Este jueves, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, enviará al Congreso de su país el “Acuerdo final para la paz”, firmado por su gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la Habana, Cuba, tras 4 años de negociación, con el que se pone fin a 50 años de derramamiento de sangre y que ha dejado unos 300 mil muertos, 45 mil desaparecidos y casi 7 millones de desplazados internos, según cifras oficiales.
El proceso de paz incluye un cronograma para que los guerrilleros depongan las armas, establece una vía para que los excombatientes vuelvan a la vida civil y abre la puerta para su participación en política.
La finalidad del acuerdo [cuarto intento de paz entre el gobierno colombiano y las FARC), es “construir una paz estable y duradera”, tal como se asienta en el documento de 200 páginas, que irá a plebiscito popular el próximo 2 de octubre y que para su aprobación se requiere al menos de 4.4 millones de votos por el “Sí”.
Hasta entonces el Congreso colombiano podrá aprobar las leyes y reformas necesarias para los pactos, cuya implementación tardará en principio hasta 2018. Si se impone el “No”, el acuerdo tal como fue negociado no podrá ser llevado a la práctica.
El documento fue suscrito por el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y el representante de las FARC, Iván Márquez, quienes presidieron la ceremonia junto con el canciller cubano Bruno Rodríguez.
Los representantes de los países garantes de los diálogos de paz, Rodolfo Benítez, de Cuba, y Dag Nylander, de Noruega, leyeron el comunicado conjunto de las partes en conflicto sobre el acuerdo “final, integral y definitivo”, para la terminación del conflicto bélico más largo que ha ocurrido en América Latina.
El texto de más de 200 páginas, que será dado a conocer íntegramente este jueves, destaca que se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos.
“Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz”, se indica en el texto, que comenzó a trabajarse desde el 19 de noviembre de 2012, con Chile y Venezuela como naciones acompañantes.
El acuerdo enumera los seis acuerdos preliminares alcanzados durante los tres años, 10 meses y cinco días de negociaciones, referidos a reforma rural integral, participación política y apertura democrática, cese del fuego bilateral, dejación de las armas por la guerrilla y garantías de seguridad, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas del conflicto, así como los mecanismos de implementación y verificación.
REACCIONES DEL GOBIERNO Y DE LAS FARC
Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, De la Calle proclamó: hemos llegado a la meta, si bien dijo que este “no es un acuerdo perfecto, pero es el mejor acuerdo posible”.
“La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado, pero también hay un nuevo comienzo”, agregó el negociador del gobierno colombiano.
Por su parte, Márquez, negociador de las FARC, resaltó que ambas partes ganaron la más hermosa de todas las batallas, “la de la paz en Colombia”.
El guerrillero dijo que el acuerdo ha sido “una construcción dura, llena de dificultades, pero trabajada con el corazón, llena de amor por la patria […] esperamos alejar de manera definitiva el riesgo de que las armas se vuelvan contra la población”.
Minutos después, Santos anunció desde Bogotá que el acuerdo será sometido a votación el 2 de octubre. Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, tendrán voceros sin derecho a voto en el Congreso para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta 2018, año de comicios.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo mandato terminó en 2010, es reconocido por los logros militares que obligaron a que los guerrilleros se sentaran en la mesa de negociación. Actualmente, como senador, lidera la campaña en contra del acuerdo y dice que equivale a una injusta amnistía para las Farc.
CRONOGRAMA PARA LA PAZ
De aprobarse el plebiscito popular, a partir del 2018, las FARC pasarán a ser fuerza política y recibirán garantías legales y de seguridad para contender en elecciones, con una representación mínima asegurada por dos periodos si no logran los votos suficientes, explicó el mandatario.
Activo desde el año de 1964, el conflicto con las FARC estaba prácticamente detenido desde julio de 2015 cuando los rebeldes suspendieron unilateralmente sus acciones y el gobierno, en respuesta, interrumpió los bombardeos meses después.
El cese del fuego bilateral y definitivo empezará a regir una vez que entre en vigor el acuerdo de paz, aseguró Santos. Entonces, las FARC entregarán la lista completa de sus miembros, de unos 7 mil combatientes, quienes se concentrarán temporalmente en 23 zonas y ocho campamentos de Colombia, y dejarán las armas en un plazo de seis meses.
Todo esto se realizará con la verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la Organización de Naciones Unidas.
Además, los fusiles de las FARC serán fundidos y se levantarán tres monumentos.
Por otra parte, las víctimas del conflicto serán cobijadas por un sistema que buscará garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de que jamás volverán a sufrir violencia.
El esquema prevé la creación de tribunales especiales con un total de 48 magistrados –10 de ellos extranjeros–, que juzgarán a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en delitos graves como secuestro, violaciones sexuales, desplazamiento y reclutamiento de menores, entre otros.
Quienes confiesen su responsabilidad en este tipo de acciones podrán evitar la cárcel, de lo contrario pagarán condenas de ocho a 20 años.
Al final será la corte especial la que determinará la pena alternativa y la reparación, que en el caso de las FARC no está claro si lo harán con recursos propios. Sin embargo, se espera que la mayoría de guerrilleros sean amnistiados.
Además, se acordó un plan para la sustitución de narcocultivos en las zonas de influencia guerrillera, y los rebeldes se comprometieron a desvincularse de esa actividad.
Las autoridades seguirán combatiendo el narcotráfico, pero darán alternativas de sustento a los campesinos que acepten la sustitución voluntaria, y el consumo de drogas será tratado como problema de salud pública.
Según el gobierno colombiano, las FARC contarán con condiciones de seguridad para evitar que sus cuadros sean asesinados, como ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 con el asesinato en masa de dirigentes, militantes y simpatizantes de izquierda de la Unión Patriótica, partido que surgió del fallido proceso de paz de 1984.
-Con información de NYT, AFP, EFE y AP.
