A una semana que asuma la XXII Legislatura en Baja California, se encuentran a todo lo que dan las discusiones relativas a la repartición del pastelote que significa la nómina en el Congreso del Estado. Los cercanos al proceso aseguran que todos quieren meter mano en las decisiones, sobre todo en esta etapa donde visualizan al menos tres objetivos específicos –igual de apetitosos–, los Órganos Técnicos, las principales comisiones y el Órgano de Fiscalización.
Con eso que la fracción del PAN tendrá una cómoda mayoría, el pleito en este momento no es con las fracciones contrarias –aún incompletas y sin oficializar–, pues faltan 8 escaños de representación proporcional y hoy la única otra fracción es la del PRI que suma apenas tres diputados.
Y es que los Órganos Técnicos –Servicios Parlamentarios, Servicios Administrativos, Comunicación Social y el Jurídico– son la clave para la operación y control de los trabajos del Congreso. Además la próxima legislatura entrará con la espada desenvainada y para nadie es un secreto que buscarán meter tijera al abultado gasto del Legislativo, directamente a la nómina y sobre todo a la “gordura creada” en la Legislatura 20, controlada completamente por el PRI y caracterizada como el trienio donde casi se duplicó el gasto.
Ahora parece que la tortilla va al revés y de nuevo los azules entre que se regodean y se disputan los lugares, algunos con sueldos de más de 100 mil pesos mensuales.
Es decir, le rebatinga en estos momentos es entre los mismos panistas, además en un contexto donde en unas semanas se renovará la dirigencia estatal del partido blanquiazul y es evidente que el actual líder José Luis Ovando no se quedaría en el desempleo. Por eso se le ha mencionado para algunos de los puestos principales que hoy están en disputa al interior del congreso local, aunque otra opción sería algún tipo de enroque. Por lo pronto hay nombres como el de Ricardo Magaña y en el caso del CDE Estatal, el de Rubén Armenta.
Aunque algunos puestos son netamente técnicos administrativos, se sabe que de ahí ha venido el control político, como el caso de Servicios Administrativos donde el actual titular es el priista y líder estatal del sector popular Jesús García Castro. Para ese lugar se ha mencionado al panista Humberto Sada como uno de los aspirantes.
Otro caso es la Secretaría de Servicios Parlamentarios, encabezada hoy por el ex diputado panista Gilberto González Solís y en Comunicación Social han incluido el nombre del ex director de Comunicación Social en el gobierno de Osuna, Mario Palacios, aunque hay otros tiradores. En esta área de comunicación es donde se adelanta que se aplicará una verdadera reingeniería pues es sabido lo abultado de esa nómina y las subdirecciones creadas al vapor, eso sí con sueldos promedio de 50 mil pesos mensuales.
En el caso de los institutos se busca desaparecerlos y junto con ellos los sueldos de 80 mil pesos.
En términos numéricos toda esta área dizque administrativa ocupa por lo menos medio centenar de puestos –la mayoría de confianza– y que seguramente serán relevados.
Lo curioso es que los nuevos diputados repiten en su discurso que buscarán bajar la nómina pero cada uno llega con al menos diez colaboradores, los que multiplicados por 25 dan 250 empleados.
Aparte está el tema del nuevo coordinador de la bancada azul –a quien se le liga entre el panismo con el ex presidente Felipe Calderón y si se toma en cuenta que la ex primera dama ahora es precandidata presidencial, todo indicaría que los azules locales están acomodando fichas para el tablero electoral 2017.
Por cierto, en la opacidad se retirarán los diputados locales luego que por meses se pidieron los gastos de apoyo social, incluso los legisladores encabezados por la presidenta del Congreso local, Mónica Bedoya, jamás permitieron condiciones adecuadas para dar a conocer la información que por ley es pública.
Ahora solo falta esperar que se vayan y que toda esa información fluya, o ver si los nuevos diputados serán tapadera de los anteriores.
En corto algunos diputados comentaron a ZETA incluso que el tema se trató y la orden fue impedir la información a toda costa, para ello utilizaron al aparato jurídico para detener con triquiñuelas la información al amparo de un instituto de transparencia totalmente inútil.
El fuero
Aejandro Arregui, fuero
Donde parece que las cosas no quedaron muy claras es en la delegación de Infonavit en Baja California, sobre todo en el periodo encabezado por el hoy diputado electo –y además futuro coordinador de la fracción del PRI en la próxima legislatura–, Alejandro Arregui. Y es que en la revisión de la situación de la dependencia en la entidad se han encontrado diversas irregularidades, como la baja recaudación donde incluso se menciona que ocuparía el lugar 28 en ese rubro en el ámbito nacional. Eso no es lo más grave, hay temas de posible corrupción y otros desmanes administrativos pero –dicen los que saben– que a Arregui Ibarra lo salvó el fuero que adquirirá a partir del viernes 30 de septiembre cuando tome protesta como diputado local, aunque sus colaboradores parece que no tendrían igual suerte.
Sedatu
Donde ya no cabe ni un escritorio más es en la Sedatu Mexicali, las “oficinas” se encuentran hacinadas por decirlo de alguna manera, los papeles invaden los pasillos y al parecer el delegado no le tiene mayor preocupación que los empleados coman en sus escritorios toda vez que no tienen un espacio digno para poder desarrollar su trabajo.
A la oficina federal le falta espacio o le sobran trabajadores, por ahí sería bueno revisar la nómina y las condiciones en las que se encuentran.
La estatua
El 15 de julio pasado, en el evento relativo al 17 aniversario de su asesinato, un grupo de amigos, familiares y periodistas acudieron ante la estatua del
periodista sanluisino Benjamín Flores, asesinado en esa fecha pero en 1997. Ya estando frente a la estatua del comunicador sacrificado –caso que sigue impune– notaron que la placa de bronce instalada en la base donde posaba la estatua había desaparecido. Dos meses después los ladrones no se conformaron con la placa y la noche del viernes 16 de septiembre intentaron robarse la estatua completa, como pudieron la arrancaron de la base y la arrojaron al suelo, pero aparentemente por el peso no pudieron llevársela.
Originalmente se manejó que se la habían robado, pero de acuerdo a fuentes municipales fue personal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado quienes la recogieron para –y es lo que se ha informado extraoficialmente– acomodarla de nuevo en la misma base. La estatua estaba colocada en la confluencia de la calle 9 y –así se llama la calle– Benjamín Flores. (Con Información de Cristian Torres)
