Existen inconformidades al interior del Sindicato de Burócratas en Mexicali, gremio que aún dirige la ahora diputada Victoria Bentley. La molestia es en función de las últimas basificaciones dadas en el Ayuntamiento de Mexicali en la administración que está a punto de concluir. Trabajadores del área de Desarrollo Social del Ayuntamiento las califican de irregulares.
Incluso, enviaron un documento a la Secretaría General del gremio, donde de manera razonada cuestionan la integración al sindicato de tres mujeres, con “poco” tiempo en la nómina, que pasaron sobre los derechos de decenas de trabajadores con mayor antigüedad.
Fotos: Sergio Haro/Victoria Bentley, burocracia
Señalan directamente a Cecilia Núñez Mendoza con el número de empleado 18021 y encargada en el Centro de Desarrollo Humano Integral en el fraccionamiento popular Los Naranjos; a Cecilia Torres Quiñones, con el número de empleado 10631 y titular del Centro de Desarrollo Humano Integral en el Valle de Mexicali; y a Alejandra Gutiérrez Gutiérrez, empleada 17951, quien tiene fecha de ingreso el 27 de mayo de 2015 con un puesto administrativo.
Además, en el documento de tres cuartillas enviado a la líder sindical -firmado por una veintena de empleados- enlistan a trabajadores que tienen ocho, 10 y hasta 19 años de antigüedad, quienes consideran debieron ser beneficiados antes que las damas. Entre éstos Jesús Gutiérrez Díaz, Santiago Montreal, Felipe Lozano, Adriana Núñez, Édgar Gracia y Daiza Laura Mena.
Como dato curioso, dos de las mujeres basificadas, Cecilia Núñez y Cecilia Torres Quiñones, resultaron ser militantes del Partido Acción Nacional, la primera con fecha de registro 14 de agosto de 2012 y la segunda con ingreso el 27 de abril de 1999, inscrita en el partido blanquiazul el mismo día que su marido, Julio César Gallegos Esquivias, quien hasta hace unos meses fungió como director de Delegaciones en la administración municipal que encabeza el panista Jaime Díaz Ochoa.
Habrá que ver si a los empleados de Desarrollo Social les sirve de algo exponer su inconformidad.
Una más
La mañana del miércoles 5 de octubre, un grupo de trabajadores inconformes con un descuento que les están haciendo -rubro conocido como Reserva Técnica- se reunieron en el Salón de Jubilados Burócratas en Mexicali.
Tal deducción había sido incluida en la controversial reforma a la Ley del ISSSTECALI, implementada en diciembre de 2014, cuando se dividió al magisterio de la burocracia, se crearon dos leyes y se reformó la Constitución; sin embargo, organismos de Derechos Humanos presentaron una queja que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que en septiembre de 2015 consideró inconstitucional esa parte del articulado de la reforma, por lo que el descuento no debería hacerse, pero se está aplicando.
Por este tema han iniciado las demandas -va una veintena-, pero seguramente se acumularán más. En la reunión se esperaba la presencia de la líder burocrática y ahora diputada por el PAN, Victoria Bentley, pero nunca llegó.
Rounds de sombra
Donde aún les queda un largo camino por recorrer en esta primera etapa es a la incipiente Legislatura local, pues -hasta ahora- el único acuerdo ha sido en torno a la presidencia de la primera mesa directiva -que le tocó al PAN- y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que quedó en manos del priista Alejandro Arregui. Se supone que este recorrido legislativo debe quedar asentado en un acuerdo de gobernabilidad, el cual aún no ha sido signado por los participantes de todas las fuerzas políticas. Ahí debe quedar plasmado por escrito a quién corresponderá encabezar cada mesa directiva, que regularmente va a la par con los movimientos del partido que encabeza la JUCOPO.
Después de negociar con estira y afloja durante seis días, todavía les resta definir la titularidad de las Comisiones -algunas más peleadas que otras-, y las cabezas de los órganos técnicos. Total que van lentos.
Porque antes de eso, las discusiones y jaloneos de los nuevos representantes en el Poder Legislativo siguen trabajando en torno a la propuesta de adelgazar la estructura y nómina del Congreso, lo que está definido como la parte medular de esta primera etapa ya iniciada formalmente la agitada noche del viernes 30 de septiembre.
Insistentes
Los que no se han quedado con los brazos cruzados, son los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Seguro Popular, quienes ante el desdén oficial local, han decidido integrarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud -de corte nacional- que lidera el doctor Antonio Sánchez Arriaga.
Antonio Sánchez del SITS y Amado Armenta
Localmente, desde fines del año pasado un grupo de trabajadores de la paraestatal descentralizada iniciaron la creación de un sindicato, aunque de inmediato el dirigente Amado Armenta -militante panista- fue despedido por el entonces titular de la dependencia, el ahora diputado local y coordinador de la bancada azul, Carlos Torres.
Lo curioso es que en diciembre de 2015, Amado Armenta -ya en la fría banca- recibió la notificación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que les aceptaron la solicitud de registro del nuevo gremio.
Pero al tratar de dar el siguiente paso y emplazar a huelga en abril de este año, se toparon que el nuevo director de la dependencia -el también panista Alejandro Monraz- había firmado contrato colectivo con un sindicato charro -de esos que se dedican a la venta de contratos de protección-, el Sindicato de Trabajadores de las Diferentes Ramas de la Industria y el Comercio Fuerza Laboral, que dirige Héctor Adán Ramos Olvera.
Así fue como desde la dirección del Seguro Popular optaron por “blindarse” a través de la firma con un sindicato afín al patrón, vieja práctica de los tiempos priistas.
Ahora los trabajadores inconformes del Seguro Popular buscan la protección de un sindicato independiente pero nacional, y de acuerdo con el belicoso discurso de Sánchez Arriaga -quien asegura tener tratos gubernamentales en una veintena de entidades-, aquí buscarían destrabar el trámite y empujar para que la Junta de Conciliación pueda convocar a un recuento y así constatar oficialmente cuál de los dos gremios tiene más membresía. Para eso buscaran entrevistarse con el secretario de Salud en la entidad y presionar a la Secretaría del Trabajo.
