Ayuntamiento demandado con juicios rezagados

A punto de concluir, el XXI Ayuntamiento de Tijuana enfrenta un rezago de 500 demandas laborales y el incumplimiento en el pago de 20 millones de pesos de juicios concluidos que han sido desfavorables para la administración municipal y de los que no define su finiquito. El alcalde Jorge Astiazarán advierte que antes de salir no despedirá a su personal de confianza

De 600 juicios laborales heredados, el XXI Ayuntamiento de Tijuana ha atendido 137, de los cuales la actual administración de Jorge Astiazarán solo ha logrado ganar 36, los demás laudos se han perdido, obligando al municipio a un pago de 74 millones de pesos; a la fecha solo ha finiquitado 54 millones de pesos y no ha dispuesto fecha para saldar el resto.

Además de los 20 millones de pesos pendientes por pagar, 500 juicios más se encuentran en la espera de sentencia por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La desidia oficial, tanto del actual gobierno, como de las tres que le antecedieron, ha derivado en sentencias desfavorables: despidos arbitrarios de empleados, nula respuesta a las demandas en proceso y la no comparecencia oportuna, han encaminado al área jurídica municipal hacia la derrota.

Las demandas laborales afectan no solo la administración del gobierno que pierde los juicios, sino que terminan convirtiéndose en una carga permanente para el erario, porque además de la indemnización por despido injustificado, los quejosos demandan ser reintegrados en la nómina de empleados de base.

Durante su período, el presente XXI Ayuntamiento ha registrado un crecimiento de 836 plazas, obligándolo a realizar en 2014 una reestructuración de 134 para quedar en 9 mil 437 trabajadores, de una nómina de 8 mil 735 empleados que recibió del XX Ayuntamiento; 600 plazas se asignaron a policías de la sección Comercial, mientras que vía laudos laborales, 94 trabajadores han logrado incrustarse en forma permanente en la nómina, reportaron la Consejería Jurídica Municipal y Oficialía Mayor.

Respecto al crecimiento de la nómina, el alcalde Astiazarán recordó que “unos meses antes de terminar (la administración de Carlos) Bustamante, se dieron de baja plazas vigentes autorizadas por Cabildo, algunas por laudos, por lo que había menos gente en nómina” y, al no proceder su baja, los trabajadores tuvieron que ser reinstalados.

Pagar, única alternativa

El anterior Ayuntamiento encabezado por el ex alcalde Carlos Bustamante, heredó al gabinete de Astiazarán un total de 600 quejas presentadas por ex empleados municipales ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la mayoría no les dieron trámite y los dejaron perder; de los laudos, cien sentencias se notificaron en 2014. Todos desfavorables.

“El problema lo heredamos, no había nada que hacer más que pagar”, anotó el representante jurídico en el área laboral, Roberto Pareyón Castillo.

De acuerdo al informe del Tribunal, al gobierno de Jorge Astiazarán le tocó atender el desahogo de pruebas de la mayoría de los procesos que le heredó Bustamante, los cuales dejó sobreseer.

Esta falta de atención Pareyón Castillo la justificó a la dificultad de localizar a las personas presentadas como testigos en los laudos, y luego el problema de “convencerlos para declarar”, representó un conflicto que no se logró solventar. Agregó que la mayoría de las causas de despido se acreditan con testigos, no tenerlos significa perder los juicios.

Las sentencias del Tribunal condenaron al Ayuntamiento a pagos millonarios, algunos por 1.5 y hasta 2 millones de pesos, “una cosa exagerada, absurda”, subrayó el abogado municipal. Luego aclaró que los millonarios montos se debieron a lo tardado de los juicios, derivado de la lentitud del Tribunal en resolverlos, como del Municipio por darles seguimiento. De ahí que la actual administración fue condenada al pago conjunto de 74 millones de pesos.

Y ante la falta de presupuesto, el pago lo ha diferido en los tres últimos años, aunque solo le ha alcanzado para finiquitar poco más del 70 por ciento de las sentencias, quedando aún pendiente por cubrir 20 millones de pesos.

La Consejería Jurídica Municipal dice estar a la espera de que Tesorería les apruebe el presupuesto para finiquitar las sentencias desfavorables, pero a falta de presupuesto, el tesorero José Manuel Noriega Moreno no ha definido fecha de pago. 

Foto: Archivo/Base para 67 bomberos, “la mejor inversión”: Astiazarán

Pírricos logros jurídicos

Adicional a los 600 juicios sentenciados por atender que entregó el XX ayuntamiento, en 2014 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo notificó 16 más presentados por ex empleados de la anterior administración, los cuales terminaron resolviéndose a favor el Municipio, mediante juicios de amparo.

Los casos ya se habían perdido, pero “todavía estábamos en tiempo de promover juicios de amparo y se hizo”, ponderó Roberto Pareyón Castillo, subdirector laboral de la Consejería jurídica.

Ganar las 16 demandas representó un ahorro para el Ayuntamiento de 9 millones 300 mil pesos.

De trabajadores despedidos por el XXI Ayuntamiento, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha recibido 230 demandas, de las cuales ha emitido 21 sentencias, logrando el gobierno de Jorge Astiazarán ganar 20 de ellas. Del único caso perdido, el quejoso demandó solo el pago de tiempo extra, por lo que la afectación económica no fue mucha, sostuvo Pareyón Castillo.

Nueva Ley podría frenar laudos

Las reformas a la Ley del Servicio Civil efectuadas en mayo de 2014 podrían disminuir las demandas laborales, toda vez que solo permite al demandante exigir hasta un año de salarios caídos y pone en manos de una Comisión Mixta el otorgar o no una plaza laboral de base, expuso el diputado David Ruvalcaba.

Las reformas se efectuaron precisamente para evitar situaciones jurídicas que de manera sistemática enfrentan los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, dijo. Aunque fue frenada por el Sindicato de Burócratas de Baja California mediante un recurso, actualmente ya está en vigor.

Con la Ley anterior, explicó, si el demandante ganaba, el patrón estaba obligado a cubrir los salarios caídos del tiempo que el caso estuvo en juicio, aun cuando la demora se debiera a la tardanza del Tribunal por resolver.

Con la nueva Ley no es así, independientemente de la duración de un juicio, si la sentencia le es favorable al quejoso, éste solo podrá recibir una indemnización máxima equivalente a un año de salario.

El subdirector laboral de Consejería Jurídica del XXI Ayuntamiento de Tijuana expuso que la reforma también puso un candado en la asignación de bases, “el demandante ya no la puede ganar con solo el aval del Tribunal”, sino que éste la turnará a una comisión mixta de escalafón, la cual integran tres representantes de la administración en turno e igual número del Sindicato de Trabajadores.

En forma colegiada, la Comisión determinará si se le da o no la base al demandante; antes de emitir un fallo a favor del quejoso, primero deberá considerar si hay vacantes, porque de nueva creación ya no es posible insertar a la nómina a los que ganan juicios laborales.

La anterior Ley permitía que con solo seis meses haciendo funciones de trabajador de base al cubrir un interinato, el empleado podía requerir al Tribunal la base permanente, condenándose a los gobiernos a otorgarla.

Trabajadores de casi todas las dependencias municipales han demandado, alegando despidos injustificados o exigido una base laboral por derecho de antigüedad, pero por tener mayor cantidad de empleados, la Dirección de Servicios públicos y de Obras e Infraestructura Urbana Municipal generan la mayoría de los laudos, destacó Roberto Pareyón.

Vigente la reforma, en la actualidad no se ha otorgado ninguna plaza con ese esquema, ya que no se han presentado demandas laborales recientes.

No darán bases al final de la administración

A diferencia de sus antecesores, el alcalde Jorge Astiazarán se comprometió a “no basificar a nadie como se acostumbra el último año” del periodo de gobierno.

De base, solo se han generado las plazas de quienes han ganado laudos, anotó.

Sostuvo que su gobierno solo ha ampliado la nómina con trabajadores de confianza contratados para integrar la plantilla laboral de las nuevas dependencias que creó, como la paramunicipal Sistema Integral de Transporte de Tijuana -SITT-, Dirección del Migrante y Dirección de Participación Ciudadana.

También ponderó la creación de 600 plazas para elementos de la Policía Comercial y 67 más para Bomberos; prevé que antes de concluir su administración, el Cabildo le autorice 26 más plazas para la Estación de Bomberos Otay-Universidad. La creación de estas plazas, concluyó, “son la mejor inversión y no me arrepiento”.

Heredará a sucesor personal de confianza

“La nueva administración se encargará de dar de baja al personal de confianza que heredará”, advirtió el subdirector jurídico, al informar que ninguno de los trabajadores de confianza contratados por el XXI Ayuntamiento, serán liquidados.

A su arribo, cada gobierno reemplaza a la mayoría de los empleados de confianza, porque llega con su propio equipo, por lo que una vez capacitado el nuevo personal, el anterior es despedido, lo que hace que las demandas laborales en contra de la administración pública “sean inevitables”, subrayó Roberto Pareyón.

Y aunque no descartó que al inicio del XXII Ayuntamiento suceda lo mismo, jurídicamente la nueva administración contará con nuevas herramientas previstas en la Ley del Servicio Civil vigente, para facilitar la defensa de los casos.

Plazas autorizadas durante el XXI Ayuntamiento

*Jorge Astiazarán recibió del XX Ayuntamiento una nómina de 8 mil 735 trabajadores