La Ciudad de Madera, Chihuahua, no es frontera con Estados Unidos. Se localiza en la Sierra Madre Occidental y, como su nombre lo indica, la principal actividad económica es la tala de árboles. Compuesta por varios poblados, algunos que no llegan ni a los 50 habitantes, en la semana que
Poco se supo. De hecho la mayoría de los mexicanos desconoce que en aquella zona verde, de calma y boscosa, el martes 11 de octubre, dos grupos del crimen organizado se enfrentaron a tiros. Alejados de la sociedad, la urbanidad y la autoridad hicieron de la sierra su campo de batalla, hasta que, según reportan periodistas de la entidad, alguien alertó a la Policía Municipal y ésta arribó en un intento frustrado por controlar la violenta situación.
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No lo lograron. Los criminales mejor armados, los superaban en número. Es más, en las crónicas de la nota roja local se escribe que los uniformados fueron recibidos a balazos. Algunos alcanzaron a salir de sus patrullas y huir, mientras otros lo hicieron en las unidades oficiales.
Por supuesto que los delincuentes, presuntamente criminales organizados, pues en la zona fueron avistados convoyes apócrifos extorsionando y robando, tomaron las patrullas de la Municipal y las quemaron. De inicio los testigos refirieron cuatro vehículos totalmente calcinados, y por lo menos diez muertos.
Los municipales que acudieron al reporte no pudieron hacer algo por la seguridad, informaron de la situación tanto a la Policía Estatal como a elementos del Ejército Mexicano, pero ni una ni otra corporación acudió de inmediato al llamado de auxilio de la sociedad primero, y de la corporación municipal después. Sí lo hicieron, pero 18 horas después.
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Es justo mencionar que a esas alturas los delincuentes ya habían huido. La escena del crimen estaba sola y era de terror. Cuatro unidades, dos Ford, una Avalanche y una Silverado, totalmente calcinadas. Los cuerpos de dos hombres en las mismas condiciones tras el siniestro, y aun dentro de los acabados vehículos. Otros dos cuerpos calcinados tirados alrededor de la escena del crimen.
Durante las primeras horas posteriores al enfrentamiento, autoridades federales desconocían siquiera que se hubiese presentado un enfrentamiento cercano al poblado conocido como Las Pomas, en la carretera Madera-Ejido El Largo, cuya población apenas alcanza las 46 personas.
Pero las fotografías de los vehículos calcinados y la información extraoficial comenzaron a fluir. La escena es fuerte. Una unidad reducida a cenizas, apenas perceptible la estructura que da forma a la caja de un vehículo. A un lado, en el flanco izquierdo cerca de donde habría estado la puerta del conductor, dos montones de cenizas separados por poco menos de un metro. Son los restos de dos personas. Sus cuerpos son apenas dos montículos de cenizas que permiten vislumbrar que alguna vez hubo una forma humana.
Pasaba el mediodía del jueves 13 de octubre cuando finalmente la Fiscalía de Chihuahua confirmó la balacera del 11 de octubre, la incineración de cuatro unidades y la recolección de cuatro cadáveres. No más. Los cuerpos que los sicarios recogieron y se llevaron, no fueron considerados en el parte final. Por supuesto, aún no hay un peritaje público para analizar los casquillos que habrían dejado en la escena, el análisis de los vehículos para determinar su origen, o la investigación de la escena para determinar cuántas personas participaron y cuántas cayeron.
Información pública hay muy poca. No les da a los periodistas para más allá de cuatro párrafos. La fiscalía es hermética, la autoridad federal no sabe -o se hace como que no sabe- nada al respecto, y los testigos hablan de lo poco que alcanzaron a observar.
Algunas de las fuerzas armadas de este país han sido atacadas en los últimos meses con más frecuencia. Policías municipales, estatales y soldados del Ejército Mexicano han sido emboscados, asesinados, heridos, ante la dejadez de un Gobierno Federal que se ha acostumbrado a ofrecer condolencias por redes sociales, en lugar de intensificar la labor preventiva y operativa de las corporaciones federales que por Ley deben perseguir los delitos cometidos por el crimen organizado y el narcotráfico.
Si el Gobierno Federal evade su responsabilidad en la persecución, investigación y procesamiento de los criminales que atentan contra las fuerzas del orden y las fuerzas armadas, poco pueden hacer los agentes estatales y municipales en un ambiente que, a la par de inseguro, muestra signos de corrupción.
Mientras en Sinaloa los policías municipales, estatales y federales tardaron 40 minutos para atender el llamado de auxilio de los soldados del Ejército Mexicano que fueron emboscados el 30 de septiembre de 2016 cuando trasladaban a un delincuente y cinco elementos perdieron la vida, los oficiales de la Policía Estatal y el Ejército demoraron 18 horas -de acuerdo a reportes ciudadanos y periodísticos- en llegar a la escena del crimen, donde policías municipales fueron recibidos a balazos en Madera, Chihuahua.
En medio de la inseguridad, la descoordinación y la corrupción que impera en varias regiones del país, los ciudadanos están vulnerados, especialmente cuando los gobiernos estatales y el Federal, se niegan a proporcionar información a la población sobre las amenazas latentes a las que se enfrenta, ocultan imágenes e investigaciones de enfrentamientos, emboscadas y ataques, abonándole a la impunidad que se manifiesta en la nación, convirtiendo los enfrentamientos de una guerra por territorios o por el crimen, en balaceras anónimas sin que desde el Estado se acepte que México atraviesa una crisis de inseguridad y violencia que parece no tener fin.
