La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, accedió a extraditar a México a Diego Cruz Alonso, el joven de 21 años de edad detenido en Madrid como uno de los miembros de “Los Porkys”, acusado de delito de pederastia por la supuesta violación de la menor Daphne Fernández, cometida en Veracruz, en enero de 2015, cuando ella tenía 17 años de edad.
El fiscal Alfonso Guevara decidió extraditar al joven mexicano y rechazó los argumentos de la defensa de Cruz Alonso, que atribuyó la acusación de violar a la menor a una “elaborada extorsión” del padre de la menor, quien según él, los secuestró y les pidió 4 millones de pesos a cada uno.
Según la agencia española EFE, la Audiencia Nacional de aquel país, argumentó que el delito por el que se solicita la entrega de Diego Cruz, “es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no ha prescrito y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, ‘siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad’”.
Además, respecto al argumento de la nacionalidad española que Diego Cruz reclamaba como obstáculo para su entrega, como planteó su defensa, la Sala Tercera consideró que “en manera alguna” impide la extradición, conforme al artículo 13.3 de la Constitución y el tratado bilateral España-México.
El miércoles pasado, con lágrimas en los ojos, Diego Cruz explicó que tras espiarlos y ver que eran miembros de “familias adineradas”, el padre de la joven reunió a los cuatro acusados de pederastia tumultuaria, y los amenazó con un arma para que depositaran 4 millones de pesos, ya que de lo contrario, “los mataría a todos”, tras lo cual los obligó a filmar el video donde se disculpaban por la supuesta agresión.
Cruz Alonso, quien dijo entonces ser “Cien por ciento inocente”, añadió que el caso alcanzó una gran resonancia al ser época electoral, y porque su difusión en los medios fue promovida por el propio gobierno para “distraer a la ciudadanía”. Por ello, el joven mexicano pidió que se le juzgara en España, de donde dice también tiene nacionalidad, “para tener la seguridad de ser juzgado justamente”.
El joven también aseguró que su viaje a Madrid no fue parte de un plan de escape sino para participar en un curso de finanzas, tiempo en el que desconocía que se le estuviera buscando.
“Pido que se me juzgue con base al derecho y no por mentiras. Sé que España no se dejará influenciar y se me dará la inocencia porque no he cometido delito alguno. Amo a mi familia y eso me da fuerzas”, dijo Cruz Alonso.
EL PADRE DE DAPHNE NEGÓ LAS ACUSACIONES
Ese mismo día, entrevistado por el periodista Carlos Loret de Mola en Televisa, respecto a las acusaciones del joven, Ricardo Fernández, padre de Daphne, negó dicha versión, y aseguró que es una estrategia que han tenido durante varios años que ha durado el caso: “Es falso, totalmente falso todo lo que dicen, son artimañas para evadir a la justicia”, comentó.
Además, comentó que su hija Daphne “se encuentra aislada del caso para que continúe su recuperación”, pero sigue siendo atacada en las redes sociales por gente cercana a Los Porkys.
Diego Cruz, quien según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre del año pasado en una universidad de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española, que apoyó la extradición, supuso una huida de la justicia mexicana.
Cruz Alonso fue acusado de “pederastia tumultuaria”, ya que los hechos se llevaron a cabo en acción conjunta con más personas cuando Daphne tenía 17 años de edad, por lo que se puede enfrentar a una pena de entre 12 y 40 años de prisión, según la legislación mexicana.
El joven es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo fue detenido Enrique Capitaine Marin, en Torreón, Coahuila, y que luego fue recluido en el Penal del Puerto de Veracruz, conocido como “El Penalito”.
La Procuraduría General de Justicia (PGR) había solicitado el apoyo de Interpol para emitir una ficha roja en los 190 países que forman parte de la red policial, en contra de Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales y Cruz, quienes habían salido del país. Gerardo Rodríguez no tiene orden de aprehensión porque supuestamente no agredió a la joven, dijo en su momento la defensa de la víctima.
Según los informes policiales, los cuatro jóvenes subieron por la fuerza a la hija de Javier Arturo Fernández Torres al interior de un automóvil Mercedes Benz en las afueras de una discoteca. A Daphne le quitaron su celular y la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro y, en el baño de la casa, abusaron sexualmente de ella.
Si bien la violación sucedió en enero, no fue sino hasta mayo cuando la investigación se abrió con la denuncia de Fernández Torres, pues fue hasta ese entonces cuando él se enteró, después de que la joven decidiera contarle todo a su hermana mayor y posteriormente lo expuso ante el personal del bachillerato privado donde estudiaba.
Entonces el padre de la joven fue convocado a una reunión con los agresores y sus padres, a lo cual accedió. Allí, Fernández Torres pidió a los padres de los violadores de su hija, que mediante un video le ofrecieran disculpas, que se comprometieran a no acercarse a sus hijas, además de que se sometieran a un tratamiento psicológico.
Fernández Torres publicó después la carta que les envió a los padres de los violadores y el video en el que Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso, así como Enrique Capitaine, confiesan su crimen y se disculpan con la joven.
Ésto, dijo el padre de Daphne, debido a que la familia de los jóvenes no respetaron el acuerdo establecido con la víctima y emprendieran una campaña de desprestigio en contra de ella. Tanto la carta como el video se hicieron virales. En ambas publicaciones, el padre de la víctima pidió el cese del hostigamiento contra su hija y su familia.
Desde entonces los cuatro jóvenes fueron conocidos como “Los Chacales del Rougier” o “Los Porkis”. Sin embargo, los implicados en la presunta violación, rechazan haber lastimado a la joven, y al contrario, acusan al padre de ella, de haber tergiversando la información “para sus intereses personales y ahora políticos”.
