A seis meses de la explosión registrada en la planta del Complejo Petroquímico de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, Greenpeace México acusa a las autoridades mexicanas por actuar en la opacidad, sin dar explicaciones o proponer soluciones, una actitud “irresponsable” que pone en riesgo la salud de decenas de mexicanos. Por ello, la organización exige transparencia, un plan de remediación y resarcimiento, así como estudios que esclarezcan el caso y que sirvan de antecedente para evitar este tipo de siniestros.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo/ZETA).- Greenpeace México acusó de irresponsables a las autoridades sanitarias y de medio ambiente, ya que a seis meses de la explosión registrada en la planta del Complejo Petroquímico de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, que provocó la muerte de 32 contratistas, no han habido sanciones ni explicaciones satisfactorias sobre las causas del siniestro.
“Es completamente irresponsable que las autoridades de salud estatales y federales y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantengan desinformada a la población y a la opinión pública sobre los riesgos a los que están expuestos las personas tras la explosión. Desconocemos las consecuencias que tendrá la exposición a dioxinas y furanos en la gente y el ecosistema. Es por ello que las autoridades de Salud deben dar seguimiento epidemiológico a largo plazo a la población que ha estado expuesta a estas sustancias”, dijo Miguel Ángel Soto Treviño, Coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México.
Asimismo, Greenpeace no sólo urge a las autoridades gubernamentales actuar con prontitud, sino que considera que el Gobierno federal y Pemex deben dar a conocer el plan de remediación y estudios pertinentes para saber qué sucedió, qué impacto tendrá en el entorno y de qué forma se reparará el daño al medio ambiente.
El 20 de abril de 2016, un incendio detonó un estallido en la planta Clorados III, una productora de policloruro de vinilo (PVC) de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), que es producto de una alianza, firmada en 2013, por Mexichem –que posee 54 por ciento– y Petróleos Mexicanos (Pemex) –con un 46 por ciento–.
Luegos del siniestro, Greenpeace informó que el agua que proviene de la tubería de descarga del Complejo Pajaritos contiene al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados de alto riesgo para el ambiente y la salud de los habitantes de la periferia, pues son catalogados como posibles cancerígenos.
Tras realizar un análisis, el 23 y 24 de abril pasados, la ONG con presencia internacional acusó que dichas sustancias prácticamente carecen de regulación en México y fueron encontradas en concentraciones superiores a lo permitido por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de Estados Unidos. El problema es que de acuerdo con la regulación vigente, los emisores de sustancias de alto riesgo (como las dioxinas) están obligados a informar cualquier cantidad de compuesto que sea liberado al medio ambiente, además de que son son elementos incluidos en el Convenio de Estocolmo por su peligrosidad.
Los resultados desglosados en el reporte técnico realizado por la organización representan los impactos de la ausencia de regulación, control, y manejo de los químicos empleados en el complejo Pajaritos.
“Pemex está tirando esa porquería tóxica desde hace 15 años al menos o coincidió con que casualmente explotó Pajaritos y se contaminó también la tubería de descarga, lo cual es altamente improbable. Lo que sí es seguro, lo que sí es un hecho es que Mexichem y Pemex están contaminando con estas sustancias altamente tóxicas”, dijo a SinEmbargo Soto Treviño.
De las 10 muestras tomadas, la que arrojó resultados más alarmantes de presencia de tóxicos es precisamente la del agua proveniente de Pajaritos. Se encontraron etenos clorados, etanos clorados, y metanos clorados así como bencenos clorados. Además, contiene una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles.
De las distintas sustancias, el químico más predominante es el Dicloruro de Etileno (EDC, por sus siglas en inglés), sustancia catalogada como posible cancerígeno por IARC y los servicios de salud de EU. Las concentraciones halladas de EDC superan de 10 a 28 veces los límites que establece Estados Unidos respecto a las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos.
“Si las sustancias entran en contacto con el humano, se empiezan a acumular en los tejidos y los EDCs pueden provocar enfermedades como cáncer, padecimientos en el sistema nervioso, en los riñones, el hígado, entre otros”, dijo Soto.
Los compuestos químicos pueden ser ingeridos mediante los alimentos, el agua, al respirarlos en forma de gas o por contacto con el tejido humano, informó. Las consecuencias, señaló, podrán ser evidentes en la salud de las personas dentro de un lapso de 5 a 10 años.
Por ello, subrayó la necesidad de que la situación sea atendida a largo plazo. “Hay que darle seguimiento y financiamiento para que la gente tenga noción, sepa lo que puede pasar y además para que (Pemex y Mexichem) asuman los gastos”, urgió.
Desde entonces Greenpeace denunció que tanto Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), han actuado con nula transparencia. Y desde entonces los señalamientos no cambian: “las autoridades federales, estatales y las empresas siguen actuando con impunidad y negligencia”, en palabras de Soto Treviño.
A la fecha, Greenpeace ha realizado solicitudes de información mediante el sistema de transparencia Infomex dirigidas a Cofepris (folios 2125100532716 y 1215100533016), Pemex (1857200265716), Semarnat (0001600378416), Secretaría de Salud (0001200367016) y Profepa (1215100533016). Sin embargo aún no hay respuesta.
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
El 20 de mayo de este año, Pemex contestó no contar con información respecto al tipo de sustancias que operan en el complejo, respuesta que Greenpeace calificó como ridícula: “es ridículo que Pemex no tenga información de las sustancia que explotaron dentro de su complejo donde mataron a 32 personas hasta el momento porque no sabemos si las cifras están actualizadas o están escondiendo algo”, dijo Soto Treviño.
Por su parte, de acuerdo con el activista, Semarnat dijo que no era su competencia, mientras Cofepris y Profepa solicitaron prórroga para responder, un plazo que venció en junio… y desde entonces nada.
En este marco, el ecologista recordó que la Semarnat tiene la gran tarea de fortalecer la regulación del uso de suelo “porque si las autoridades hicieran su trabajo, accidentes como este por la liberación de químicos tóxicos podrían haberse evitado”, aseguró.
