Ciertamente a Héctor Orlando Díaz Cervantes lo inhabilitaron el 4 de noviembre de 2013 para ejercer cargo público durante un año. Lo hizo la Sindicatura Municipal de Tijuana por inconsistencias encontradas en la entrega que hizo de la administración de la Dirección de Protección al Ambiente, entidad que encabezó durante el trienio de Jorge Ramos Hernández. Cuatro meses después, Díaz Cervantes introdujo un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Específicamente, éste emplaza a la Sindicatura el 11 de febrero de 2014, y ese mismo día, con una inusual rapidez, en un hecho que sorprendería al más eficaz abogado, el Tribunal concede la suspensión provisional a Héctor Díaz Cervantes. De entonces la fecha el juicio principal, el que motivó la inhabilitación y sobre el cual el Tribunal decidirá si la decisión fue o no legal, no ha concluido. Está en proceso. Técnica de abogados, el juicio podría llevar años antes de ser resuelto, y el inhabilitado y amparado podrá seguir ejerciendo cargo público. Desde el 1 de diciembre de 2014, trece meses después de la inhabilitación, Díaz fue designado consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, por el Congreso del Estado, aunque es conocido que llegó a esa posición por la intervención de dos entes: de Eligio Valencia Alonso, director del periódico El Mexicano, y del compadre de éste y titular de Finanzas, Antonio Valladolid. En su calidad de abogado, el consejero inhabilitado y amparado, ha utilizado la posición en el Poder Judicial y las conexiones de sus clientes y amigos, para mantener la posición allende su proceso legal (de hecho de haber acatado la inhabilitación, no hubiese tenido problema para tomar posesión). Incluso para limitar la información que sobre él se proporciona en las entidades de Transparencia, donde de manera sistemática se ha negado la emisión de documentos que prueben la inhabilitación primero, y la suspensión provisional después. Hechos que están debida y oficialmente consignados en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Tijuana. El problema es que con la inhabilitación que recientemente le quitó la magistratura al licenciado Carlos Cataño, Héctor Díaz mete en otro brete al presidente del Tribunal, Jorge Armando Vásquez, a quien afecta directamente la acción del consejero recomendado. Aparte, aseguran quienes están en el Consejo de la Judicatura, que los movimientos de Díaz Cervantes como presidente de la Comisión de Administración, no han sido los mejores para el Poder Judicial. Ejemplifican con dos: en cuanto tomó posesión, cambió el banco de referencia para pagos del personal, al cambiar de Banamex a Bancomer sin que hubiera justificación, y de lo cual los trabajadores se quejan; además de otorgar un convenio para capacitación y cursos de mediación del Tribunal a una universidad en Tijuana de la cual, presume en lo corto, ser socio. Cosas del poder y los amigos.
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