Este viernes 23 de septiembre fue invitado al CUT el presbítero que ha dedicado sus mejores años a defender los derechos humanos de los más vulnerables, los migrantes, que vienen huyendo del histórico empobrecimiento de sus países.
En esta frontera el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra reactivó el debate sobre la extraordinaria migración en Tijuana y Mexicali con sus retos y los que la situación global que impactan a toda la población.
Una activista que visitó Guatemala, una comunidad en plena selva, llamada “La Libertad”, donde arriban desde Haití, centro y Sudamérica miles de familias migrantes desesperadas y descubrió jugoso negocio del tráfico de indocumentados. Muy lucrativo para los hampones especialistas en el tráfico humano, patrocinado por las evidencias caóticas por las autoridades federales, Gobernación y PGR.
Los organizadores de este éxodo del empobrecimiento cobran –según la fuente– $1,500 dólares por trasladarlos desde esa zona selvática guatemalteca hasta Tijuana. Por
seis mil migrantes ingresaron a esta mafia –pública privada– nueve millones de dólares. Y quien paga los costos es la población de estas fronteras.
Viajan dos días en autobuses hasta esta frontera. Además, en cada puesto de revisión donde están los representantes de instituciones como el Instituto Nacional de Migración, la PGR, el Ejército, la Marina –declara–, cobran 500 pesos por persona, para continuar a su destino. Vienen con la ilusión del “sueño americano” cada vez más “cerca”.
Por eso será el silencio del gobierno federal y la ausencia de cualquier acto de responsabilidad y solidaridad.
¿Dónde está la responsabilidad política, jurídica directa y atención de Migración, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante un río de emigrantes que no termina? ¿Quieren reventar a estas fronteras? ¿El Gobernador y alcaldes y el Congreso? Silencio disciplinado.
Si no se atienden adecuadamente a emigrantes, va a ser una bola de nieve ingobernable por el descuido e irresponsabilidad. Si no se arraigan en actividades lícitas, serán la carne de cañón de las células del crimen organizado que predomina en Tijuana. Ya están “trabajando” los cárteles con franquicia del Estado. Urgidos de nueva sangre que opere sus negocios de envenenar a la población.
Así que en los próximos meses de no ser deportados o ingresar a territorio norteamericano, la desesperación de estos grupos, ¿a dónde los orilla? Y la capacidad de asistencia de los centros de apoyo al emigrante se colapsaría. Y como en Sinaloa llegarían las camionetas llenas de víveres y “oportunidades de empleo”. Al narco le sobran operadores y dinero.
Centroamérica y Haití es el mayor expulsor debido a las condiciones de miseria y de inseguridad que enfrentan. Guatemala, El Salvador, Honduras. Pero también Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, DF, Estado de México, la pobreza está globalizada.
Estas regiones se han convertido en testigos de violencia económica, desigualdad, desplazamientos forzados de cientos de miles de personas que huyen de la represión del Estado, de la solapada delincuencia organizada y de las transnacionales. Poderes ilegales y siniestros que los despojan de sus tierras para acciones depredadoras del medio ambiente de explotación minera y producción de energía eólica.
Empresas poderosas engranadas a grupos armados que les hacen la vida imposible y ante crímenes y constantes amenazas de muerte huyen de sus propiedades.
La exposición del Padre Solalinde dio pie a una participación abierta de voceros de organizaciones civiles y del gobierno municipal y del estado.
Solalinde afirmó que ninguna instancia institucional puede enfrentar de manera aislada el problema de la crisis humanitaria que viven las fronteras de Tijuana y Mexicali.
Este reto ha superado a todos los que participan: sociedad, iglesias, organizaciones civiles, tres niveles de gobierno, y el voluntariado que se aplica copiosamente con el asistencialismo.
Se necesita crear por las ideas y experiencia del colectivo que participa una eficaz estrategia que salve este inédito desafío humanitario en Baja California.
La intervención de la representante del municipio de Tijuana enfatizó que tenemos una fuerte demanda de los desplazados por la compleja delincuencia de Michoacán en esta frontera, que vienen familias “sin más recursos que lo que traen puesto” a solicitar asilo a EUA.
Que esta corriente migratoria inició desde 2006 y cuando se desató la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón. El mismo político delincuente que quiere imponer, “como sea” a su esposa en la candidatura del PAN en el 2018.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es Académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: hrgcuellar@yahoo.com
