Con el rotundo desacuerdo de uno de sus magistrados, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California desechó todas las pruebas contra la elección de alcalde de Tijuana, en la sesión pública del 5 de septiembre; por ello los partidos en disputa anunciaron que el caso llegará a instancias federales en próximos días.
El presidente del órgano jurisdiccional y ex funcionario del gobierno estatal panista, Martín Ríos Garay, se encargó de armar el proyecto de sentencia sobre los recursos interpuestos por los partidos Encuentro Social (PES), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Peninsular de las Californias.
La tendencia fue clara: desestimar la totalidad de los medios de prueba por considerar que no demuestran los agravios señalados, o que son simplemente “meras afirmaciones genéricas y sin fundamento”. Una por una, las pruebas caían en voz de la secretaria del Tribunal, Cecilia Razo Velásquez, al leer la propuesta.
Cuando le tocó el turno, el magistrado Leobardo Loaiza Cervantes reviró a Ríos Garay, y afirmó que las pruebas presentadas sí confirman irregularidades graves que violan principios constitucionales básicos para el correcto desarrollo de un proceso electoral, lo cual anula la certeza del resultado que favorece al panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, razón por la que pidió invalidar la elección y ordenar al Órgano Electoral que convoque a otra. Continúo con que el proyecto del magistrado presidente se dedica a “desestimar sistemáticamente” las denuncias de los contendientes.
Según Loaiza Cervantes, los principios que se vulneraron en los cómputos distritales son el de certeza, legalidad y máxima publicidad, por acciones y omisiones de autoridades electorales que no actuaron conforme a la Ley. “Esa falta de apego a la normatividad pudiera no reflejar la voluntad de los ciudadanos”, apuntó.
Consejeros no cuidaron los votos, magistrados en desacuerdo
Que los consejeros del Instituto Estatal Electoral no hayan protegido ni administrado correctamente la documentación -votos, actas, entre otras- fue una de las mayores denuncias que se remitieron al Tribunal, pero para Ríos Garay el descuido del papeleo y la violación a la llamada “cadena de custodia” no quedaron demostradas en los medios de prueba entregados por el PRI y el PES, ya que no explicaron el tiempo, modo y lugar en que las faltas se cometieron.
El magistrado presidente refirió el incidente ocurrido el 10 de junio en el Distrito 11, cuando en presencia de la fuerza pública, prensa y observadores electorales, los contendientes reclamaron no solo la captura de votación por personal no autorizado por el Órgano Electoral, sino que antes de iniciar el cómputo distrital, había 99 paquetes electorales fuera de la bodega de resguardo legal, vulnerables a delitos electorales; en ese sentido calificó de genéricos e imprecisos los documentos presentados, que no dejan claro que eso haya sucedido.
Sin embargo, Loaiza Cervantes contravino y dijo que las videograbaciones, fotografías y escritos de protesta que fueron desestimados por quien fungió como empleado de la Secretaría de Gobierno en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, son claras y consistentes para demostrar la ilegalidad con que actuaron los funcionarios electorales: “Existen medios de convicción suficientes para tener por acreditado que la autoridad electoral incumplió con su obligación de cuidado y preservación de los paquetes y documentación electoral, y en consecuencia no garantizó la integridad de los mismos”. Hechos que trasgreden el principio de certeza.
Asimismo, advirtió que en el caso del Distrito 11 hay tres actas de la sesión, cada una con firmas que sospechosamente son distintas una de la otra, a pesar de corresponder a los mismos funcionarios electorales. Exhortó al resto de los magistrados a tomar en cuenta que los consejeros fueron sustituidos por faltas al cuidado del material electoral, tal y como marca un acuerdo del Consejo General.
Aunque no se videograbó, no se violentó ningún principio: Tribunal
Tal y como ZETA documentó la videograbación de las sesiones de cómputo distrital, a la que tanto los lineamientos aprobados por el IEE como por la Ley Electoral de Baja California, no se hizo en tiempo real e ininterrumpida, fue registrada tanto por el PES como por el PRI, como una muestra de que el principio de máxima publicidad había sido violado.
Una vez más, Ríos Garay desestimó esa postura, y argumentó que dicho principio no se violenta solamente por la falta de un video, sino que al contrario, se sustenta en la difusión de toda la información respecto al quehacer de los consejeros, situación que desde su punto de vista sí se dio.
De nueva cuenta, Loaiza Cervantes sentenció que sí se violenta la máxima publicidad al interrumpirse frecuentemente el vídeo en tiempo real, al que la sociedad tiene acceso por derecho constitucional, y anotó que en su percepción, al no contar con registro videográfico de todo lo sucedido, ese vacío da incertidumbre al proceso electoral, lo que desde su punto de vista obliga a repetir la elección.
Cabe destacar que el momento en el que Gonzalo Manrique, consejero presidente del Distrito 16, irrumpe a la bodega sin la aprobación de todos los consecuentes no fue grabado, no existe en el archivo de video del cómputo distrital.
Que la captura de votos haya fallado es una afirmación “genérica y subjetiva”, dice Ríos Garay
Constantemente, el sistema electrónico que el IEE dispuso para capturar votos falló, restándole certeza y legalidad, provocando un sinnúmero de escritos de protesta por parte de los representantes de los partidos políticos, pero para el proyecto que el Tribunal aprobó, no hay pruebas suficientes de ello.
A través de su candidato a la alcaldía de Tijuana, Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, el PES exigió al órgano jurídico revisar las diferencias entre las actas en las que se asentaba la cantidad de votos y la sábana electrónica, además de constancias duplicadas en algunas casillas.
La propuesta de Ríos Garay califica los planteamientos de Encuentro Social como “meras afirmaciones genéricas y subjetivas, sin medios de prueba eficaces que las acrediten”; no obstante Loaiza Cervantes sí acredita lo registrado, y ahondó en el tema, resaltando que comprueban actas duplicadas y capturas irregulares, incluso a través de las hojas de cálculo de Excel, porque el software del IEE resultó inútil; en el caso del Distrito 13, el cómputo se tuvo que empezar de cero.
Acusan a magistrado de no opinar en privado; Jiménez Castillo señala a partidos por irregularidades
El magistrado Leobardo Loaiza Cervantes aseveró que resulta dudoso que “inexplicablemente” haya mil 694 votos más en la cuenta de la elección de munícipe que en la del total de la contienda de diputados de todos los distritos electorales de Tijuana.
Lo anterior adquiere mayor relevancia porque la diferencia entre Gastélum Buenrostro y Leyzaola Pérez es de apenas 1.01 por ciento de la votación total emitida, por lo que cualquier alteración al resultado podría haber cambiado al vencedor. Si se toma en cuenta cada casilla, se obtiene que la diferencia entre ambos es de menos de 2 votos. “No existe certeza en cuanto a la forma en que se obtuvieron los mencionados resultados”, apuntó el magistrado disidente.
Al terminar de hablar, Ríos Garay externó su molestia de que Loaiza Cervantes no haya externado su postura respecto al proyecto durante las sesiones privadas, sino que esperó a la sesión pública para desahogar su fuerte inclinación a echar por tierra una elección plagada de irregularidades, y categóricamente lo criticó por hacer un cotejo de las pruebas, ya que no debe hacer el papel de Ministerio Público.
La magistrada Elva Regina Jiménez Castillo fue la encargada de definir el resultado de la sesión. Su participación fue corta y no analizó prácticamente ninguno de los medios de prueba presentados por los quejosos. Es más, acusó a los partidos políticos de romper el orden de las sesiones de cómputo distrital, violentando la Ley.
Se dedicó a hacer una exposición de los elementos de blindaje que incluyen la legislación vigente para dar certeza a la elección, misma que sin dar mayor sustento, indicó, no fue violentada por el Consejo General del IEE.
De igual manera, dijo desconocer los criterios establecidos por el magistrado disidente, dejando en claro que solo tenía claros los principios expuestos por Ríos Garay, por lo que se sumó a la propuesta del mismo.
“Yo solamente conozco uno, el que nos presentó el presidente”, aseveró.
Tribunal Federal se hará cargo, partidos no pueden presentar más pruebas
Los dirigentes pesistas y priístas comunicaron de manera oficial que en los días siguientes entregarán a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Guadalajara, Jalisco, las mismas pruebas que entregaron al órgano jurídico local.
Luis Moreno Hernández, titular del PES en Baja California, comentó a ZOOM POLÍTICO que los medios de prueba y la versión estenográfica de la sesión del 5 de septiembre será entregada hoy viernes 9 de septiembre, el plazo para resolver es un día antes del final de la administración municipal actual, es decir, el próximo 30 de noviembre.
“Creemos que nos va a ir bien”, declaró, y explicó que no se pueden aportar más pruebas y elementos distintos a los ya vertidos.
Por otro lado, llamó “infantiles” los posicionamientos de Ríos Garay, acusándolo de tener una actitud “irregular y atípica”, al reclamar a Loaiza Cervantes no presentar sus elementos previamente en privado.
La Sala Regional Guadalajara del TPJF, a la que le corresponden controversias de ocho Estados, es presidida por la magistrada Gabriela Eugenia del Valle, quien es acompañada en las sesiones por Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Mónica Aralí Soto Fregoso.
