Al perseguir a dos sospechosos de robar un vehículo, el 19 de julio del 2015, un policía municipal de Tijuana le disparó a un hombre, identificado como Juan Torres Ayala, que no estaba relacionado con el delito, causándole la muerte; además, uno de los involucrados acusó de tortura a oficiales que participaron en el operativo.
Tras los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California emitió la recomendación 8/2016 al Ayuntamiento, para que repare el daño y coadyuve en la investigación del crimen.
El documento señala que los policías “elaboraron un parte informativo no correspondiente a la realidad de cómo ocurrieron estos sucesos”, por lo que el organismo solicita al alcalde, Jorge Astiazarán Orcí, que tome acción contra los mismos.
Cerca de las 11 de la mañana del 19 de julio de 2015, dos policías perseguían a dos sospechosos de robar un vehículo en el Fraccionamiento El Soler, huyeron a la Avenida Internacional, donde patrullas los esperaban. Chocaron contra el muro que divide ambos sentidos, salieron del vehículo y escaparon a pie.
En ese momento, uno de los oficiales accionó su pistola tres veces contra una persona ajena al acontecimiento. El parte policiaco narra que el hoy occiso “portaba un artefacto bélico tipo pistola” con el que apuntó al agente, y al negarse a bajarlo, éste le propinó tres disparos en abdomen y un brazo. Fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tijuana, donde perdió la vida poco después.
Uno de los involucrados, contó a la CEDH que fue llevado “a un terreno baldío donde fue golpeado”, la misma persona dijo desconocer al hombre asesinado. Luego de la queja, el organismo vigilante de los derechos humanos en el Estado conformó el expediente CEDHBC/TIJ/602/15/1VG “por violaciones a los derechos humanos a la vida y a la seguridad jurídica”, y solicitó informes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
La recomendación, revisada por este semanario, detalla que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una Averiguación Previa por el delito de Homicidio Calificado, no obstante, por tratarse de un caso bajo investigación, la autoridad judicial se negó a brindar mayor información.
Entre los “puntos recomendatorios” a Astiazarán Orcí se incluye reparar el daño a las víctimas, informar a la Sindicatura Procuradora del caso, instruir en la utilización de videocámaras para documentar el actuar de la corporación, exhortar a los agentes a conformar partes policiacos apegados a la verdad, capacitar a los policías en materia de derechos humanos y colaborar con el Ministerio Público en la investigación.
Al ser cuestionado por ZETA, Astiazarán dijo desconocer si los policías acusados siguen en funciones y anotó que no tiene un plazo para responder a las solicitudes del organismo que encabeza Melba Adriana Olvera Rodríguez.
“Estamos a favor de la protección de los derechos humanos, y si bien es cierto sabemos el riesgo de los policías cuando andan en la calle, tienen que respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos”, dijo.
