El concepto de Mando Único se acuñó en términos administrativos y de coordinación de las áreas de seguridad de los gobiernos en una entidad, en Baja California. Era el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, y la inseguridad había arreciado en las calles del Estado, particularmente en Tijuana, producto de una guerra sin cuartel entre el Cártel Arellano Félix y una célula escindida del mismo, entonces ligada al Cártel de Sinaloa.
Los muertos caían por docenas en calles, parajes, avenidas. Los enfrentamientos cercanos a escuelas y otros sitios públicos, sucedían todos los días. Lo mismo que secuestros y violencia para sembrar terror, colgaba de puentes en forma de cuerpos, o se observaba en cadáveres mutilados o pilas de cuerpos inertes.
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La violencia y la inseguridad fueron escalando y tocó a una gran parte de la sociedad. Los secuestros comenzaron, le siguieron los cobros de piso, y aquel caos trajo el éxodo de una clase social que tenía los medios para guarecerse de las balas y las amenazas en otro país, allende la frontera con Estados Unidos.
Entonces el gobernador encabezó el Grupo Coordinación. Convocó a los representantes del Ejército, al Comandante de la II Región Militar y éste al de la II Zona que abarca todo el Estado. También al secretario de Seguridad y al procurador, a secretarios de Desarrollo Social y Turismo, a delegados del CISEN, a representantes de las corporaciones federales y a delegados nacionales inmiscuidos en el tema.
De su puño y letra, entre Osuna Millán y su entonces secretario de Gobierno, José Francisco Blake Mora, le entregaron una carta al General Sergio Aponte Polito, solicitándole al apoyo para combatir juntos la inseguridad y a los dos cárteles de la droga.
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Osuna recibió amenazas por ello. En un video y con una manta, las huestes de Teodoro García Simental “El Teo” lo amedrentaron.
Pero a la llegada del General Alfonso Duarte Mújica, Osuna lo nombró coordinador del Consejo Estatal de Seguridad, entidad en la que se reunían las fuerzas policíacas, de seguridad y desarrollo y oportunidad de Baja California y de los tres órdenes de gobierno.
No fue el General Duarte solo, ni Daniel de la Rosa, o en su momento Alberto Capella o Julián Leyzaola, ni el entonces procurador Rommel Moreno, quien combatió hasta reducir la presencia de los cárteles de la droga y con ello a la inseguridad y la violencia de alto impacto. Realmente fueron todos, llevados de la exigencia de la sociedad, y centrados por la decisión de un gobernador de ceder el control del Grupo Estatal de Seguridad a un General, aun cuando de facto él lo encabezaba.
En las últimas semanas en Baja California, particularmente en Tijuana, el horror se ha hecho presente. La violencia sangrienta, la inseguridad física, la intranquilidad de la sociedad, la vulnerabilidad de los ciudadanos, ha regresado.
Como hacía muchos años, unos seis, siete, que no lo atestiguábamos, la situación violenta, la ley de sangre y plomo ante la impunidad que provee el Estado, ha regresado a Baja California.
A pesar del aprendizaje dejado por las acciones emprendidas en los años violentos pasados, a pesar que “el modelo Baja California” fue tomado para iniciar las pláticas en torno al Mando Único, parece que el actual gobierno del Estado no aprendió lección alguna. El caos de inseguridad inicia en el seno de una administración donde no hay coordinación ni siquiera entre procuraduría y subprocuradurías, mucho menos entre procuraduría y Secretaría de Seguridad, y entonces poco se puede esperar de relaciones armoniosas entre y con corporaciones de otros gobiernos para combatir ya no a dos cárteles como en el pasado, sino a tres. El Cártel Arellano que se ha levantado de la reducción, el Cártel de Sinaloa que no ha sido debilitado, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que goza en estos momentos políticos, de la impunidad que otros tuvieron en el pasado.
Tan notorio es el cambio aun siendo el pasado y el presente gobiernos emanados de Acción Nacional, que incluso Daniel de la Rosa, el secretario de Seguridad que fue en la anterior administración y lo es en esta también, es un funcionario con Osuna Millán y otro con Francisco Vega de Lamadrid.
El actual mandatario no ha tenido la capacidad para enfrentar a los narcotraficantes con los recursos humanos, de infraestructura y económicos propios, como tampoco ha sabido exigir al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, que atienda los delitos y fenómenos criminales que son de su fuero y no del estatal. Mucho menos ha tenido la visión, el liderazgo o el compromiso con la seguridad, para encabezar de nueva cuenta el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, entidad que existe en papel, pero que en la realidad es letra muerta.
De los Generales destacados en Baja California es notoria su ausencia en la vida pública y su falta de accionar en la inteligencia para la investigación de los cárteles de la droga y el combate a la inseguridad, debido a cambios en la Ley Nacional de Seguridad, la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y la falta de compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto para combatir con las Fuerzas Armadas de este país, a la criminalidad organizada y al narcotráfico que han sumido regiones en el medio y la sangre desbordada.
En Baja California, en Tijuana, los hechos violentos de las últimas semanas, los cuerpos desmembrados, las mantas amenazantes colgadas, los cada vez más asesinatos y la evidente presencia de los tres cárteles, significan un regreso al pasado, a la inseguridad desbordada, pero sin la presencia y el ejercicio de un liderazgo estatal que enfrente a los impunes, y llame a coordinar esfuerzos encabezando el Consejo Estatal de Seguridad.
El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, está, de manera peligrosa, ignorando el tema de la inseguridad y el narcotráfico, permitiendo con ello el crecimiento y el asentamiento de capos y criminales en perjuicio de la sociedad. Es hora, como en años anteriores, que la sociedad organizada exija una vez más a su gobierno que actúe. Antes que la violencia comience a escalar, como en el pasado…
