras de remodelación en el Cefereso 1 “Altiplano” y el penal de Ciudad Juárez reunía las mejores condiciones para albergar en sus celdas a un interno de las características de Guzmán Loera, quien ya se había fugado dos veces de las prisiones supuestamente más seguras de México.
Sin embargo, esas mismas autoridades, justificaron internamente -a través del Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso 1-, que el traslado del ex líder del Cártel de Sinaloa se sustentaba “para emprender un esfuerzo de distribución de la población penitenciaria federal y en los términos constitucionales, separar a sentenciados de los internos sujetos a proceso, así como medidas de reordenamiento que coadyuven a despresurizar la sobrepoblación y contribuyan a mantener condiciones más propicias para el tratamiento adecuado de los procesados y sentenciados, con un enfoque centrado en la reinserción social que mandata la Constitución”.
Obviamente, al interponer el juicio de amparo, los abogados del “Chapo” Guzmán sabían cuál sería el veredicto, mismo que fue dictado el 16 de agosto de 2016 por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Chihuahua:
“La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 9 “Norte”, residente en la localidad; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria (quede sin efecto la orden del traslado y se le regrese al “Altiplano”)”.
En éste, como en todos los asuntos similares, las resoluciones de amparo dejan en claro que con la entrada en vigor de la reforma penal constitucional de 2008 (lo que se conoce como la judicialización de la pena), la única autoridad competente para resolver sobre la modificación y duración de las penas, así como los sucesos relevantes del encarcelamiento, es la judicial.
Los arrepentidos
La mayoría de los presos de alta peligrosidad que se encuentran en los CEFERESO’s viven con la incertidumbre del cambio repentino de prisión, por lo que constantemente interponen demandas de amparo. Más aún cuando el traslado se materializa. Sin embargo, hay internos que ahora se arrepienten de haber protestado su salida de alguno de los penales en los que se hallaban.
Así le sucedió al líder de la organización de “Los Cuinis”, Abigael González Valencia, cuñado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien luego de ser trasladado el 30 de septiembre de 2015 del penal “Altiplano” al Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, pugnó por su regreso. No consiguió su propósito y entonces se amparó para que ya no lo removieran a otro reclusorio.
A principios de este año, las autoridades penitenciarias decidieron mover al “Cuini” de Hermosillo al Cefereso 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco, pese a que el capo contaba con una suspensión provisional del acto reclamado. Los defensores de González Valencia se inconformaron y al paso de los meses, el recluso ya estaba muy conforme –cerca de su familia- cuando el juez de amparo ordenó su retorno a Sonora. “Amparo contra amparo no se vale”, y ni modo, el reo está de nuevo en el Noroeste.
También le ocurrió a Arturo Martínez Herrera “El Texas”, quien batalló para que tras su traslado al Cefereso 13, en Oaxaca, se le amparara para regresarlo al “Altiplano”. Cuando le fue notificada la protección de la justicia federal, el delincuente dijo que se desistía del amparo, pues ya no quería volver a Almoloya de Juárez. A la fecha no le han regresado al penal de origen, pero no por gusto del convicto, sino por falta de personal y recursos del gobierno federal para hacerlo.
“Z-42”, de los primeros
Luego de tantos fracasos, el OADPRS por fin empezó a hacer las cosas conforme a la ley, y hace apenas una semana y media lograron trasladar a diversos reos con la anhelada autorización de un juez de control o de ejecución de penas. Uno de ellos es el afamado Óscar Omar Treviño Morales “El Z-42”, a quien se le negó el amparo porque ahora las autoridades administrativas no cometieron violación constitucional alguna.
Héctor Manuel Beltrán Leyva, “El H”
El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México autorizó la remisión del hermano de Miguel Treviño “El Z-40” al Cefereso 13, Oaxaca, desde hace casi seis meses. El juicio de garantías retrasó la orden. Ahí se advirtió como los directivos penitenciarios justificaron el traslado, argumentando que se trataba de una situación de fuerza mayor por el liderazgo de Omar en el grupo delictivo de “Los Zetas” y que requería de medidas especiales de seguridad o de vigilancia.
Para mantener la estabilidad en el “Altiplano”, evitar el hacinamiento y no poner en peligro la vida de otros internos, el OADPRS aseguró que “las acciones de Omar Treviño Morales ponen en riesgo la seguridad de la demás población, su vida misma, la seguridad de las demás personas que laboran dentro del centro penitenciario, así como a la sociedad, principal interesada en que se cumpla con el encargo de la seguridad nacional otorgada a este desconcentrado federal”.
Finalmente, el juez cedió ante las autoridades administrativas y así “El Z-42” fue excarcelado del penal federal mexiquense para ser llevado a otro reclusorio de las mismas características. Pero no el traslado no fue al Cefereso 13, Oaxaca, como el juzgador autorizó, sino al Cefereso 12, en Ocampo, Guanajuato, desconociéndose sí esta acción será motivo suficiente para que los abogados del criminal consigan su retorno al “Altiplano”.
