La Comisión Permanente del Senado de la República presentó un dictamen para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) crear una fiscalía especializada en delitos electorales en cada estado de México.
A junio de 2016, casi la mitad de las entidades federativas cuentan con esta fiscalía especializada. Se trata de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El objetivo de la acción es garantizar la legalidad y transparencias en las elecciones federales, así como supervisar los recursos de los programas federales, para que no sean utilizados con fines políticos, informó el Senado a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con información proporcionada por la PGR a los legisladores, hasta el 7 de junio se reportaron 323 números de atención y 53 carpetas de investigación en 12 de las 14 entidades donde se desarrollaron comicios.
Mientras que en Tamaulipas y Baja California se tienen registradas 19 actas circunstanciadas y una averiguación previa.
Además, mediante el sistema de atención telefónica de la FEPADE, se registraron dos mil 97 llamadas telefónicas, de las cuales mil 684 son denuncias de posibles delitos electorales, 376 son de orientación, 30 quejas y siete sobre alguna consulta referente a la jornada electoral, señala uno de los documentos requeridos por el Senado para conocer el avance de las investigaciones por delitos electorales.
Sin embargo, la medición histórica de denuncias muestra el escaso trabajo de la FEPADE en entidades sin una fiscalía especializada a nivel estatal.
Por poner un ejemplo, en Baja California, desde 1997 hasta el 30 de abril de 2015, fueron presentadas apenas un total de 250 actas circunstanciadas, de las cuales 199 –un 79.6 por ciento– fueron interpuestas tan solo en el periodo electoral federal 2012. El resto de los años, se levantaron un promedio de tres actas por año.
Los números resultan todavía menos alentadores al comparar cuántas de estas actas transitaron a inicios de averiguaciones previas, ya que de 1994 al 30 de abril de 2015, hay un saldo total de 326 inicios.
Cifras más recientes, del domingo 5 de junio de 2016, el día de los comicios electorales estatales en el país, la FEPADE reportó haber realizado un total de mil 594 atenciones a la ciudadanía.
Además, la FEPADE –la cual se desprende de la Procuraduría General de la República–, reportó que durante 2015 se integraron mil 465 investigaciones previas en todo el país. No obstante, de este número solo 961 fueron consignadas ante un juez federal, con un total de mil 122 presuntos y 55 condenatorias. Mientras que la pena máxima por un delito electoral es de nueve años de prisión.
Ese año, la Fiscalía trabajó con un presupuesto de 152 millones 34 mil pesos, un incremento considerable respecto a años anteriores como 2008 en que la partida presupuestal fue de 108 millones de pesos.
