Ante millonarias pérdidas por bloqueos de maestros de la CNTE el presidente de Concanaco Servytur pide al gobierno federal actuar ya. Negó que empresarios se estén armando. Dijo a ZETA que personalmente le pidió al Presidente abordar el tema de la creación de una zona económica especial en Baja California pero “no me contestó”
Han transcurrido más de dos meses de iniciados los bloqueos en el sur del país por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes piden dar marcha atrás a la Reforma Educativa, lo que ha colapsado comercios de Oaxaca, Michoacán y Chiapas con mermas cercanas a los 7 mil 500 millones de pesos, sin que hasta el momento haya un arreglo entre el gobierno federal y el organismo.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, dijo en entrevista con ZETA que la actuación de la administración que comanda Enrique Peña Nieto ha sido “tibia”, ya que no ha hecho valer el estado de derecho.
Cabe recordar que el clima de inseguridad por la que pasan algunos estados de México ha orillado a dicho sector como a otros líderes empresariales a pronunciarse por la aplicación de la ley.
Durante la reciente celebración de las Fiestas de la Guelaguetza, en Oaxaca, 4 de cada 10 turistas cancelaron sus viajes al estado por el desorden social que se vive, mientras que los comercios están a punto de irse a la quiebra, en tanto que campesinos, vendedores y los sectores involucrados en el comercio de Chiapas no han podido trasladar sus mercancías, igual sucedió en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De acuerdo a Enrique Solana Sentíes México pasa por una situación de peligro, ya que aunado a la inconformidad de la coordinadora, que afectó aproximadamente a 120 mil pequeñas y micro empresas en Oaxaca, mientras en Chiapas son 100 mil, el narcotráfico está generado inestabilidad en otros estados en la medida en que grupos criminales buscan el control de las plazas.
“Hoy más que nunca los mexicanos debemos estar unidos al lado del gobierno en turno, ya no podemos ver si es el PRI, PAN, PRD, es el gobierno en turno al que tenemos que apoyar. No podemos pensar que se va a resolver el problema. Que se está enfrenando sin tomar medidas realmente duras, difíciles y no va a tomar ese riesgo muy alto con un costo político muy fuerte si no está respaldado por la sociedad, organizaciones empresariales, sociales.
En concreto Solana pide que al Presidente Peña Nieto y su gabinete “le digan que actúe, que use el poder que le hemos cedido como ciudadanos al Estado mexicano para que nos defienda, proteja las instituciones, el patrimonio que están dañando estos grupos subversivos. Sí es una cuestión delicada. ¡Urge que el gobierno actúe ya! Pero mientras no sienta suficiente cobijo o acompañamiento está dudando mucho en actuar.
“Ha habido una actuación muy, muy tibia, temerosa, como teniendo demasiado cuidado de la opinión pública; cuando este tipo de situaciones se resuelven con decisión, prontitud”.
Desde Concanaco y Servytur
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
— ¿Hasta dónde y en qué medida ha sido afectado el comercio en el sur del país?
“Es muy alto el daño, nosotros hemos estimado en Oaxaca es de casi 2 mil millones de pesos en daños. En Chiapas alrededor de mil 200 millones de pesos. Y así nos vamos, se excede arriba de 7 mil millones de peso que se han reportado en estos cuatro o cinco estados.
“Esto empezó hace varios años. El daño es gravísimo, la estadística del INEGI habla que los cuatro estados más pobres son estos cuatro, donde ha habido la mano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya que su labor de educación ha sido tan pobre que ahí están concentrado el mayor número de pobres de México, eso es lo que ha logrado la CNTE en 38 años de control de la educación en esos estados.
“Era urgente quitarlos de ahí y ahora se están defendiendo no por la Reforma Educativa que podría ser perfectible, ajustable, mejorable, lo que sea y los señores no quieren nada. Lo que quieren es regresar a sus cotos de poder. A su presupuesto, que es altísimo, de aproximadamente 6 mil millones de pesos para Oaxaca y obviamente por ese dinero hacen lo que sea.
— ¿Cuánto tiempo más podría sostenerse esta situación, y qué van a hacer los comerciantes locales?, se hablaba incluso de que los empresarios se estaban armando.
“Sí, ésa fue una declaración imprudente de Acapulco. En realidad lo que está haciendo la cámara de Acapulco es tramitar licencias de uso de armas de fuego para quien lo solicita. Le preguntaron cuántas se habían tramitado y dijo que 400.
“La nota nacional es que la Cámara de Comercio de Acapulco y sus empresas se están armando. Eso es falso, sí hay hombres que están solicitando un arma porque la inseguridad ya es fuerte en Acapulco, pero no se están armando como grupos ofensivos.
“Entonces son declaraciones imprudentes que afectan. Cada cámara es autónoma, no puedo decirle: no declares o no tramites tus permisos para licencias. Puedo aconsejar, recomendar, tendría que respetar la ley para entrar en un procedimiento en la cámara. Son autónomas, pero existe coordinación respecto a la directriz nacional”.
— ¿Cuál ha sido la estrategia que de sus agremiados en torno al tema de inseguridad?
“Creo que no es factible pensar en armar a la población. ¡Ésa es una barbaridad! Es el problema que estamos viviendo, que todo el mundo tiene un arma. Creo que se tiene que asegurar el estado de derecho por parte del gobierno federal. Hay una omisión brutal, terrible de los gobiernos estatales y municipales. Todo el sistema de procuración de justicia está roto, destruido, no puedo decir que todo está corrompido. Hay que cambiar toda la impartición de justicia desde los ministerios públicos. Es un trabajo colosal”.
Enrique Solana, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
— ¿Cómo afecta el problema de la inseguridad a nivel nacional al comercio?
“Hay una mezcla muy explosiva, lo que está sucediendo en Chiapas. Hay quien dice que la CNTE está siendo rebasada por grupos adentro que están operando y se están yendo de manera radical. Se dio en San Juan Chamula, incendios de unidades de turistas, quema de ropa, de sus enseres, maletas; la verdad es que estas cosas no pueden suceder. Son grupos dentro de la organización que están actuando de manera radicalizada, creo que hay movimientos guerrilleros, el EZLN. Hay una mezcla muy complicada.
“Y si luego le metemos a nivel nacional el problema del narcotráfico, se vuelve un tema muy grave para el gobierno. Tenemos en Guerrero una problemática seria de estabilidad, de seguridad por el problema de la lucha por la plaza del narco. Tamaulipas se está volviendo a desestabilizar cuando había entrado en cierto receso, ahora nuevamente empiezan los problemas.
“Probablemente fue un impasse que se da en un cambio de gobierno, no sé, pero ya empieza a haber problemas. El tema de gobernabilidad está complicado, por eso insisto en que es un momento donde tenemos que unirnos para que se tomen las medidas necesarias en beneficio de la sociedad”.
—En otro orden de ideas, en el caso de la Baja California se han presentado diversas medidas que han estrangulado la economía, una de ellas es la restricción con la importación de autos usados…
“Este tema es muy sentido porque una de las industrias más estratégicas para México es la automotriz. Genera muchos empleos y está generando la mayoría de las divisas que están entrando del sector no petrolero. Llevábamos desde 2002 que no se repetía una producción arriba de un millón de autos en un año en el mercado doméstico.
“El resto son 2 millones que se exportan aproximadamente, pero el gobierno mexicano ha tomado medidas mucho muy duras para proteger el mercado nacional. Estaban operando cinco jueces corruptos dando amparos y éstos invadieron a México de autos chatarra, entre cuatro y cinco millones de coches. Obviamente le pagaron a la fabricación de autos.
“Esto ha afectado al importador legal de autos en toda la frontera, donde se requieren los carros porque las distancias son largas. No se entiende uno el recorrido a Mexicali si no es en auto. No se lo imaginan en el centro. No entienden las distancias tan grandes que hay en algunos estados del norte.
“Hay una falta de sensibilidad por parte del gobierno federal y estamos batallando con ello. Ya logramos que se creara una mesa de trabajo donde se integre la industria automotriz, que participe la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos nuevos, nosotros con un representante de frontera y obviamente las secretarías de Hacienda, Economía y aduana para buscar un equilibrio entre la fabricación de autos, pero también para que toda la frontera importe sus requerimientos de autos usados. Hay que bajar el precio estimado, modificar el decreto hay que meterle mano a muchas cosas. Estamos trabajando en ello”.
— ¿Por qué el gobierno federal no ha querido darle una Zona Económica Especial a Baja California, cuando se requiere por la competitiva vecindad con California?
“Se la pedí al presidente en una comida de fin de año. Le dije: Señor Presidente, le pido aceptar una zona económica en la frontera, porque entiendo la problemática del intercambio comercial que se da en esta zona.
“El problema es que las zonas económicas especiales se entienden como zonas marginadas muy pobres, ahí se autoriza la constitución, se da la facultad de concesiones en impuestos para que lleguen empresas anclas y se generen cadenas de valor. Es un trabajo de años, no lo vamos a ver.
“Lo primero que tendría que haber es estabilidad política, orden y paz, es lo menos que hay en el sur; entonces creo que esas zonas económicas no se van a dar. En la frontera necesitamos algo distinto porque ya está todo. Se puede hacer rápidamente, manejar el factor política pública, el factor del tipo de cambio, impuestos para fomentar la actividad económica. Enfocarlo de una manera diferente.
“Ildefonso Guajardo decía que aquí no se necesita una zona economía especial, bueno no requiere la de Oaxaca, Chiapas y Michoacán pero sí requiere una especial para poder competir contra el mercado más grande del planeta. Simplemente es falta de sensibilidad para entender la problemática de esta zona”.
— ¿Qué le dijo el Presidente al respecto?
“No me contestó”.
—En el tema de las importaciones el gobierno federal habría sacado a la aduana de Tijuana como una de las más importantes a nivel nacional para importar productos y luego la regresó, igual pasó con la aplicación de aranceles a textiles y calzado. ¿Qué está pasando en el gobierno federal con estas medidas?
“Esto es muy lamentable. Me parece que están tratando de buscar la solución donde no se encuentra. El problema que se tiene a nivel de aduana me parece que es una altísima corrupción de todo el sistema donde hay una importación bárbara de contrabando. “Mercancía que no paga los impuestos correspondientes que se declara subvaluada o como un producto diferente, con objeto de tener muy buenas utilidades. Unos grupos muy importantes porque no son pequeños que están en todo el país.
“Se debe terminar el problema de la corrupción que azota a México y ahí nace la informalidad e impunidad. Esto ha provocado que vayan poniendo aduanas especiales para cada cosa para poder tenernos bajo un mayor control aparentemente. El problema es que se corrompen, llega a suceder que los agentes aduanales tienen temor de sus vidas, prefieren renunciar.
“Estamos viviendo una etapa crítica muy complicada y esperemos que encuentren por dónde resolver los problemas que están enfrentando”, finalizó.
Gustavo de Hoyos, al frente de Coparmex.
Denunciarán a la CNTE
Ante la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación y la CNTE lleguen a negociaciones irregulares, Concaco Servytur presentará dos acciones legales. Una, la denuncia de hechos contra la Coordinadora, aunque hasta el momento no saben si será contra algunos de los dirigentes de manera particular o toda la institución, lo cual ya analizan los abogados.
El presidente del organismo, Enrique Solana, explicó que “no sería una demanda colectiva porque nos podríamos ir años y dejaríamos embarcados a los empresarios en un proceso que con el tiempo pudiera haber costos y daños que reparar. Una denuncia por el lado penal se deja que siga curso, ya conoce usted cómo es de complicada la impartición de justicia en México”.
Agregó que debido a la complejidad del asunto, no se tiene una fecha exacta para presentar la denuncia, se espera que sean más de mil empresas las participantes, pues se debe actuar penalmente por los daños ocasionados.
Solana Sentíes externó que el otro tema es un amparo por la violación de los derechos humanos que se están cometiendo la CNTE contra la población y la región, la cual tentativamente será presentada el 17 de agosto, fecha en que el consejo empresarial estará reunido; a partir de que la autoridad tome conocimiento, tendrá que determinar en un periodo máximo de 72 horas la procedencia o no de dicha suspensión.
Respecto a las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido que van avanzando las negociaciones, dijo que las cosas no son tal, pues se está radicalizando la postura de la CNTE, se tiene tomada a la Ciudad de México y existen amenazas de tomar vías férreas.
“Las cosas no están tan fáciles. No queremos que negocien sin que la sociedad esté enterada de cosas que representen un retraso, sería un crimen que se hubiera perdido tanto por tan poco”, abundó Enrique Solana.
Entre las peticiones al gobierno federal está exentar el impuesto a la nómina y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como el pago de los derechos del IMSS e INFONAVIT durante el mismo periodo. Lo anterior, para conservar el empleo y hasta que no se regularice la situación que impera en la zona.
De no ser atendidos, empresarios de dichas localidades presentarán sus declaraciones de impuestos sobre nómina e ISR a partir del 17 de agosto, y podrían hacerlo en ceros e iniciar paros en sus empresas, pues no ha habido actividad económica alguna.
Asimismo, el martes 2 de agosto COPARMEX Nacional presentó una demanda de amparo ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación por los actos y omisiones de la autoridad federal, así como de autoridades estatales y municipales que han violado los derechos fundamentales de los mexicanos, reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales, por las acciones violentas que durante semanas ha protagonizado la CNTE.
El amparo fue radicado ante el Poder Judicial de la Federación, y turnado al Juzgado Décimo Primero en materia administrativa, a cargo del juez Agustín Tello. A decir por el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, en la demanda señalaron como responsables al Presidente de la República, al secretario de Gobernación, al de Educación Pública, al procurador General de la República, a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero; a los secretarios federales de estas entidades federativas y a los Congresos de estas demarcaciones, entre otras autoridades, al no evitar bloqueos carreteros, la paralización de puestos, privar el servicio de educación y el saqueo de establecimientos comerciales.
“En la demanda pedimos al juez solicitar un informe detallado a las autoridades por qué han omitido el cumplimiento de su obligación y, de encontrar el incumplimiento, los obligue a través de una sentencia judicial a una resolución de amparo para que cumplan con esa obligación. Es un juicio donde se están tutelando derechos colectivos. No estamos reclamando esto a nombre solo de los empresarios de la COPARMEX, sino de un interés difuso, es decir, por toda la colectividad que está afectada, entre ellos empresarios”.
El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana agregó que la demanda deberá ser formalmente recibida en un plazo de siete a diez días, en tanto que las autoridades responsables tendrán que informar al juez la razón de esas conductas omisas.
A partir de ese momento se darían las condiciones de qué tan pronto pueda resolverse el amparo.
“Esperamos que no se esperen a la sentencia, que con este llamado de atención se decidan a cumplir con su obligación; nada nos daría más gusto que desistirnos de la demanda de amparo porque no se requiere, porque (la autoridad) está cumpliendo con su obligación”, finalizó De Hoyos Walther.
