La planta de tratamiento El Naranjo no tiene capacidad para procesar el agua que desecha una cuarta parte de la ciudad de Ensenada; la paraestatal ha optado por arrojar aguas negras al mar
Un trabajador demandó penalmente a la Comisión Estatal de Servicios Pùblicos de Ensenada (CESPE) ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien resulte responsable por hechos, actos y omisiones que han producido desequilibrio ecológico.
En la querella presentada el 31 de agosto, con el expediente fed/bc/539/2016, el denunciante describe que por las noches lo han instruido para que “abra la llave” de la tubería de aguas negras que desemboca en el mar, desde la planta de tratamiento El Naranjo, hasta la playa El Ciprés, una de las áreas más concurridas por el turismo.
En el documento señala directamente a Ernesto Vera González, que según el portal de Transparencia, es “profesionista especializado” con un sueldo mensual de 35 mil pesos. Es hermano del director estatal de la Unidad de Especialidades Médicas del Estado (UNEME), Francisco Vera González.
Otros empleados a cargo son Carlos Martín Valverde Escalante, “gerente de saneamiento” con un salario de casi 40 mil pesos mensuales y, por último, el ex director de la Comisión, Arturo Alvarado González.
La planta de tratamiento El Naranjo se localiza en Calle Manuel Ávila Camacho, Colonia Praderas del Ciprés. Según la demanda, la frecuencia para arrojar agua sucia es de 30 días por una duración de al menos cuatro horas y un máximo de seis.
A simple vista se aprecia que los estanques están rebasados en capacidad, con el agua verde ácida, áreas espumosas y malolientes.
A través de la Dirección de Comunicación Social de la paraestatal, el actual director de la CESPE, Carlos Loyola Peterson, negó a ZETA una entrevista para aclarar el problema ambiental que enfrenta.
Persiste la impunidad
El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alfonso Blancafort Camarena, comentó que la dependencia a su cargo no ha sido notificada sobre la querella, y que en caso de que lo hagan, será difícil actuar.
“Si tapamos el tubo las aguas residuales saldrán por las casas y generamos un conflicto socialmente difícil. Es decir, resolvemos el problema ambiental pero, por otro lado, abrimos uno social”, equiparó el funcionario estatal.
Mencionó que, si bien desconoce el caso de la planta El Naranjo, no le sorprende porque hay denuncias relacionadas con tiraderos en puntos de la ciudad como Playitas, El Sauzal y otros al sur.
Aunque se deslinden de la responsabilidad, la autoridad que regula agua potable, como las descargas, es el organismo operador, la CESPE, insistió Blancafort.
A su decir, es un tema que han agotado con CESPE, pero el Estado ha hecho caso omiso a las advertencias con la justificación que son fraccionamientos que no les han entregado formalmente, pero sí cobran por el servicio.
“Suena ilógico porque si alguien fracciona y vende, ocupan autorización para que se les dé el servicio de agua. Pareciera que es un juego de nunca acabar, no aceptan su responsabilidad”, sostuvo.
Es un tema de muy poca responsabilidad de la CESPE y de los particulares, en especial del sector hotelero, que se niegan a construir plantas de tratamiento en sus negocios, aunado a la incapacidad de inspección por parte de la Federación.
Aguas negras para los bañistas
Según los reportes que se presentaron ante la PGR, y que serán remitidos tanto a la SEMARNAT como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la autoridad envía la orden de que se arrojen las aguas en horario de 7:00 pm a 4:00 am, “cuando esté oscuro”.
De acuerdo a información de las bitácoras diarias, donde se reflejan los nieves (clarificadores) del agua, en verano se desechan aguas negras por lo menos una vez por semana, así como cada vez que llueve. La cantidad de agua contaminada corresponde a la que desecha la cuarta parte de la ciudad.
“Literal, de los baños al mar”, lamentó el denunciante.
Por sus características, a planta de tratamiento El Naranjo tiene un equipo prácticamente obsoleto, sin capacidad para procesar la cantidad de metros cúbicos, hay poco personal, pero lo más delicado, es el “amiguismo” con el que se manejan dentro de la paraestatal.
Con base en el Artículo 416 del Código Penal Federal, conforme al denunciante, ya no se trata de un daño, sino de un riesgo para la sociedad y tal delito merece una pena de uno a nueve años de cárcel para los responsables, y de 300 a 3 mil días de multa.
Cabe recordar que el Gobierno del Estado está a meses de inaugurar la planta desalinizadora de donde obtendrán, en un inicio, al menos 250 litros por segundo, por lo cual es pertinente tomar en cuenta el trato que darán al agua de desecho.
A Estado y Municipio “les vale”
El director de la Administración Portuaria Integral (API), Héctor Gonzalo Bautista Mejía, informó que han estado muy atentos a esas descargas que realiza la paraestatal tanto en las playas turísticas como en El Sauzal.
Hay agentes contaminantes externos que influyen en la operación y certificación del Puerto Verde en el recinto portuario de Ensenada, pero las autoridades hacen como que no entienden.
“Desgraciadamente no podemos intervenir fuera de nuestro recinto, hemos platicado ‘n’ veces con la autoridad municipal, con el Estado, para poder mitigar esas zonas que nos vienen a perjudicar. Pero repito, ¡no está en nuestras manos!”, subrayó.
Aprovechó para revelar que hay otras inconsistencias en la paraestatal que afectan el área concesionada por API, como es la operación de un cárcamo en el corazón de la zona turística.
Justo a unos metros de la Terminal de Cruceros donde bajan los turistas, un cárcamo expide malos olores y, aunque, la administración ha girado oficios a la CESPE para que repare el daño, se han desentendido.
“Vamos a tener que entrarle nosotros (con inversión económica) porque ya les solicitamos que nos echaran la mano porque hay ciertos aditamentos para evitar olores, y nos contestan que están generando esos recursos, pero creo que tendremos que actuar nosotros”, lamentó Bautista.
Contaminación vs. turismo
Derramar aguas negras al mar es un atentado contra el turismo, principalmente entre quienes están interesados en la compra de condominios frente al mar, indicó el secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan.
Si ese fuere el caso, ejemplificó el funcionario, “es importante atender porque frente al campo de golf en el fraccionamiento Real del Mar tuvimos un incidente igual, derrame de aguas negras al mar, donde nosotros tuvimos que intervenir. Se alcanzó a entubar, pero es un tema que hay que atender, hay que cuidarlo sobre todo de la parte nuestra por el tema de la percepción, evitar que se diga entre la gente que está comprando condominios”, sugirió.
Para la SECTURE es primordial que se hagan inversiones en materia de reúso y tratamiento de agua, ya que es un valor agregado para la ciudad que atrae un turismo diferente.
Lo que dice el Código Penal Federal
Artículo 416.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente. Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia un área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa.
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Artículo 52. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los conflictos penales y los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente.
