Fungió como sede de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, y se presumió un segundo lugar en gobernabilidad en el país, pero al sistema bajacaliforniano le resta la apertura de una cárcel ya construida desde hace tres años, que reduciría la sobrepoblación en los penales de la entidad, rubro en que el Estado ocupa el cuarto lugar.
Con la celebración en Tijuana del evento en mención -el lunes 1 de agosto-, encabezado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, coincidió un pronunciamiento del comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en México, Jan Jarab, sobre el estado del sistema penitenciario mexicano, en el que se resalta el hacinamiento y privación de los derechos de los recluidos, tanto sentenciados como procesados.
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Otro documento que ha dado cuenta del tema, es el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual ubica a Baja California como la cuarta entidad federativa con cárceles sobrepobladas.
Sales Heredia explicó que diagnósticos como éstos -y no la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera (11 de julio de 2015), como dijo cuándo se le preguntó- motivaron la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el trabajo para la creación de protocolos que homologuen el funcionamiento de los penales del país: de protección civil, de uso de la fuerza, de protección a visitantes, manejo de motines, de traslados, urgencias médicas, entre otros.
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Además, mencionó que el punto central de la Ley es la dignidad y los Derechos Humanos de los reclusos.
“El ejercicio de los derechos en prisión no puede darse si el centro penitenciario se encuentra en desorden, hacinado, o bajo el control de los delincuentes. Los derechos no existirán ni podrán ejercerse si no hay disciplina, la indispensable para controlar y dar seguimiento a las penas. Los derechos no existen si lo que predomina es la corrupción, y por eso entre todos debemos combatirla”, expresó Sales Heredia durante su estancia en Tijuana.
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Entre otras acciones que se buscan implementar, refirió un esquema de seguridad de “altos estándares”, certificaciones, un sistema de evaluación y aplicación de normatividad de reinserción de adolescentes.
No obstante, en Baja California la infraestructura de El Hongo III (junto al Hongo I y II integrarían el sistema penitenciario) que por sí sola ayudaría para una reubicación y diminución de la sobrepoblación de las penitenciarías de Tijuana y Mexicali, que anda en un 20 por ciento, tiene tres años -desde su inauguración- sin operar.
“El Hongo III es un inmueble muy importante al que le estamos dedicando los recursos necesarios. Y tendremos también con la Comisión Nacional de Seguridad, pues de alguna forma poder resolver los pocos pendientes que tenemos para que esta instalación empiece a funcionar y nos dé el 100”, dijo el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, al ser cuestionado.
David Limón Grijalva, subdirector del Sistema Estatal Penitenciario, aseguró que “el señor gobernador tiene toda la intención de habilitarlo”, pero que al igual que en los últimos años, falta personal para 150 plazas. Además, se requiere un presupuesto de entre 10 y 15 millones de pesos anuales.
Aunque dijo que el penal III de El Hongo “está habilitado para operar en cualquier momento”, no hay fecha para ello. Incluso declaró que el inmueble con capacidad de 700 internos, presenta deterioros.
“Claro, ya son alrededor de tres años en los que no se ha habilitado, obviamente hay algún deterioro muy menor, en el cual requiere mantenimiento que se realiza para que no decaiga, pero ya estamos en esa postura”.
La idea, recordó, es colocar a todos los internos sentenciados en los complejos de El Hongo I, II y III, para que los procesados estén en las penitenciarías de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
