Con la desincorporación de dos predios propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, inició la construcción del primer Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California, una de las cuatro entidades en el país donde todavía no existen estos centros de atención para víctimas de violencia.
En conferencia de prensa, el alcalde Jorge Astiazarán Orcí, la regidora Martha Rubio Ponce, la diputada Rosalba López Regalado y Elsa Jiménez, presidenta de Yeunany, A.C. y consultora de la Implementación de Centros de Justicia, la mañana de este lunes 22 de agosto, informaron sobre la construcción de las instalaciones, la cual en su primera etapa tiene contemplada una inversión de 13 millones de pesos.
Se espera que entre mediados y finales de 2017, la construcción de la primera etapa quede concluida, detalló el alcalde Jorge Astiazarán. El valor de los terrenos, ubicados en la colonia El Cortez de la delegación Sánchez Taboada, asciende a los 4 millones 600 mil pesos.
Desde 2010, los Centros de Justicia para las Mujeres forma parte de una de las políticas públicas que buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres. En palabras de la activista Elsa Jiménez, sirven para contrarrestar la impunidad a las cuales se enfrentan las mujeres víctimas de este delito.
La idea es que este Centro sea el primer lugar al que acuda una mujer que reporta una situación de violencia, por lo que contará con servicios de atención psicológica, jurídica y médica, albergues temporales, ludotecas con expertos en temas de desarrollo infantil y talleres de fortalecimiento social y económico.
Tan solo en Tijuana, explicó la regidora Martha Rubio, en un mes se reciben 4 mil 165 llamadas de reportes por violencia familiar a los números de emergencia. Esto convierte a la ciudad en el primer lugar del estado por violencia contra la mujer.
En diciembre de 2015, el Congreso de Baja California aprobó la ley que contempla la constitución de esta figura jurídica autónoma, pero que también contará con servicios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como con tribunales del Poder Judicial, detalló la diputada Rosalba López Regalado.
