Por mentir al Juez Primero de Distrito, la representación legal de Juegos y Sorteos de B.C., operadora del Casino Grand Arenia del ex alcalde Carlos Bustamante, demandó penalmente al presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí y 7 de funcionarios de su gabinete.
La denuncia se interpuso y ratificó el martes 11 de octubre ante la Agencia de Ministerio público Federal, por posibles hechos constitutivos de delitos en los que servidores públicos del XXI Ayuntamiento de Tijuana pudieron haber incurrido al dar respuesta al Juez Primero de Distrito en materia de amparo.
José Eduardo Barragán Paredes, uno de los apoderados legales del casino, expuso que además del alcalde Astiazarán, en la demanda se incluyó a: Carlos Mejía López, secretario de Gobierno Municipal; Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y ecología; Arturo Ledesma Romo, Síndico Procurador; José Antonio Olivas Heredia, director de Inspección y Verificación; Ana Lilia Loaiza, directora de Desarrollo Urbano; y a Blanca Esthela Araujo, jefa del Departamento de Normatividad de la Dirección de Inspección y Verificación.
La parte quejosa demandó al juez de Distrito un amparo de suspensión provisional contra cualquier acto que le “impidiera el uso lícito de las 365 máquinas tragamonedas” que integran el inventario del casino Grand Arenia.
Al respecto, el juzgado solicitó a la autoridad municipal rendir un informe previo y otro justificado.
Fue hasta la misma tarde del 29 de septiembre, después de que autoridades de la Dirección de Inspección y Verificación municipal se apersonaron a clausurar la sala de apuestas reabierta 6:00 horas atrás, cuando el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparos recibió la respuesta de las 8 autoridades requeridas en su solicitud de informe. La respuesta de todos fue general, “no eran ciertos los actos reclamados”.
Para el abogado Barragán Paredes el hecho de que el informe justificado lo estuvieran presentando las autoridades municipales después de iniciar la inspección y nueva clausura del establecimiento de apuestas instalado en la plaza comercial Agua Caliente, “constituye un delito, ya que faltaron a la verdad”, “Sí se liberó y ejecutó una orden para impedir cualquier uso lícito de 365 máquinas tragamonedas”, subrayó.
Anotó que, de acuerdo al artículo 262, fracción Primera, de la Ley de Amparo Penal, los servidores públicos que rindan un informe previo expresando un hecho falso, pueden recibir una penalidad de 3 a 9 años de prisión, multas de 50 a 500 días o incluso ser inhabilitados de 3 a 9 años para ejercer algún cargo público.
Al respecto, Jesús Velasco, director de Comunicación Social del XXI Ayuntamiento, indicó que a esta demanda y a cualquier asunto legal relacionado con el juicio que se sigue contra el casino Grand Arenia, oficialmente “no se tiene ningún posicionamiento público”, “está en manos del juez y el juez es el que decidirá al respecto”, expuso al negarse cualquier declaración sobre el tema de cualquier funcionario municipal.
